Griñán: pena de cárcel para un hombre bueno

“La indolencia general es la primera causa de la inmoralidad pública”, escribió Lucas Mallada en su famoso estudio sobre 'Los males de la patria' a finales del siglo XIX. Y por la indolencia se coló el clientelismo. Dos formas de hacer trampas, dos malas prácticas en la tarea del gobernante. Objetivamente considerado, en eso consistió el judicializado escándalo de los ERE durante el reinado socialista en Andalucía.

Uso arbitrario, ventajista y clientelar del poder. Se trataba de echar una mano a empresas y trabajadores en apuros, pero con decisiones ilegales: las famosas 'transferencias de financiación', ideadas para eludir el control administrativo. El sistema quiso ser tan ágil que acabó siendo fraudulento.

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Así fue como aquel escándalo arruinó la imagen y la carrera de dos presidentes consecutivos de la Junta: Manuel Chaves y José Antonio Griñán (periodo 1990-2013). Su pecado pudo ser la desidia. No la rapiña como engorde del patrimonio personal a cuenta del dinero público.

De ahí la controversia jurídica sobre el concepto de 'malversación de riesgo' en el caso de Griñán. Aunque no se apropiase de fondos públicos, tampoco habría actuado frente a la malversación de terceros. Un tipo penal “inexistente”, según su abogado y, a la espera de conocer el texto completo de la resolución publicada este martes, según las dos magistradas discrepantes de la resolución final del Tribunal Supremo.

"Los españoles están ante dos formas corruptas de jugar con trampas en política: financiación ilegal en el PP y clientelismo en el PSOE andaluz"

En resumen, cárcel para este e inhabilitación para Chaves. O sea, que continúa el vía crucis personal y familiar de José Antonio Griñán (Madrid, 1946). Un hombre bueno que sale perdiendo en el tanteo tres a dos de los cinco magistrados del TS. El resultado confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y lo condena a pasar seis años entre rejas por malversación y prevaricación, si antes no lo remedia el Tribunal Constitucional. O si, en última instancia (ya en el ámbito político), no lo indulta el Gobierno de la nación.

Son los restos de este largo, penoso e hiperpolitizado proceso judicial que fue ramificándose a partir del caso Mercasevilla (2009, un chanchullo de dos codiciosos directivos de esta empresa pública). Pero su politización no cesa. Las primeras reacciones en el seno del PP apuntan a la reciprocidad por cuenta de la corrupción. Recuérdese que fue la causa de la caída de Rajoy en la moción de censura del PSOE.

Feijóo y sus barones piden a Sánchez que tome decisiones, exija responsabilidades y pida perdón. Lógico. Al fin y al cabo, los españoles están ante dos formas corruptas de jugar con trampas en política: financiación ilegal en el PP (Gürtel) y clientelismo en el PSOE andaluz.

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Lo positivo es que se cumple sin reparar en la condición o el rango político de los afectados. A partir de ahí, las varas de medir serán inevitablemente diferentes. El rasero nunca será el mismo. Y el umbral de exigencia propio será siempre muy inferior al del adversario.

En la lógica del PP, si Rajoy cayó por un caso de corrupción, Sánchez también debería caer por otro, aunque no creo que en Génova apuren el argumento, convencidos de que las urnas van a estar de su parte. Pero choca con la lógica del PSOE que, naturalmente, se ha apresurado a explicar que el caso de los ERE no está en el pasado del actual presidente del Gobierno y líder socialista.