'Pelas' contra 'cucarachas': las cifras del conflicto entre taxis y VTC

Los taxistas, más conocidos como los ‘pelas’, han obrado el milagro. Han conseguido que miles de madrileños y barceloneses legos en las nuevas tecnologías se hayan aventurado a descargarse las aplicaciones de Uber y Cabify, alias los ‘cucarachas’, dándoles una notoriedad que difícilmente podría pagarse con dinero.

La actividad de estos operadores ha aumentado cerca de un 50% durante los días de huelga, un porcentaje que no parece que vaya a disminuir si, como se espera, 15.000 vehículos y taxis continúan con su estrategia y colapsan hoy lunes Madrid.

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No se trata solo de la necesidad de muchos ciudadanos de desplazarse, ni del desencanto con los taxistas por usar la fuerza para lograr sus objetivos —lo que resta credibilidad a sus legítimas reivindicaciones—. Hay otro elemento entre político e ideológico que también preocupa a los consumidores y evidencia que esta polémica va más allá de una guerra entre taxistas y VTC.

Lo ponía negro sobre blanco Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, en un tuit reciente: “La izquierda antes asaltaba los cielos y los palacios de gobierno. Ahora, o asalta el algoritmo, o lo va a tener feo”. Y así ha ocurrido. Ha sido decir que hay que “asaltar el algoritmo” y se han puesto a disparar perdigones a los coches de Uber: “Ataca a tu enemigo políticamente por donde sea más débil e intelectualmente por donde sea más fuerte”.

Según un informe de la consultora EY para uno de los operadores de flotas que hay en España, pese al aumento del número de licencias VTC en Madrid —un 240% desde 2016—, la recaudación anual media del taxi apenas supuso una disminución del 3,5% en 2017 y se ha mantenido prácticamente constante en 2018, aumentando en un 0,26%. Respecto al precio de venta de la licencia, esta disminuyó un 3,6% en 2017 y aumentó un 5,2% en 2018.

Si damos por buenos los datos de EY y los niveles de recaudación, cabe hacerse una pregunta: ¿de qué se quejan los taxistas? ¿Quieren garantías en el proceso de liberalización o lo único que buscan es acabar con la competencia y mantener los privilegios?

Debajo de los argumentos laborales y económicos blandidos por el sector del taxi en su guerra contra las VTC —como se ve, bastante endebles—, lo que subyace en este conflicto es una batalla política por determinar la orientación ideológica de la tecnología.

La izquierda, con los sindicatos como brazo armado, pretende transformar las relaciones de propiedad, controlar las infraestructuras digitales, luchar contra la máquina y acabar con los monopolios futuros. Esto es, instaurar un modo de sociedad donde ser 'moderno' se considera un insulto y presumir de antiglobalización resulta ‘cool’.

La base teórica la explicaba Carlos Sánchez en este mismo periódico: estamos ante “una nueva lucha de clases, con un gran componente generacional, muy diferente a la que describió Marx, pero ahora impulsada por el carácter disruptivo de las nuevas tecnologías, que son capaces de enfrentar a unos trabajadores frente a otros mientras las plataformas tecnológicas buscan la menor visibilidad posible”.

Los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncian de forma recurrente esta corriente populista que invade la política española y señalan que los mayores perjudicados no serán ni Uber, ni Google ni Facebook, sino la sociedad en su conjunto. “Existe una tecnología que puede beneficiar a los ciudadanos y lo que se pretende es que una determinada regulación no lo permita y empeore aún más la situación”, señalan en la CNMC. O “esto lo pagará usted, señora”, que diría Carlos Rodríguez Braun.

A nadie escapa que el texto normativo que aprueba la Generalitat este martes implica un recorte de los derechos de los ciudadanos, que solo tendrán al taxi como única alternativa después de que Uber y Cabify hayan anunciado su marcha. También va en contra del modelo de movilidad sostenible y ecológico que se está imponiendo en las ciudades.

Los datos que maneja Unauto, asociación que agrupa al 90% de las flotas VTC, conducen al pesimismo por muy inflados que estén. Los 22.000 conductores que emplea este sector, por lo general mayores de 45 años, corren peligro de engrosar la lista de parados de larga duración si la decisión de la Generalitat prende en otros municipios.

El Estado verá igualmente menguar sus ingresos por IVA. Cada licencia de VTC paga de media 9.000 euros al año por este impuesto. Estaba previsto que este 2019 acabara con cerca de 18.000 licencias de VTC en España tras las adjudicaciones a las que han obligado los juzgados. En total, 162 millones de euros de recaudación por IVA, cantidad que podría recortarse drásticamente si Uber y Cabify deciden poner pies en polvorosa.

Los taxis, en cambio, solo pagan 900 euros/año. A pesar de ser 65.000, el erario público apenas recauda 60 millones. Según señala Unauto, mientras el 95% de los taxistas en España se acoge al régimen fiscal de estimación objetiva, la llamada tributación por módulos, a los vehículos VTC se les requiere hacerlo por estimación directa. “Esta diferencia hace que un propietario de licencia de taxi sin conductores asalariados pague al menos nueve veces menos impuestos que un conductor de VTC que realiza un volumen similar de kilómetros anuales”.

Para más inri, las VTC “estudian acciones legales”, con la ayuda principal del bufete Uría y Menéndez, que podrían derivar en cuantiosas indemnizaciones a cuenta del erario público. Un informe calcula que expropiar todas las VTC en España saldría por más de 4.000 millones.

“La norma que aprueba este martes la Generalitat es inconstitucional. No se puede expropiar por decreto. No hay razones de urgencia para hacerlo de esta manera”, señalan desde uno de los bufetes que trabajan para las VTC. “La fiesta no ha hecho más que empezar. Hasta ahora, no podíamos hacer nada. A partir de ahora, comenzaremos a recurrir”.