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Arnaldo y Elorza desvisten al TC
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Antonio Casado

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Arnaldo y Elorza desvisten al TC

El PSOE apeló a la razón de Estado al permitir que el “acreditado sectarismo” se impusiera a la “acreditada neutralidad” como credencial de acceso al alto tribunal

Foto: El diputado del PSOE, Odón Elorza. (EFE/Mariscal)
El diputado del PSOE, Odón Elorza. (EFE/Mariscal)

Remitirse al mandato democrático de renovar cuanto antes las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, por una “razón de Estado”, según el propio Pedro Sánchez, pero hacerlo como se ha hecho en este caso es tomar el nombre del Estado en vano. Un “escándalo público” (así lo ha calificado la corriente Izquierda Socialista dentro del PSOE), achacable conjuntamente al partido que gobierna y el que aspira a gobernar.

El método que los obliga a ponerse de acuerdo en la cobertura de los puestos institucionales es lógico y teóricamente bueno porque aporta centralidad al sistema, pero a partir de una neutralidad o vocación de neutralidad acreditada en el historial del candidato. En el bien entendido de que una cosa es la afinidad ideológica y otra el acreditado sectarismo, como el caso de Enrique Arnaldo, furibundo antisocialista, que ha sido piedra de escándalo durante la semana que termina.

Al PSOE no le ha importado aupar a una persona tan connotada por la parcialidad y los prejuicios políticos. Y lo curioso es que quien lo ha puesto en evidencia, desvistiendo así al propio TC, ha sido un diputado socialista.

El obligado consenso PSOE-PP aporta centralidad al sistema, pero a partir de una vocación de neutralidad en el historial del candidato

Sin embargo, ni el nuevo magistrado a propuesta del PP, ni el diputado socialista, Odón Elorza, que rompió la disciplina de voto frente a la conformidad de su grupo, tienen la culpa del golpe asestado al alto tribunal el jueves pasado en el Congreso. Arnaldo y Elorza solo pasaban por allí y les tocó ser testigos de cargo, como los chivatos del coche cuya luz roja te advierte de una avería en el motor.

La parte averiada es un intangible no expresamente señalado en la normativa legal. Me refiero a la voluntad política de convertir en miembros del TC a hombres o mujeres de neutralidad contrastada entre “juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional” (“magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados”).

El "voto en conciencia" de Elorza fue un acto de reafirmación individual que no alteró la aritmética requerida para aupar a Arnaldo

Es el supuesto propósito de los partidos llamados a lograr la idoneidad y la preceptiva mayoría parlamentaria del aspirante. Y, si un aspirante de afinidad descarada a uno de ellos supera los dos filtros, estamos ante una avería del sistema que es más grave de lo que parece.

En la votación del jueves en el Congreso, el diputado Elorza no secundó el pacto previamente cocinado por Bolaños y García Egea, el ministro de la Presidencia y el secretario general del PP, respectivamente. La muy aireada insumisión del exalcalde de San Sebastián, con fama de “verso libre”, puso en evidencia un claro abuso del bipartidismo, pero no sirvió para que al PSOE y al PP se les cayera la cara de vergüenza.

El “voto en conciencia” cursó como estéril acto de reafirmación individual (¡mecachis, qué independiente soy!) que no alteró la aritmética requerida para convertir en miembro del TC a Enrique Arnaldo, un hombre de “acreditada afinidad” al PP, con los votos del PSOE. Dos gallos de pelea en el hemiciclo que se entienden sin problema cuando se trata de repartirse el poder y los sillones de las instituciones del Estado en ventajistas políticas de vuelo corto.

Que luego nadie se rasgue las vestiduras por la creciente y muy justificada desafección de la ciudadanía con la clase política y su responsabilidad en el desprestigio de las instituciones.

Remitirse al mandato democrático de renovar cuanto antes las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, por una “razón de Estado”, según el propio Pedro Sánchez, pero hacerlo como se ha hecho en este caso es tomar el nombre del Estado en vano. Un “escándalo público” (así lo ha calificado la corriente Izquierda Socialista dentro del PSOE), achacable conjuntamente al partido que gobierna y el que aspira a gobernar.

Pedro Sánchez
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