¿Y qué opinará Felipe VI de los indultos?

Lejos de mí la intención de justificar el desliz de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando sugirió en una desafortunada frase que Felipe VI será cómplice de Pedro Sánchez si sanciona con su firma los anunciados indultos a los 12 condenados del 'procés'. Nada de eso.

Se trata de eludir las trampas de un debate que obliga a ver al Rey como una pieza inanimada del mecanismo constitucional

Se trata de eludir las trampas de un debate que obliga a ver al Rey solo como una pieza inanimada del mecanismo constitucional. Imperativo de obligado cumplimiento en cualquier actor de la vida pública, pero de difícil acomodo mental en un ciudadano de la calle, que también ve en Felipe VI a una persona que siente, padece y opina como cualquier hijo de vecino.

Ponerse estupendos recordando lo que dice la Constitución da para reafirmarse en el deber del Rey de sancionar las decisiones del poder ejecutivo, pero no para sostener que el Rey está de acuerdo con todo lo que firma. ¿Quién no se pregunta por lo que Felipe VI opinará en su fuero interno sobre la conveniencia o inconveniencia de perdonar el total cumplimiento de la pena a los condenados del 'procés'?

En algunos casos, la respuesta a esa pregunta nos llevará a la fundada sospecha de que el Rey puede estar incómodo con la decisión del Gobierno, por muy cargada de legalidad que esté, que lo está. Entonces sería legalmente herético hacerle cómplice de la misma. Ese fue el desliz de Ayuso. Pero el debate no se detiene en la letra del mandato que exime de responsabilidad política al jefe del Estado en una monarquía parlamentaria. El fuero público no aplasta el fuero interno de don Felipe de Borbón y Grecia. Es metafísicamente imposible.

El pecado de Díaz Ayuso fue doble. Puso en duda el compromiso de Felipe VI con un formalismo constitucional: firmar lo que le pone delante el Gobierno. Por otra parte, mezcló de forma temeraria al Rey en la lucha política, algo que tiene vedado por su deber de neutralidad, como la propia Casa del Rey ha vuelto a recordarnos a todos.

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P. Esteban

Ayuso olvidó su condición de gobernante y pensó como cualquier ciudadano. En ese sentido, yo no diría que ha rectificado. Se ha explicado mejor. Aunque niega una presunta complicidad del Rey en la decisión de Sánchez, no deja de sugerir que, más allá de cumplimentar un acto administrativo perfectamente tasado en la Constitución (artículo 62), la medida no va a colmar de orgullo y satisfacción a Felipe VI.

Me parece legítimo y sobre todo inevitable que, amén de rendirse a la formalidad y el compromiso del monarca con sus deberes constitucionales, la gente se haga preguntas sobre la verosimilitud de la sospecha aireada por Ayuso sobre la presunta incomodidad del Rey ante una decisión del Gobierno que está obligado a ratificar en el Boletín Oficial del Estado.

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Los que aplaudimos con las orejas el discurso del 3-O tenemos un problema si arremetemos contra Ayuso por atribuir al Rey una opinión contraria a los indultos. ¿Cómo olvidar que Felipe VI acusó a los que ahora van a ser indultados de “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” y de haberse situado “al margen del derecho y de la democracia”?

Solo los independentistas catalanes denunciaron lo que en su perspectiva había sido una pérdida de neutralidad. Cuatro años después, siguen discrepando de quienes creímos y creemos que aquella presunta perdida de neutralidad fue por una buena causa, justamente la defensa del orden constitucional, que era objeto de la amenaza secesionista. Hizo lo que tenía que hacer. Y no se quedó en tierra de nadie entre quienes atacaban el orden constitucional y quienes lo defendían. Tuvo muy claro cuál era su bando, pero no hubo neutralidad. Afortunadamente.