Marlaska, sé fuerte

Hay llamadas y llamadas. Están las tres que recibió el coronel Diego Pérez de los Cobos el domingo por la tarde para preguntarle por el atestado enviado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel y anunciarle su posterior cese; y luego están las llamadas del presidente del Gobierno a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, brindándole su apoyo en momento tan delicado porque, como tratan de vender desde el Ejecutivo, el informe de la Guardia Civil es “una vergüenza” y hay que soltar “lastre”.

Marlaska, sé fuerte, le han dicho en La Moncloa, y el ministro, que tampoco es que necesite bálsamo de Fierabrás, se ha venido arriba. El juez trabucaire, embozado en mascarilla, se ha laminado al grueso de la cúpula de la Guardia Civil.

Mientras en Interior dicen que se trata de “una reestructuración de los equipos en el instituto armado”, los titulares de prensa hablan de ‘purga’, una tesis que, por la cronología de los acontecimientos, parece más verosímil que la gubernamental. ‘Se non è vero, è ben trovato’.

El lunes se hizo público que Pérez de los Cobos había sido destituido por negarse a proporcionar información sobre las diligencias en las que se investiga a Fernando Simón y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El martes dimitía Laurentino Ceña, director adjunto operativo (DAO) y número dos de la Guardia Civil. El miércoles era apartado el jefe del Mando de Operaciones, el general Fernando Santafé.

El seísmo alcanza también a la Policía Nacional, otro cuerpo sorprendido por la decisión de fulminar a Pérez de los Cobos

A lo largo de la jornada del jueves, se estuvo especulando con nuevas bajas. Ya nadie oculta el pulso. El seísmo también alcanza a la Policía Nacional, otro cuerpo que está sorprendido tanto por la decisión de fulminar a Pérez de los Cobos, al que trataron en los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña, como por la deriva del ministerio, que ha utilizado a los agentes con fines un tanto espurios tal que investigar las caceroladas contra el Gobierno.

Tal vez el ambiente arrabalero que se respira en el Congreso de los Diputados, con cruces de navajas que van de izquierda a derecha, empequeñezca las graves actuaciones del ministro. Ninguno de sus predecesores se había atrevido a tanto.

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I. Gil

Los que conocen bien a Marlaska lo describen como alguien que se crece en las dificultades, sobradamente preparado, un tanto soberbio, como todos los que lucen pátina de juez estrella, togados que en este ir y venir de puertas giratorias de la Justicia a la política terminan confundiendo la separación de poderes.

Marlaska, sin embargo, incurre en un error habitual en el actual Ejecutivo. A saber: disparar primero y apuntar después. El proceso penal abierto por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que afecta al Gobierno y que apenas tenía recorrido, acaso agonizante, ha cogido vuelo gracias a la decisión del ministro de cesar a Pérez de los Cobos. No se trata de evaluar la calidad del informe de la Guardia Civil sino de que se ha cesado a un coronel por no entregar un informe que la jueza le había ordenado que no entregara. Así de simple.

Ni siquiera al PP se le pasó por la cabeza prescindir de Corbí (UCO) o Morocho (Gürtel) cuando lo asaeteaban con sus informes

Ni los gobiernos del PP se atrevieron a tanto. Ni en los peores momentos del Ejecutivo de Rajoy, cuando saltaron casi al unísono casos como los de Taula, Acuamed o Lezo, que erosionaron la imagen del partido y sirvieron de antesala a la posterior moción de censura de Pedro Sánchez, con la Gürtel como excusa, el Gobierno del PP se atrevió a tanto.

No se le pasó por la cabeza prescindir del coronel Manuel Sánchez Corbí, máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), curiosamente destituido tiempo después por Marlaska, o del inspector Manuel Morocho, el agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que, desde 2008, investigaba con plena dedicación el caso Gürtel, y que asaeteaba con sus informes la credibilidad del partido en el poder.

El ‘plan Renove’ en la Guardia Civil es algo más que una purga. Lo es si atendemos al goteo de actuaciones llevadas a cabo por este Gobierno, que han estresado nuestro sistema de garantías constitucionales y que ahora, con el argumento de la pandemia y el estado de alarma, es cuando adquieren su verdadera dimensión.

Ahí están el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, cuestionada tras la difusión de los audios de una comida en la que participó con el comisario Villarejo, y la continua campaña de acoso del vicepresidente Pablo Iglesias al poder judicial.

Asedio a la Guardia Civil en plena pandemia covid. Durante el estado de alarma. Con un Gobierno con más poder que nunca

Ahí está también Edmundo Bal, abogado del Estado y actual portavoz de Ciudadanos, que fue cesado por pedir 25 años para Junqueras por rebelión y defender que había violencia en la causa sobre el 'procés' que se seguía en el Supremo, o el informe policial que el Ministerio del Interior fabricó ‘ad hoc’ para tratar de ocultar las coacciones a dirigentes de Cs en la marcha del Orgullo LGTBI de Madrid de 2019.

Ahí podemos situar igualmente a José Félix Tezanos por la utilización partidista que hace del CIS, que igual pregunta hoy sobre la necesidad de limitar la libertad de prensa para frenar las ‘fake news’ que mañana asevera que la situación económica de los españoles ha mejorado a pesar de la recesión y los ERTE. O el ‘equipo antibulos’ que se ha sacado el Gobierno de la chistera para decirnos que la verdad es solo una: la suya.

Y por si fuera poco, echamos gasolina a la Guardia Civil. En plena pandemia covid. Durante el estado de alarma. Con un Gobierno con más poder que nunca.