España ante el reparto de los dineros de Europa

Fontainebleau es, para millones de franceses y para otros tantos millones de turistas, el nombre de un hermoso castillo a 55 km de París, uno de los más imponentes de Francia, levantado en el siglo XVI por el rey Francisco I. Sus paredes y jardines fueron escenario de grandes momentos de la historia de Francia y de Europa entera: ahí pactaron el enviado de Carlos IV y Napoleón la invasión de Portugal a través de España; desde sus jardines partió más tarde ese mismo emperador hacia su exilio tras firmar su abdicación del trono imperial.

Pero para quienes conocen de cerca los entramados de la Unión Europea, el nombre de Fontainebleau despierta otras memorias. Fue allí donde, en junio de 1984, los entonces diez miembros del club europeo acordaron que "todo Estado Miembro que sufra una carga presupuestaria excesiva en relación con su prosperidad relativa podrá beneficiarse de una corrección" en su contribución a las arcas comunes. Con esa sencilla frase se cedía a las exigencias de una entonces fortísima Margaret Thatcher, y se creaba lo que pasó pronto a llamarse el cheque británico: un mecanismo de compensación presupuestaria que luego se extendió a otros. Estos días se habla de nuevo de Fontainebleau entre los Representantes Permanentes de los Estados en la capital europea, con motivo de la negociación del nuevo marco presupuestario de ingresos y gastos para el período 2021-2027: la salida del Reino Unido permite plantear ya la supresión definitiva de esos "cheques", fuente directa de agravio y desequilibrio.

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De algún modo, aquel primer cheque británico incorporó a estas negociaciones un concepto que envenena desde entonces el debate presupuestario cada vez que es necesario revisar las cuentas: la idea de que debe existir un "justo retorno" cuantificable entre lo que se aporta y lo que se recibe de las arcas comunitarias. Como si la participación en el mercado interior o beneficiarse de las políticas y las acciones de la UE fuera un juego de suma cero, que se puede reducir a un gráfico de ganadores y perdedores en función de lo que se pone o se obtiene de la caja común.

El primer cheque británico incorporó la idea de que debe existir un "justo retorno" cuantificable entre lo que se aporta y se recibe de las arcas comunitarias

La Unión Europea se encuentra en un momento excepcional y es muy urgente mostrar ante sus ciudadanos y ante el mundo que tiene un proyecto de futuro a la altura de los ideales que proclama y de lo que esperan de ella los ciudadanos, y los medios para llevar ese proyecto a cabo.

No estoy seguro de que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF en sus siglas en inglés) esté realmente a la altura de esa ambición. Pero al menos está concebido para reducir al máximo esa percepción deformada de "tanto pongo, tanto debo sacar". El presupuesto no nace como tal para redistribuir riqueza en la UE. Está concebido para asignar recursos que financien gastos comunes y gastos operacionales según las obligaciones que la UE asume en el Tratado, al servicio de políticas comunes. Y hacerlo en ámbitos donde somos mayoría quienes deseamos ver una Europa fuerte y activa.

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En general, el MFF 2021-2027 se propone reforzar políticas que, sin excepción, son de enorme importancia para España y su futuro: la migración y la gestión de las fronteras (ahí el gasto propuesto triplica las cifras actuales); la seguridad y la defensa; el cambio climático y el acompañamiento en la transición energética; los retos demográficos; las inversiones en pequeñas y medianas empresas; la tecnología digital; la investigación o la educación. En este sentido, el nuevo planteamiento puede ser claramente beneficioso para empresas y ciudadanos de nuestro país… siempre y cuando esté dotado de los recursos suficientes, y no se caiga en el error de desvestir a un santo para vestir a otro.

Esas "nuevas" políticas no pueden sustituir plenamente a otras que tradicionalmente han servido para vertebrar la integración europea: las políticas de cohesión y la Política Agrícola Común. Y es ahí donde nos jugamos el partido. Está claro que hay mucho margen para modernizar y cambiar las cosas también aquí: modernizar los criterios de reparto; introducir medidas que buscan condicionar los dineros a la implantación de reformas estructurales, o a compromisos efectivos con el cambio climático, o a la defensa y protección del Estado de derecho. Concretamente en la nueva PAC se da respuesta a legítimas críticas sobre algunos de sus beneficiarios, se establecen vínculos con la política medioambiental, o se impulsa el apoyo a la innovación en el sector, muy en línea con el debate sobre la despoblación.

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Y las políticas de cohesión social, económica y territorial se encauzan a través de una serie de fondos estructurales, sociales y de inversión que se separarán notablemente de los mecanismos actuales. Pero numerosas señales apuntan al riesgo claro de que se produzca un cierto trasvase desde la financiación de estas políticas "tradicionales" hacia las "nuevas": será necesario un esfuerzo importante para asegurar los actuales niveles de financiación en este ámbito en una Europa a 27.

Si mis cálculos no fallan, este va a ser el sexto presupuesto plurianual aprobado en la historia de la Unión Europea (aunque sea solo el segundo con valor propiamente jurídico). Le tocó a Felipe González en el 87 y el 92; Zapatero en el 2006; Aznar en 1999 y Rajoy en 2013: cuatro negociaciones han caído bajo mandato socialista, dos bajo gobiernos del Partido Popular. En todos los casos concluyeron con éxito razonable para nuestro país tras compromisos difíciles, y con el apoyo posterior de la casi totalidad de las fuerzas parlamentarias.

Ojalá también ahora consigamos aislar el interés colectivo a largo plazo de la bronca de bajo vuelo que tanto empobrece y tanto daño causa a la política española. Creo que a la oposición corresponde ahora apoyar claramente al Gobierno en este asunto, y no perder de vista la realidad en su conjunto cuando toque evaluar dónde ha quedado España al cierre de las negociaciones (previsiblemente el 20-21 de febrero).