La importancia de la correcta regulación de las nuevas tecnologías

En España, los drones están en un limbo jurídico, con el consiguiente desconcierto para las empresas que no pueden hacer despegar negocios basados en estas aeronaves

Foto: Foto: EFE.
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Con un anuncio, la FAA acaba de crear un mercado de 82 billones (americanos) de dólares y 100.000 nuevos empleos. Es el titular de una de las noticias que hacían referencia a la reciente publicación por la Federal Aviation Administration (FAA, el regulador aeronáutico americano) de la nueva regulación aplicable a las aeronaves no tripuladas, que el sector llevaba esperando desde 2012, año en que el Congreso encargó a la FAA esta tarea. Aunque no se pronuncia sobre temas de privacidad, ni permite el reparto de mercancías utilizando drones, como pretenden Amazon y otros gigantes de la distribución, la norma ha tenido una acogida positiva porque aporta unas reglas claras y permitirá, según una de las asociaciones más relevantes del sector, que se desarrolle un mercado de 13,6 millones de dólares y se creen 70.000 nuevos empleos, solamente en los primeros tres años.

En España, la situación jurídica de los drones es confusa. La Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia incluía una serie de normas para regular el uso de aeronaves pilotadas por control remoto, las cuales debían ser desarrolladas por un real decreto que se aprobaría en breve pero que, casi dos años después, sigue sin haber entrado en vigor, provocando que los drones estén en un limbo jurídico en nuestro país, con el consiguiente desconcierto para las empresas españolas, que no pueden hacer despegar negocios basados en estas aeronaves.

En cualquier caso, el propósito de este artículo no es estudiar la normativa que afecta a los drones sino analizar cómo la regulación afecta directamente al desarrollo de las nuevas tecnologías y, en general, de cualquier actividad económica. La revista 'Abogados', del Consejo General de la Abogacía Española, publicó hace unos meses una serie de artículos muy interesante titulada 'El arte de legislar', en que se ponían de manifiesto las malas prácticas en las que, en demasiadas ocasiones, incurren tanto el Parlamento como el Gobierno o la propia Administración en el ejercicio de sus respectivas funciones. En general, todos los expertos que participaron en los artículos coincidían en que muchas normas están mal redactadas, se modifican constantemente, no existe una adecuada coordinación entre las leyes nuevas y las existentes ni entre la normativa estatal y la autonómica (por no mencionar la local), se abusa del decreto-ley y de las denominadas “leyes ómnibus”, y que la proliferación de normas hace que nuestro ordenamiento jurídico sea inabarcable e indigerible, lo que genera inseguridad jurídica y el riesgo de arbitrariedad, aunque solo sea, como señala la abogada Elisa de la Nuez, “porque los agentes jurídicos no están en disposición de saber qué normas están en vigor en un momento determinado”.

¿Cómo debemos regular entonces las nuevas tecnologías? O mejor aún, ¿debemos regular las nuevas tecnologías? En los países de derecho continental, la respuesta mayoritaria sería afirmativa, porque tenemos mucha dependencia de normas que ordenen y sistematicen la realidad. Pongamos como ejemplo los deportes electrónicos o 'eSports'. Se trata de una nueva actividad que está creciendo muy rápidamente y que, según los expertos, debería tener unas reglas 'ad hoc' que determinaran su naturaleza jurídica a efectos laborales y fiscales, entre otros.

En los países regidos por el 'common law', en especial en Estados Unidos, tienen un planteamiento más práctico que se podría resumir en “lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, lo que en muchos casos les permite lanzar productos o servicios novedosos sin esperar a que se aprueben normas específicas. No me cabe duda de que esta es una de las razones sobre las que se sustenta su actual liderazgo en el mundo tecnológico.

Un aspecto en el que los países anglosajones nos llevan una indudable ventaja es en el debate público que se genera antes de aprobar determinadas iniciativas legislativas, como es el caso de las relacionadas con robótica e inteligencia artificial.

El Parlamento británico ha lanzado recientemente una consulta pública, en la que se preguntaba entre otras cuestiones por las implicaciones de la robótica y la inteligencia artificial en el mercado de trabajo; la medida en que las oportunidades sociales y económicas que ofrecen estas nuevas tecnologías están siendo explotadas para ofrecer beneficios al país; los problemas sociales, legales y éticos vinculados a la evolución de la robótica y las tecnologías de inteligencia artificial y la forma en que deben ser tratados, y las medidas que debería tomar el Gobierno para ayudar en la financiación, la investigación y la innovación en estas materias. La página web del Parlamento no se limita a publicar la encuesta, sino que ofrece además informes del Gobierno y vídeos que recogen las opiniones que los expertos han expresado durante el debate convocado por el comité encargado de esta cuestión.

La Oficina de Políticas sobre Ciencia y Tecnología (OSTP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca ha publicado una iniciativa similar. Consciente de la importancia de la inteligencia artificial (IA), quiere conocer el punto de vista de los consumidores, investigadores académicos, empresas privadas y ONG. La OSTP está particularmente interesada en las respuestas relacionadas con los siguientes temas: las implicaciones legales y de gobierno de la IA; su uso para el bien público; las cuestiones de seguridad y de control de la IA, así como sus implicaciones sociales y económicas; las lagunas de investigación más importantes de la IA que deben ser abordados para avanzar en este campo; la formación científica y técnica que se necesita para aprovechar el potencial de la AI, o los pasos específicos que puedan ser implementados por el Gobierno, los institutos de investigación y las universidades para fomentar una investigación multidisciplinar en IA.

En la misma línea, la OSTP anunció en marzo de este año la organización de una serie de seminarios públicos sobre temas de inteligencia artificial para estimular el diálogo e identificar los desafíos y oportunidades relacionados con esta tecnología emergente. Dichos seminarios ya se han celebrado en distintas universidades del país y han tratado de temas tan sugerentes como la seguridad y control de la AI o sus implicaciones sociales y económicas a corto plazo. Lo que más me llama la atención es que gran parte de los materiales (vídeos con las intervenciones de los expertos y presentaciones que utilizan) se publican en la web de la universidad que ha alojado el evento y se puede acceder a ellos gratis y sin limitaciones de ningún tipo.

Creo que podemos aprender mucho de las iniciativas mencionadas y que un debate público liderado por el Gobierno, en el que participaran los ciudadanos así como expertos de distintas disciplinas, ayudaría mucho a regular correctamente las tecnologías disruptivas que están apareciendo y que tendrán un gran impacto en los próximos años.

Alejandro Sánchez del Campo. Soy abogado y trabajo en la intersección entre el derecho y la tecnología. Doy charlas en cursos de posgrado y escribo en 'Replicante Legal' y otras webs sobre las cuestiones jurídicas que plantean la innovación, la robótica y las tecnologías disruptivas. Autor del libro 'Reflexiones de un replicante legal. Los retos jurídicos de la robótica y las tecnologías disruptivas'. Miembro del Consejo Académico de FIDE.

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