¿Nos preocupa realmente la calidad del aire?

Si preguntamos a un ciudadano cualquiera si le preocupa la calidad del aire que respira, responderá, con casi total seguridad, que sí. La conciencia medioambiental está instaurada en la mentalidad de casi todos, especialmente en la de los más jóvenes. Ahora bien, si a ese mismo ciudadano le preguntamos qué está dispuesto a hacer para que la calidad del aire mejore, la pregunta comienza a resultar más incómoda y la respuesta, más incierta.

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas, el asma. Recientemente se difundía una investigación del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona que demostraba que los días con niveles altos de contaminación por partículas hay más infartos con obstrucción total de la arteria coronaria, que son los más graves.

A la vista de estos datos y de la evidente vinculación entre calidad del aire y salud, se han puesto en marcha distintas iniciativas que tienen como objetivo reducir la contaminación.

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La Unión Europea, en su Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, define los objetivos de calidad del aire en el ámbito de la Unión. Pese a la importante labor que se desarrolla desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en materia de calidad del aire, al frente de la cual se encuentra el español Daniel Calleja, lo cierto es que la política de la Unión en este ámbito se ha visto desprestigiada por el escándalo de las emisiones de Volkswagen. El fraude de esta multinacional ha puesto de manifiesto la necesidad de que las políticas ambientales se coordinen con las adoptadas en otros ámbitos, especialmente en el industrial.

En el plano nacional, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera tiene como fin último alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Junto con esta norma, la Administración estatal ha aprobado dos ediciones del Plan Nacional de Calidad del Aire. En el denominado Plan Aire II, 2017-2019, tras analizar cuál es la situación de España respecto de los principales contaminantes, se establecen una serie de objetivos y se prevé la puesta en marcha de un total de 52 medidas en ámbitos tan relevantes como la fiscalidad ambiental o la movilidad.

Debido a la distribución de competencias existente en España, estas medidas deben completarse necesariamente con las que se adopten por el resto de administraciones autonómicas y locales, siendo este un ámbito en el que la coordinación interadministrativa resulta especialmente relevante.

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Los problemas de contaminación existentes en Madrid han llevado a su Gobierno regional a aprobar en 2017 el protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, que prevé la posibilidad de limitar la velocidad en vías autonómicas.

En la ciudad de Madrid, se ha aplicado hasta nueve veces, desde octubre de 2016, un protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación. Además, el ayuntamiento aprobó en 2017 el denominado 'Plan A de calidad del aire en la ciudad de Madrid y cambio climático' —así denominado por cuanto se considera que no hay Plan B—, que recoge medidas tales como la prohibición del aparcamiento en la zona de servicio regulado o restricciones a los accesos.

La adopción de las medidas previstas en estos instrumentos en distintos escenarios de contaminación ha generado desconcierto y, en muchos casos, malestar entre la población, que se quejaba de la falta de información o de alternativas.

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Restricciones, limitaciones, prohibiciones. ¿Son necesarias? Y lo que resulta más relevante, ¿son realmente útiles? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa, si bien, como casi siempre, tras una afirmación conviene introducir precisiones.

Junto con las restrictivas, deben adoptarse medidas incentivadoras que, por ejemplo, fomenten realmente la utilización de los vehículos de cero y bajas emisiones, y apuesten por la renovación de los vehículos que circulan por nuestras ciudades.

La transición hacia una movilidad sostenible —que, sin duda, vamos a acometer— debe hacerse de una forma racional, sin improvisaciones. Exige un diseño a medio/largo plazo del modelo de ciudad que queremos tener y de la sociedad en la que queremos vivir.

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Aunque es cierto que un porcentaje importante de la contaminación se produce por las emisiones de los vehículos, esta no es la única fuente de contaminación. Deben, por tanto, adoptarse medidas contundentes respecto de otras fuentes, como es el caso de las calefacciones.

En este ámbito, se debe abandonar la demagogia y la contienda política. Esa 'política' con minúsculas que no se preocupa por lo que nos preocupa y que solo busca réditos electorales no debe intervenir en las decisiones que afectan al medio ambiente y a la salud. Estas decisiones han de tomar en consideración las diferentes consecuencias que se derivan de ellas. Deben contar con el consenso necesario y ser explicadas para poder ser entendidas y aceptadas.

Claro que nos preocupa la calidad del aire. ¡Faltaría más! Pero, en esta materia, tenemos que ser conscientes de que no basta con hacerlo lo mejor que podamos. Tenemos que hacerlo bien y lo tenemos que hacer todos: administraciones, organizaciones, instituciones y ciudadanos. Todos tenemos que aceptar el reto de que nuestras acciones reflejen nuestras palabras.

*Guillermina Yanguas, magistrada y doctora en Derecho. Ha sido directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012-2016) y directora de Calidad y Evaluación Ambiental en la Comunidad de Madrid (2011). Ha ejercido como abogada especializada en temas ambientales e impartido clases en la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y en distintos másteres y escuelas de negocios. Desde 2016, es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.