Lo que esconde el caso del fiscal García Ortiz

Si remontamos el debate sobre si el fiscal general del Estado debe o no debe dimitir por estar imputado ante el Tribunal Supremo, toparemos con un problema de mayor cuantía: la colisión del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por cuenta de la Ley de Amnistía a los golpistas del 1 de octubre de 2017. El conflicto hunde sus raíces en la desautorización del tribunal que metió en la cárcel a los líderes del "procés". El mismo que ahora imputa por unanimidad a García Ortiz.

Esa carga explosiva venía alojada en el borrado de la sedición y la subsiguiente ley de amnistía, cuestionada por el Supremo ante el Constitucional. Ahora la fiscalía general del Estado, que juega en el mismo equipo que el Gobierno, paga su alineamiento en la captación de los escaños de ERC y JxC para la continuidad de Sánchez en la Moncloa.

Palabras mayores, digo. Sostengo que quienes nos rasgamos las vestiduras por el arropamiento del Gobierno al fiscal general nos perdemos en lo menor y olvidamos lo mayor. Lo mayor es el generalizado proceso de deterioro institucional que afecta a las cuadernas de la nave del Estado. Las señales se multiplican. No pasa un solo día sin señales cada vez más alarmantes de esta patología. La última, ayer mismo, el sartenazo judicial al presidente Sánchez por uso indebido de la Abogacía del Estado contra un juez que hace su trabajo.

¿Acaso no es ya un lugar común lo de "colonización" de las instituciones en favor de un partido o, si me apuran, en favor de una persona que a su vez confisca a ese partido en beneficio propio por supresión de la democracia interna?

El cisma de la Fiscalía está servido sin saber dónde está la secta y dónde la iglesia, en una institución jerarquizada y con unidad de criterio

No otra cosa puede inferirse del daño reputacional causado a la Fiscalía por el hecho sin precedentes de que su jefe máximo esté siendo investigado por el TS en relación con un supuesto delito de revelación de secretos, después de chapotear en una barriobajera reyerta partidista a favor de uno de los bandos (Sánchez contra Ayuso, Ayuso contra Sánchez).

Los desperfectos en la imagen de la institución promotora de la justicia en defensa de la legalidad motivan a quienes piden la dimisión de puertas adentro (Junta de Fiscales y Consejo Fiscal). Daño equiparable al que se detecta en el funcionamiento del Congreso, el CGPJ, el Banco de España, el CIS, RTVE, etc. O en el propio Gobierno de la Nación, cuya garantía de estabilidad se externaliza en los enemigos de la Nación, hace de la mentira su medio de supervivencia y ha incubado el crecimiento de una trama corrupta a los pies de su presidente.

En todo ese cuadro solo es un trazo más la irresistible ascensión de García Ortiz al vértice de la jerarquizada pirámide de la Fiscalía tras las elecciones generales de 2023. Su idoneidad estuvo discutida desde el principio. Y desde el principio también él se declaró "continuista" de la labor de su antecesora y amiga, Dolores Delgado, que antes que fiscal general (2020-2022) había sido ministra de Sánchez (2018-2020).

Desde el principio también él se declaró "continuista" de la labor de su antecesora y amiga, Dolores Delgado, que antes había sido ministra

Las mencionadas élites de la Fiscalía se dividieron este jueves sobre la demanda de dimisión de García Ortiz. El cisma está servido sin que esté claro dónde está la secta y dónde está la iglesia. No es lo mejor para una institución basada en la dependencia jerárquica y la unidad de criterio. Da igual. Esos pareceres (nada de votaciones, ojo) no son vinculantes. Ortiz no tiene la menor intención de cesar a petición propia. Y tampoco hay noticia de que el Gobierno quiera indicarle la salida porque es de los suyos (las apariencias no engañan en este caso).

Solo podría tumbarle una eventual condena del TS si se prueba que ha actuado fuera de la ley (artículo 417 del Código Penal). Y si eso ocurre, difícilmente ocurriría antes de su cancelación consecuente con la del Gobierno que lo nombró.