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Los deméritos de un emérito en la picota
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Antonio Casado

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Los deméritos de un emérito en la picota

La Fiscalía nos propone la imagen de un vulgar comisionista. Pero la aportación del rey Juan Carlos al advenimiento de la democracia es ya una página imborrable de la historia

Foto: El rey Juan Carlos, en una foto de archivo. (Reuters: Daniel Ochoa de Olza)
El rey Juan Carlos, en una foto de archivo. (Reuters: Daniel Ochoa de Olza)

Lo dice por enésima vez el presidente del Gobierno (entrevista a Pedro Sánchez en 'El País') y tiene razón: “Aquí no se está juzgando a una institución; se puede estar juzgando en debate público a una persona”. La reprochable conducta personal del llamado Rey emérito no justifica los histriónicos ataques de los Rufián, Puigdemont, Echenique, Colau y por ahí contra la monarquía (en realidad, contra el Estado que quieren reventar), ahora representada de forma constitucionalmente impecable por Felipe VI.

También es imperativo político y moral distinguir entre el papel histórico de don Juan Carlos de Borbón en el advenimiento de la democracia y su comportamiento presuntamente delictivo, según los indicios expuestos por la Fiscalía en la comisión rogatoria enviada a Suiza el 24 de febrero (solicitud de ayuda de la Justicia helvética para enriquecer los procesos indagatorios abiertos en España), que es la más reciente piedra de escándalo conocida en el horizonte judicial del emérito.
Vamos por partes:

El contenido de la comisión rogatoria, desvelado por 'El Mundo' la semana pasada, nos propone la imagen de un vulgar comisionista que se enriqueció violando la ley desde la más alta magistratura del Estado. La presunción de inocencia es una formalidad judicial que no impide las consideraciones morales. No solo las que afectan a la conducta personal del que fue rey de España. Aquí hemos de incluir la exigencia de que la Justicia aplique el principio de igualdad ante la ley no obstruido por el aforamiento del personaje.

La Fiscalía y la Agencia Tributaria se han convertido en los indicadores de la credibilidad del Estado de derecho

En ese sentido, la Fiscalía (¿puede probar lo que detecta indiciariamente?) y la Agencia Tributaria (¿son suficientes y veraces las dos regulaciones formalizadas hasta la fecha?) se han convertido en los indicadores de la credibilidad del Estado de derecho ante la conducta presuntamente delictiva de don Juan Carlos de Borbón posterior a la pérdida de su inviolabilidad (abdicación en junio de 2014). La credibilidad no vendrá inevitablemente asociada al paso por el banquillo del Tribunal Supremo sino al rigor de las actuaciones que han de desembocar en el procesamiento, el archivo de las actuaciones o la apertura de nuevas líneas de investigación.

Ocurra lo que ocurra —y vamos ya con la figura histórica—, es inatacable la decisiva aportación del rey Juan Carlos a la transición relativamente apacible de la dictadura a la democracia. Algo que no hubiera sido posible si, con la valiosa colaboración de personajes del 'régimen' como Suárez, Martín Villa, Fraga, Miguel Primo de Rivera, etc., no hubiera apadrinado la apertura de puertas del franquismo desde dentro.

La recuperación de las libertades después de Franco fue posible porque el Rey abrió desde dentro las puertas del franquismo

Quienes con escaso éxito aprovechan el poco ejemplar comportamiento del emérito para cargar contra la institución monárquica sostienen que el mérito no fue del Rey sino de un pueblo español sediento de libertades.

Pero véase lo ocurrido el 23 de febrero de 1981, cuando las libertades volvieron a estar seriamente amenazadas. Que el buen pueblo español se confinó a verlas venir hasta que el Rey logró poner firmes a los capitanes generales. Tal vez los indetectables conductores de masas, líderes tan preclaros como Iglesias, Rufián, Torra, Echenique o Assens, no hubieran necesitado a un Rey para sofocar el golpe y volver a la democracia. Puede ser, pero lo dudo.

Lo dice por enésima vez el presidente del Gobierno (entrevista a Pedro Sánchez en 'El País') y tiene razón: “Aquí no se está juzgando a una institución; se puede estar juzgando en debate público a una persona”. La reprochable conducta personal del llamado Rey emérito no justifica los histriónicos ataques de los Rufián, Puigdemont, Echenique, Colau y por ahí contra la monarquía (en realidad, contra el Estado que quieren reventar), ahora representada de forma constitucionalmente impecable por Felipe VI.

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