La república inexistente de Puigdemont
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Vicente Vallés

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La república inexistente de Puigdemont

Un efervescente diputado independentista bramó que "¡prefiero un 'president' resistente en el exilio, que un 'president' rendido en Barcelona!"

Foto: El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. (Reuters)
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. (Reuters)

El 25 de octubre de 2017, tres semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre, el presidente Carles Puigdemont convocó a las cabezas visibles del independentismo en el Palau de la Generalitat. Unos días antes había proclamado la república catalana, aunque la dejó en suspenso pocos segundos después. Fue un estado soberano 'interruptus'. Un vodevil. En un efímero vestigio de vida inteligente, Puigdemont mostró su disposición a convocar elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, como consecuencia, impedir que el Gobierno de Rajoy asumiera los poderes de la autonomía catalana.

Santi Vila —consejero de Puigdemont, amigo personal (al menos, entonces) del 'president', y condenado por desobediencia— rememora aquellos eventos en su libro 'De héroes y traidores'. Cuenta Vila que Puigdemont inició la reunión con una "exposición lúcida y vehemente", en la que abogaba por convocar elecciones porque, según dijo, "no me veo siendo un presidente virtual, de un país virtual", y "me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente". Por el contrario, un efervescente diputado independentista bramó que "¡prefiero un 'president' resistente en el exilio, que un 'president' rendido en Barcelona!". Puigdemont no convocó elecciones porque ya le acusaron de traidor solo por no descartar esa posibilidad, Rajoy aplicó el 155 y el destituido presidente autonómico se fugó a Bélgica. Acertó el efervescente diputado independentista: Puigdemont se dedica a resistir, repartiendo tarjetas de una república inexistente.

Foto: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la reunión mantenida este pasado martes con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. (EFE)

La noche de este jueves, las autoridades italianas detuvieron al prófugo en Cerdeña. Con un criterio generoso, y un alto grado de candidez, se podría pensar que el presidente del Gobierno habría recuperado súbitamente la voluntad expresada ante los españoles en el debate previo a las elecciones de 2019: "Me comprometo hoy y aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española". Pero si eso llega a ocurrir algún día, no será por la tarea del Ejecutivo, porque tal cosa solo depende de las autoridades judiciales, y ni siquiera de las españolas. Por tanto, no parece que este sea el motivo de la fugaz detención en Italia. Y existen aún menos motivos para defender esa tesis naif si revisamos aquel debate electoral al completo y recordamos otras promesas: la de controlar la escuela catalana para educar a los niños en valores constitucionales, y la de modificar la ley general audiovisual para acabar con lo que Pedro Sánchez describió entonces como "el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo catalán en el caso de TV3". No solo no ha ocurrido nada de esto, sino que nunca más se ha hablado de ello.

El pasado 1 de septiembre, el diario 'La Vanguardia' publicó un artículo titulado "No sin Puigdemont". Era un alegato de un sector de la elite catalana para forzar a Sánchez a conceder victorias al independentismo, a cambio de una supuesta "solución al conflicto" cuyas características nunca se explicitan. Porque se ignora qué solución puede haber si la reivindicación inamovible del soberanismo es la autodeterminación, y eso es inconstitucional. Pero, desde el diario de referencia de la burguesía catalana, se advertía al presidente de que "no puede haber solución al conflicto en Cataluña si no se le encuentra una salida al futuro de Puigdemont". Después del pintoresco episodio de Cerdeña, el diario se ha reafirmado en esta tesis: pretende que se haga lo necesario para que Puigdemont vuelva a Cataluña, sometiéndose poco o nada a la justicia. Se podría contraargumentar que no habrá arreglo posible si se hace una excepción con Puigdemont, y no se somete al dictado de los tribunales como un ciudadano más.

Foto: puigdemon

Hace pocos meses, el Gobierno indultó a los responsables del 'procés'. También anunció que se reformaría el delito de sedición para rebajar su impacto y como consecuencia —no reconocida pero evidente— facilitar la vuelta de Puigdemont a España a medio plazo. La idea fue instalada en un congelador este verano, y aún no se ha procedido a descongelarla. Será porque tanto al Palacio de la Moncloa como al Palau de la Generalitat les conviene mantener el actual 'statu quo': Puigdemont libre, pero lejos de Cataluña. A unos y a otros les aterroriza la posibilidad de que acabe en España —ya sea en libertad o en una celda—, porque ese escenario situaría la mesa de negociación ante un precipicio, y obligaría a los dirigentes de Esquerra a hacerse 'groupies' del prófugo para no parecer traidores.

¿Indultaría Sánchez a Puigdemont cuando hubieran pasado unos meses y se acercaran las elecciones? ¿Sobreviviría el Gobierno de coalición si Esquerra se fanatizara para no desentonar con el independentismo más sísmico? De momento, Puigdemont ha recuperado protagonismo y lo utilizará para estorbar. Pero, por ahora, se tendrá que conformar, según sus propias palabras, con ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente.

El 25 de octubre de 2017, tres semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre, el presidente Carles Puigdemont convocó a las cabezas visibles del independentismo en el Palau de la Generalitat. Unos días antes había proclamado la república catalana, aunque la dejó en suspenso pocos segundos después. Fue un estado soberano 'interruptus'. Un vodevil. En un efímero vestigio de vida inteligente, Puigdemont mostró su disposición a convocar elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, como consecuencia, impedir que el Gobierno de Rajoy asumiera los poderes de la autonomía catalana.

Carles Puigdemont Pedro Sánchez