Domingo 30 feb 2014, 17.14h. Fecha imaginaria para una consulta imaginaria

Los promotores del supuesto derecho a decidir desgajarse de España continúan alentando a seguidores, alborotadores e incautos inflando las posibilidades de una consulta pacífica y legal en 2014 a la que seguiría la constitución de un próspero Estado dentro de Europa. Rajoy podría haberle dicho  al  emperador-president que  lleva  junto a buena parte de su corte  una larga temporada en cueros. Pero resultaría violento. En su lugar, ha decidido explorar con el beneplácito del mundo financiero y empresarial catalán, su sociedad civil y los creadores de opinión subvencionada el diálogo bilateral sobre las posibilidades resultantes de multiplicar cero por cero.

La indolencia de Rajoy, conocida en su entorno como sabio manejo de los tiempos,  alcanza cotas propias de los personajes caricaturizados por el escritor egipcio Albert Cossery, maestro en el elogio de la pereza. Ha tardado dos meses en responder a Mas que no ve conveniente que separe a Cataluña de España. Una reacción tan diligente como la de  García-Margallo, quien, pese a retorcer heroicamente el brazo a los embajadores de las potencias Letonia y Lituania obligándoles a matizar sus palabras comprensivas con la separación, no ha sido capaz de conseguir una declaración de Merkel o de Hollande que completen las manifestaciones del comisario Almunia. A saber: un territorio escindido de un estado europeo no pertenece a Europa. A lo mejor consigue ser reconocido como estado… "pero no será un Estado miembro de la UE porque mi país, junto a otros, votará en contra en caso de que solicite su ingreso¨. La partida terminaría justo ahí.  En lugar de ello, Margallo ha hecho feliz al entorno independentista  erigiéndose desde la cartera de Exteriores en su interlocutor y ensalzando su estrategia, organización y eficacia, superior a la española en este asunto, podría haber añadido.

Como de lo que se trata es de reivindicar el auténtico derecho a perder el tiempo y el dinero, podríamos acordar una consulta demoscópica y legal a través del mando a distancia de TV3 en los hogares, o una encuesta a cargo del Instituto Catalán de Estadística con la muestra ampliada a millones de votantes o un solemne referéndum, a las 17 horas y 14 minutos en punto del próximo 30 febrero de 2014, que de existir caería en domingo. Realizar una pregunta imaginaria en un día imaginario tal vez sea legal y desde luego resolvería algunos problemas a Rajoy y a Mas. ¿Para qué crear un Estado si hemos parido ya un universo paralelo? Por tan prometedora vía parece avanzar el  Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que basa su aspiración en la legitimidad de Cataluña como nación, argucia descriptiva que, pese a ir de tapadillo en el preámbulo del Estatut, ya fue neutralizada por el TC.  Si queríamos que la consulta fuera legal, empezamos bien.

El Ayuntamiento de Tarragona (entre otros) ya ha votado dos veces en contra de sendas mociones promovidas por CiU por tal supuesto derecho. ¿Tiene legitimidad democrática Tarragona? ¿Tienen o no los tarraconenses derecho a decidir?

La consulta no va a celebrarse por más que sus partidarios digan que es inaplazable. Tal vez por eso Rajoy no se ha empleado a fondo y ha dejado pasar la enésima provocación realizada desde la flotilla de Audis, cuyo asiento trasero ocupa, como gang  rebelde con acné, el alto funcionariado catalán. Los problemas que ocasionaría a ambos lados del Ebro no han sido ni previstos ni estudiados, ni forman parte de ninguna cartografía política, ni por supuesto alteran al despreocupado clon del president, el portavoz Homs, que ya ha explicado que irán viendo los problemas según se presenten, pues carecen de manual. Problemas que no tienen que ver con que se exporte longaniza o no se beba cava. Antes de llegar a la realidad de  un país deficitario y endeudado, gobernado por irresponsables y sin crédito (hoy sólo presta dinero España), a  un país y a un sistema financiero fuera de la UE y por tanto con sus depósitos bancarios no garantizados (que tardarían segundos en emigrar), nos enfrentaríamos a una fractura social interna que ridiculizaría la tensión actual.

