Derechos digitales y transformación digital: la paradoja de Aquiles y la tortuga

La llamada 'cuarta revolución' está cambiando nuestro mundo. Y para hacerlo posible, se dice que hay que romper cosas. Hay que apostar por una innovación sin límites en la que todo es posible

Foto: Foto: EFE.
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La transformación digital nos enfrenta cada día al vértigo de lo desconocido. El crecimiento exponencial de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de los objetos y su interacción con casas y ciudades inteligentes escurren huidizas como agua entre los dedos de los juristas. Viajamos en una nave a gran velocidad. Nada es previsible, cada día es una aventura. En la regulación de la tecnología, nos enfrentamos como Aquiles y la tortuga a la conciencia de saber que tras cada paso quedará la mitad de un camino por recorrer en una carrera que tiende a infinito. Y, sin embargo, nuestro deber es recorrerlo.

La llamada 'cuarta revolución' está cambiando nuestro mundo. Y para hacerlo posible, se dice que hay que romper cosas. Hay que apostar por una innovación sin límites en la que todo es posible para aquellos que no miran atrás, ni alrededor. Para los que únicamente enfocan el objetivo y corren raudos a alcanzarlo en pos de la eficiencia y la rentabilidad. Es posible que se cause algún daño, que algunas personas, incluso países enteros, sean discriminadas. Es posible que sacrifiquemos nuestra privacidad, que las 'fake news' sean el nuevo territorio para la libertad de expresión o que una máquina acabe tomando decisiones sesgadas. Como en toda revolución, siempre hay daños colaterales, nadie dijo que esto fuera a ser fácil.

Nos enfrentamos, como Aquiles y la tortuga, a la conciencia de saber que tras cada paso quedará la mitad de un camino por recorrer

Resulta obvio que el viejo principio jurídico de entender permitido aquello que no está prohibido juega a favor de la innovación. ¿Pero es este el único principio jurídico aplicable? En realidad, no. En la regulación del avance tecnológico, los derechos fundamentales, junto con los valores y principios constitucionales, están llamados a jugar un papel determinante. Aunque puedan plantear lecturas culturales diversas, son valores universalmente admitidos en el seno de Naciones Unidas. Nadie pone en duda que la garantía de la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad son principios jurídicos ineludibles.

Llegados a este punto, los Estados están llamados a escoger varias opciones. Optar por una lectura abierta y contextualizada del sistema de derechos fundamentales y del ordenamiento, entendiendo que incluso en ausencia de regulación específica existen principios y reglas que deben resultar aplicados. Una vía explorada en los años noventa del siglo pasado por los tribunales franceses, entre otros. Desarrollar legislación sectorial adaptada a cuestiones específicas, como la privacidad y su regulación por la Unión Europea. Impulsar convenios internacionales, como en el caso de la bioética y el Convenio de Oviedo. Reformar las constituciones, como México al incorporar el derecho fundamental a la protección de datos. O desarrollar los derechos fundamentales mediante una relectura digital. Esta última ha sido la opción del legislador español en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ha sido una elección controvertida que, sin embargo, se comparte. Nuestro país aborda así retos y problemas ineludibles.

No todo lo que no está expresamente prohibido debe entenderse permitido

Era necesario sentar las bases de las políticas públicas que permitan corregir distintas brechas digitales. A las asimetrías de conectividad en el mundo rural, la crisis económica ha sumado el incremento de la pobreza de las familias. El coste de la conectividad suma la barrera del acceso a un internet esencial para la mejora en el empleo y la educación. De otro lado, la educación de los menores debería ir más allá de la aterrorizante charla policial, que promete un futuro de 'gamers' poco educados, y centrarse en las capacidades de uso de las redes y el pensamiento computacional. Así como generar unos centros escolares, y también padres, más centrados en la garantía de la identidad digital de nuestros niños y niñas y un poquito menos en la explotación comercial de su imagen. Nuestra identidad en las redes, el patrimonio que dejamos en ellas, necesitaba adicionalmente de un marco que permita gestionar nuestro paso a la posteridad con el testamento digital.

La opción del legislador español ha sido desarrollar los derechos fundamentales mediante una relectura digital, una elección controvertida

También necesitamos garantizar una esfera de vida privada en el ámbito laboral. La capacidad de control —mediante geolocalización, videovigilancia y trazabilidad en internet— y la ruptura del horario de trabajo, con una disponibilidad 24x7 en redes, WhatsApp o correo electrónico, amenazan con una vuelta al trabajador de los gremios medievales, siempre a disposición del empleador. Este modelo no es sostenible a largo plazo, al menos desde el punto de vista de los riesgos psicosociales.

Por último, el impacto de las redes y los buscadores en nuestra imagen pública requería adaptar el derecho al olvido, ciertamente descafeinado por el Reglamento General de Protección de Datos. Además, las hemerotecas digitales han puesto de manifiesto cómo la veracidad que legitima el derecho a la información y la verdad no son una misma cosa. Y también hasta qué punto la actualidad que motivó una noticia no se correspondió con su seguimiento posterior. Una simple anotación en la hemeroteca será un expediente sencillo que preserve la libertad de expresión y evite perjuicios a las personas.

El legislador español ha optado por una lectura en positivo del artículo 18.4 de la Constitución

El legislador español ha optado por una lectura en positivo del artículo 18.4 de la Constitución y ha ordenado los usos de las tecnologías de la información complementando el ordenamiento con nuevas reglas. La revolución de la computación cuántica y las inteligencias artificiales de propósito general necesitará de este enfoque, de legisladores y juristas capaces de ayudar a ordenar el caos creativo del avance de la ciencia y la tecnología sin ser un freno, con un enfoque humanista y centrado en la garantía de los derechos fundamentales.

* Ricard Martínez. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València. Miembro del Consejo Académico de Fide.

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