Covid-19: un acelerador de cambios en la gestión de conflictos

Ya estamos advirtiendo el impacto negativo del coronavirus en las relaciones comerciales y en la Administración de Justicia.

La situación actual está generando nuevos conflictos y no ha aliviado los ya existentes. La Administración de Justicia no va a poder dar una respuesta rápida y eficaz a los conflictos existentes y a los que ya están surgiendo. La práctica paralización de cualquier actividad judicial civil en España durante meses ha complicado notablemente el estado de una jurisdicción ya de por sí muy sobrecargada.

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La regulación y las instrucciones dadas son las de tramitar con prioridad únicamente las actividades catalogadas como esenciales. Hasta dentro de varios meses, no se espera que se tramiten asuntos no catalogados como esenciales, ni nuevos asuntos que vayan entrando en la Administración de Justicia. A ello se suman las dificultades para celebrar vistas y audiencias presenciales y en remoto, lo que está generando que se reagenden y se pospongan en el tiempo muchas de las vistas y audiencias todavía pendientes.

Los pleitos importantes entre empresas no están teniendo prioridad. Los conflictos en materia de arrendamientos, marcas, patentes, conflictos transfronterizos, inmobiliario, contratos de suministro, relaciones entre proveedores, conflictos societarios no han sido actividades catalogadas como esenciales y, por tanto, su tramitación se está postergando. Ello está contribuyendo a un repunte significativo de solicitudes de tutela cautelar.

A nadie escapa, además, que la crisis del coronavirus provoca incertidumbres legales que no son fáciles de resolver y que requieren de un análisis individual, caso por caso.

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Ante esta situación, es evidente que nuestras empresas demandan un sistema de resolución de conflictos, ágil y eficaz, que gire entorno a sus verdaderas necesidades y que les permita resolver sus diferencias apartándose de un enfoque estrictamente jurídico, incierto y de respuesta tardía.

El panorama judicial no es halagüeño y son muchas las voces que reclaman una actuación más decidida de los poderes públicos de apoyo a la resolución alternativa de conflictos. Ya se atisban ciertos movimientos. Y este apoyo llegará, esperemos que a través de acertadas reformas legales que premien a quienes confíen en explorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos antes de recurrir ante la Administración de Justicia.

El panorama judicial no es halagüeño y son muchas las voces que reclaman una actuación más decidida de apoyo a la resolución alternativa de conflictos

Entre tanto, es forzoso que nos replanteemos nuestras estrategias y apostemos por afrontar los desafíos legales de una manera diferente, centrándonos en el análisis y la evaluación de los riesgos y con capacidad para diseñar y desarrollar estrategias capaces de terminar prontamente con los conflictos ya iniciados o pendientes de iniciar.

En estos duros momentos, es conveniente acudir a vías accesibles, eficaces, rápidas y económicas que se centren en la gestión de acuerdos. Y aquí surge, sin duda, la mediación comercial que, además, se puede celebrar en remoto.

Apostar por la mediación comercial es confiar en expertos en gestión de acuerdos; en profesionales formados específica y extensamente en técnicas y habilidades que facilitan que las partes puedan encontrar un acuerdo. Estamos hablando de profesionales con experiencia acreditada en gestionar acuerdos, que desarrollan su función con un método estructurado, profesional y testado que beneficia la posibilidad de que las partes alcancen por sí mismas un acuerdo.

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La intervención del mediador ayuda a las partes a desbloquear la situación, su papel no es decidir, no es confrontar, sino gestionar el conflicto. Y el mediador lo hace con técnicas específicas de comunicación, y de gestión y de planificación, con el propósito de: (i) primeramente, deconstruir el problema y (ii) seguidamente, construir la solución, con flexibilidad y con el objetivo de que las partes alcancen un acuerdo que sea ajustado a sus necesidades.

Y todo ello, el mediador lo hace apoderado por las partes, con un mandato expreso por parte de ellas para que les ayude a gestionar su conflicto. Mandato que se acaba cuando las partes quieren que se acabe. Las partes son siempre dueñas de todo el proceso, que es estrictamente confidencial: son dueñas al empezar, son dueñas durante el propio proceso y son dueñas para su conclusión en cualquier momento, con o sin acuerdo.

El proceso de mediación está planteado con una estrategia centrada en la solución y que tiene presente en todo momento: (i) el mantenimiento de las relaciones comerciales; (ii) el control por las partes de la confidencialidad y del riesgo reputacional, y (iii) que las partes puedan siempre retener el control del resultado.

Acudir a un tercero externo, conocedor del sector económico donde las partes operan, resulta tremendamente útil para gestionar un conflicto

Son muchas las preguntas acerca de a quién acudir y cómo para resolver los conflictos a través de mediación. El Centro de Mediación Fide (CMF) es una institución independiente, neutral y especializada en mediación empresarial, que cuenta con profesionales acreditados por centros internacionales de reconocidísimo prestigio en mediación comercial.

Acudir a un tercero externo, con capacidades y habilidades en técnicas de comunicación y negociación, y conocedor del sector económico concreto donde las partes operan, resulta, por experiencia, tremendamente útil para gestionar un conflicto con el mayor ahorro en tiempo y coste posible.

En tiempos de pandemia y saturación judicial, es el momento de pasar del conflicto a la cooperación para la gestión del acuerdo comercial. Lo contrario no se entendería y no sería económica ni socialmente responsable.

*Manuel Díaz Baños, Cuatrecasas. Secretario general del Centro de Mediación Fide (CMF). Profesor de Icade.