Nuevas voces ante el supuesto derecho a decidir

Fraccionar la soberanía nacional tendría repercusiones. Y no sólo en el País Vasco, que se apuntaría a su propia vía, o en Madrid, que vería engordada su factura impositiva. CiU siempre ha estado cómoda -como el socialista del chiste, "lo mío es mío y lo tuyo de los dos" - aprovechándose del extraño sistema parlamentario español que le permite influir en España fijando, pongamos por caso, el sueldo a los guardias civiles cuidándose mucho de que el Parlamento español no opine sobre el salario de los mossos.

El nuevo statu quo de Cataluña como depositaria de soberanía para decidir conferiría   -supongo- la misma condición al conjunto de españoles no catalanes, que pasarían a tener, también, personalidad jurídica o derecho a decidir sobre España, aun cuando Cataluña decidiera no separarse. Los Españoles Por la Independencia de Cataluña de Camuñas abundan en esta vía desde una plataforma cuyos esfuerzos de divulgación aparentemente son saboteados por manos negras. Sabemos lo que haría Cataluña si una mayoría de españoles quisiera recortar competencias autonómicas, pero ¿y si pidiera su independencia? Hay quien puede pensar que  sería la única manera de que Madrid ganara los JJOO de 2024 como capital de un estado que nunca los ha albergado… Blanco y (en) Botella, admitirían esta vez los resabiados miembros del COI, con el inefable jeque Cigala en cabeza.

La vía ensayada desde Tarragona por Alejandro Fernández (PP) reivindica el derecho a quedarse en España, nutriendo el discurso intelectual contra el supuesto derecho a decidir. Fernández ha apurado la lógica tramposa que sustenta el derecho democrático a decidir para demostrar por reducción al absurdo en una carta a Artur Mas que Cataluña no es un solo pueblo, premisa desde la que el president erige su castillo de naipes. El Ayuntamiento de Tarragona (entre otros) ya ha votado dos veces en contra de sendas mociones promovidas por CiU por tal supuesto derecho. ¿Tiene legitimidad democrática Tarragona? ¿Tienen o no  los tarraconenses derecho a decidir? ¿Por qué no escucharlos? ¿Admitiría Artur Mas una consulta en la provincia de Tarragona para saber si sus ciudadanos desean apearse de su proyecto secesionista?  

Cuando el president  acuse recibo,  sería también interesante conocer su visión sobre el derecho a decidir de los Países Catalanes, incluyendo a las islas Baleares y a Valencia y que son los auténticos depositarios -en la lógica nacionalista- de cualquier legitimidad como pueblo en función de su historia, su cultura y su lengua.  Obviamente, a Mas le interesa invocar sólo un trozo de la Constitución para aprovecharse de la estructura administrativa que controla. El resultado de la votación en la Cataluña histórica oscilaría entre la indiferencia de la alta abstención y tal desprecio a las tesis secesionistas que sería a Rajoy a quien interesaría promoverlo. Completando el razonamiento de Fernández, y respetando el subidón constitucionalista del president,  la legitimidad democrática de una provincia como parte de Cataluña no es menor que la de esta comunidad autónoma como parte de los Países Catalanes.

No habrá consulta, pero sí que hay un problema, provocado y creciente, cuya solución tiene que ver poco con la democracia. Una comunidad no puede votar para no pagar impuestos, para conducir a 200 kilómetros por hora por sus carreteras, para realizar una guerra química con el vecino, o para irse. Ya que Rajoy no sabe o no puede explicarlo, haría bien en empezar a trabajar por contener la hemorragia pidiendo un favor a quien manda en Europa para que lo expliquen bien clarito por él.