Brexit, elecciones y publicidad engañosa

"Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre: a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio; b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución…".

Para cualquier observador informado sobre la realidad de la Unión Europea, y conocedor de cómo funcionan las relaciones comerciales internacionales, este artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal de 2009 resultaría perfectamente aplicable a lo vivido en el Reino Unido en estos últimos unos años. Es interesante que la Ley detalla también que "se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado".

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Celia Maza. Londres

Cuidado: de la lectura de estos textos legales, aplicables en toda Europa, también en Reino Unido en virtud de una Directiva europea, nadie deduce que el legislador está de alguna forma despreciando la inteligencia del "consumidor medio", ni llamándole idiota en el BOE, ni despreciando su soberana libertad para comprar o contratar los servicios que le dé la gana. No. Simplemente, y prácticamente con unánime apoyo a derecha e izquierda del arco político, entre todos hemos estimado legítimo y necesario que el Estado sancione a quien empuje al consumidor a decisiones libres, adoptadas sin coacción ni violencia, pero que por basarse en información falsa le pueden llevar "a tomar una decisión que de otro modo no hubiera tomado".

Es interesante aclarar que, con la Ley en la mano, incluso en el caso de que se compruebe que ha habido engaño mayor o menor en esa oferta publicitaria general, hasta el punto de merecer sanción o de exigir a la empresa una rectificación pública, en ningún caso se cuestiona la validez de la decisión libre de quien que fue engañado con ofertas exageradas, con ocultación de información, o con promesas comerciales imposibles. Porque incluso en esos casos se entiende que el consumidor sigue siendo libre, y que esa conducta, reprobable como es, es tan solo un componente, nunca el único, de la decisión final de comprar o de contratar. Como sabemos, los mismos representantes políticos que han votado estas normas en todos los parlamentos europeos para protegernos en nuestras decisiones privadas de compra de bienes y servicios frente al abuso de ciertas empresas jamás aceptarían su extensión a aquellas conductas que puedan también "distorsionar de manera significativa" la decisión privada más importante que puede adoptar alguien en cuanto ciudadano. Hemos aceptado, incluso exigido, que la honestidad en la información que nos puede llevar a cambiar de compañía telefónica, a contratar una hipoteca o a comprar un coche nuevo sea protegida por el Estado y su sistema judicial.

Que no exista sanción judicial para una conducta no impide considerarla reprobable, dañina, despreciable

Pero en la información que precede a nuestra elección de los representantes políticos, legisladores, de quienes van a tener el poder de ordenar nuestro presente social y económico y, en ocasiones, también el futuro de otros que no tienen edad para votar o no han nacido todavía, la mentira y el engaño publicitario están permitidos sin sanción. Y si te atreves a decir que los ha habido, y que por tanto esa decisión de voto puede estar distorsionada, te arriesgas a que te acusen de no respetar la democracia y de insultar al elector. Aclaro que tampoco estoy proponiendo que se imponga esa equiparación entre lo comercial y lo político: los riesgos de abuso en la tutela judicial de las campañas electorales superarían a cualquiera de sus posibles ventajas. Pero como en tantas otras materias, que no exista sanción judicial a una conducta no impide considerarla reprobable, dañina, despreciable. Y en el ámbito democrático, tras la votación (es decir, después de que varios millones de decisiones individuales de "votantes medios" sobre una serie de ofertas políticas), hacer un juicio de valor sobre cómo se han podido formar todas o algunas de esas voluntades ni supone insultar a ningún votante individual ni pone en cuestión la legitimidad del resultado.

Las elecciones británicas del 12 de diciembre han cerrado el debate sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La aprobación de un 43,6% de los votantes es mayoría suficiente en ese país para empujarlo, ahora ya sí, a su más dramática transformación política, económica y social en muchas generaciones. Hemos ganado todos. El fin de una caótica incertidumbre nos permite a los europeos (los de la Unión Europea: algún día hablaremos de cómo se confunden estos términos) ponernos a trabajar de verdad por el bien de nuestro futuro común. A los británicos les pone frente a la cruda realidad de las consecuencias de sus decisiones, y frente a los fantasmas que amenazan a su identidad política colectiva: no solo en Escocia, sino también en Irlanda del Norte, donde por primera vez son más los diputados favorables a la unión con la República irlandesa.

A los británicos les pone frente a los fantasmas que amenazan a su identidad política colectiva: no solo en Escocia, sino también en Irlanda del Norte

Cuando se escriba la historia, estas elecciones serán presentadas como un capítulo más del serial que inició Cameron con su referéndum. Un largo proceso cargado de falsedades. De engaño en lo que se afirma sobre la presente realidad jurídica europea; de engaño en lo que se promete hacia el futuro, sobre un futuro idílico de supuesta independencia global, o sobre acuerdos comerciales que serán imposibles sin renunciar a tantas cosas que también les han prometido como irrenunciables; de engaño en lo que se calla, ocultando tanto el coste financiero como las consecuencias reales que ciudadanos y empresas van a sufrir, al menos durante varios años hasta que cuaje un modelo alternativo. Ni es la única causa del voto, ni permite cuestionar el resultado. Pero el Brexit ha sido la mayor campaña de publicidad engañosa de la historia democrática occidental.