La desinflamación promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez ha durado lo mismo que se tarda en leer los 127 folios del escrito de acusación de la Fiscalía para Junqueras y los otros 17 procesados en la causa del ‘procés’. Son las cosas de sentarse a negociar con un Govern que cuenta con tres presidentes, uno en la plaza Sant Jaume, otro en Waterloo y un tercero en el centro penitenciario de Lledoners, y con unas formaciones cuyo objetivo último pasa por la secesión y dinamitar España. Amén de la campaña de desprestigio impulsada por Unidos Podemos contra la Corona. Con estos mimbres, piensa uno, poco cesto puede hacerse.

En esa compleja búsqueda de equilibrios en Cataluña, que bien parece la clásica estrategia del palo y la zanahoria, consistente en hacer gestos de distensión para mantener contentos a los independentistas catalanes —quienes apoyaron la moción de censura del hoy presidente y en cuyas manos reside la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado— y gestos de firmeza para impedir que haya una sangría de votos en el resto de España, el Ejecutivo socialista se ha metido en un embrollo de difícil salida por el que recibe palos de uno y otro lado.

¿Supone esto el principio del fin de la legislatura? ¿Significa el fin del amor entre Moncloa y el Govern? ¿Acaso los independentistas se abstendrán para que salgan las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos-PP y los Presupuestos vuelvan a toriles? ¿Los presentará el Gobierno a sabiendas de que puede salir derrotado en la votación?

A tenor de los precedentes, todo apunta a que las declaraciones altisonantes de los secesionistas a cuenta de los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado no devendrán en ruptura total de las relaciones con el Gobierno sino que más bien obedecen a la astracanada en la que vive ‘ad eternum’ la política catalana, donde nada es lo que parece. Igual que Becket vivía esperando a Godot, el independentismo vive pensando que, con la salida del PP y la llegada del PSOE a La Moncloa gracias a los votos de PDeCAT y ERC, su situación mejorará. Sánchez ha llegado al poder y ahora, pese a quien pese, no lo van a dejar escapar fácilmente.

El secesionismo lo necesita para unos indultos que con un Gobierno de PP y Ciudadanos serían impensables, así como para esbozar algún tipo de oferta que lleve el sello del Estado español y les permita salvar la cara para con los cientos de miles de catalanes que han sacado a la calle bajo la promesa de la república y que ahora se encuentran con que, de lo dicho, ‘rien de rien’.

A Sánchez, que sabe que seguramente necesitará de las formaciones independentistas en unos próximos comicios para sumar escaños y mantenerse en La Moncloa, se le pueden leer los pensamientos. Sus intenciones se muestran cristalinas cada vez que evita comprometerse a no indultar a Oriol Junqueras o cuando maniobra para retrasar la reforma de una ley que dejaría fuera de las medidas de gracia a los condenados por rebelión o sedición. Ambos, PSOE e independentistas, mal que les pese, están condenados a entenderse.

El presidente se sabe la estrategia y la lleva a la práctica con esa especie de gota malaya de gestos y declaraciones que consiste en hacer pasar por normal lo que no lo es, devaluar el delito de rebelión por boca de la Abogacía del Estado, orillar pronunciarse sobre los indultos y poner sobre el tapete una teórica solución que “pasa por el autogobierno”, tal y como espetó Pedro Sánchez a Albert Rivera en la última sesión de control. Porque ese es el otro gran cebo de Moncloa a los independentistas: una oferta de autogobierno.

“No ocurrirá”. Viendo lo que está pasando en el Supremo, las posiciones de PP y Ciudadanos, y la irrupción de Vox, “no ocurrirá, pero es la única salida”, señala un conocido líder independentista. “Una operación donde las fuerzas políticas, con amparo institucional, llegaran a hacer un planteamiento en positivo de autogobierno y se pudiera votar. De autogobierno, que no de referéndum de autodeterminación, porque el Estado no puede llegar tan lejos”.

“Por las experiencias y fracasos acumulados siempre que ha depositado su confianza en Madrid, el soberanismo está incapacitado para hacer una propuesta. Ya las hicimos y no salieron bien”, continúa. “Pero queda una posibilidad: que en vez de hacerla las fuerzas políticas soberanistas, la haga el Estado. El Estado no tiene límites…”.

“Es necesaria una oferta de autogobierno lanzada por el Estado, que pueda ser apoyada por el 60% de los catalanes”, señala un líder independentista

La estrategia del Gobierno socialista viene sustentada por una reciente encuesta de ‘El Periódico’, según la cual solo el 42,4% de los entrevistados se inclina por un referéndum independentista, a pesar de la marejada del último año y de la prisión preventiva de los políticos catalanes, mientras que el 27,2% se decanta por votar una mayor autonomía y un 26,5% rechaza cualquier tipo de referéndum.

“Se trata de eso”, incide el líder catalán: “Se trata de poner en marcha una operación donde Pedro Sánchez aúne las voluntades suficientes y donde Cataluña, permaneciendo en el marco español, tenga argumentos para convencer de verdad a una mayoría de la población catalana, que podría situarse en el entorno del 60%, respecto a una operación de autogobierno que el Estado español estaría dispuesto a apoyar”.

El Ejecutivo, no obstante, sabe que tanto una propuesta de indultos como una oferta estatutaria para Cataluña deberían contar con la anuencia explícita de las formaciones constitucionalistas, e implícita del poder judicial y la Corona, cosa que a día de hoy parece más que lejana.

Francesc Homs, que fuera consejero de la Presidencia de la Generalitat y condenado por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación por la consulta del 9-N, habla de un periodo de entre dos y tres años para poder desencallar la crisis. No para dar con la solución sino para que se dé el contexto adecuado para poder volver a sentarse e iniciar un proceso de búsqueda para esa tan traída ‘conllevancia’ de la que hablaba Ortega y que hoy resulta imposible. “Mientras haya presos políticos, cualquier esfuerzo es inútil”, insiste Homs.

Así lo verbalizó el ‘president’ Torra nada más conocerse los escritos de acusación del Ministerio Público y de Abogacía del Estado: “Pedí a Sánchez que en 30 días planteara una oferta, un referéndum acordado y vinculante. Hoy tenemos la respuesta: más de 200 años de cárcel”. El teatrillo catalán transcurre encerrado en su propio ‘déjà vu’. “Sentarse y dialogo es cada vez más difícil. La sensación es que estos están tensando la cuerda, que vamos a peor”, señala un conocido empresario barcelonés. “La tensión política y social sigue creciendo. Vamos a peor. Siempre vamos a peor”.