Imaz versus Galán, la batalla empresarial (y política) de la que pocos hablan
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Nacho Cardero

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Imaz versus Galán, la batalla empresarial (y política) de la que pocos hablan

El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico enfrenta a las principales energéticas de nuestro país por el impacto que tendrá en sus cuentas de resultados. Habrá vencedores y vencidos

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Foto: Irene Gamella.

Viene en las próximas semanas una batalla de altos vuelos en el Congreso de los Diputados. No se trata de Plus Ultra, aunque podría serlo, pues es harina del mismo costal, sino de un quilombo relacionado directamente con esa nueva oligarquía empresarial que está conformando el Gobierno con la excusa de la excepcionalidad de la pandemia, el reparto de fondos públicos y los mantras del capitalismo verde, la digitalización y la descarbonización del planeta.

Nos referimos al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), un instrumento del que se habla poco, pero que es de gran calado por su alcance y consecuencias. El FNSSE se está tramitando como anteproyecto de ley por la vía de urgencia y no solo transformará el mapa energético, sino que también decidirá, cual árbitro frente al VAR, qué empresarios ganan y quiénes pierden, determinando un nuevo equilibrio de poder en España.

El fondo enfrenta a las principales energéticas de nuestro país por el impacto que tendrá en sus cuentas de resultados. Habrá vencedores y vencidos. No solo entre los proveedores. También entre los grandes clientes y consumidores.

"Josu Jon sabe lo que tocaba en este momento. No se puede hacer nada", lamentan dirigentes del PNV respecto al Fondo de Sostenibilidad

Entre los vencedores se encuentra un nombre fijo en todas las quinielas, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), uno de los referentes empresariales del actual Ejecutivo socialista y uno de los que mejor están sabiendo pescar en la actual coyuntura, con los fondos europeos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como principales mantras.

En una comparecencia en el Senado, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, defendió con uñas y dientes el FNSSE porque representa “un paso en la buena dirección”, advirtiendo que, a pesar de que sectores como el de los hidrocarburos “luche como gato panza arriba” contra el fondo, estas medidas “son inapelables y van a ocurrir”.

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Andoni Ortuzar (i) y Josu Jon Imaz (c). (EFE)

Entre los perdedores, Josu Jon Imaz (Repsol), al que le van a hacer un roto y que pretendía que, por eso de la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los votos del PNV, sus antiguos colegas de partido le echaran un cable durante la tramitación parlamentaria de la ley. No parece que sea el caso.

“Josu Jon sabe lo que tocaba en este momento. No se puede hacer nada”, lamentan dirigentes de la formación 'jeltzale'. Si hay que elegir entre Galán e Imaz, en el PNV lo tienen claro.

En su discurso en la junta de accionistas, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, lamentó el “grave sesgo” que representa el texto del anteproyecto de ley, ya que confundir descarbonización con electrificación “no es inocuo” y representa “un error, muchas veces interesado, que da las señales erróneas y nos puede condenar al fracaso". Así están las cosas.

El FNSSE es el principal reto —por no decir obsesión— de la vicepresidenta cuarta y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ministra a la que Sánchez tiene en alta consideración y que ha puesto la sexta marcha para sacar la ley en el primer semestre de este año.

Nadie da duros a pesetas. Los comercializadores de carburantes y gas terminarán repercutiendo ese nuevo coste a los ciudadanos

El 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la creación del FNSSE. El objetivo era trasladar el coste de la factura de la luz correspondiente a las ayudas a las energías renovables, y que ahora apoquina el ciudadano en el recibo, a los operadores de combustibles y gas, es decir, Repsol, Cepsa y Naturgy, a través de este fondo.

La aportación de las empresas al FNSSE alcanzará los 4.765 millones de euros en 2025. De esta cifra, el sector petrolero asumirá el 43,7% (unos 2.085 millones de euros), el eléctrico el 31,5% (unos 1.500 millones de euros) y el gasista el 24,8% (unos 1.181 millones de euros).

“Se trata de una regulación”, según la memoria del anteproyecto de ley, que “únicamente reconfigura la financiación de estos costes entre los sectores energéticos, enviando las señales adecuadas para la electrificación, ya que el vehículo eléctrico, la bomba de calor, etc., se tornarán más competitivos con la relación a las soluciones que emplean combustibles fósiles”. Electrificar la economía española, donde reinan dos compañías: Iberdrola y Endesa.

placeholder La vicepresidenta cuarta y ministra, Teresa Ribera. (EFE)
La vicepresidenta cuarta y ministra, Teresa Ribera. (EFE)

De esta forma, el Ministerio de Transición Ecológica consigue un triple titular: “Las empresas energéticas pagan el FNSSE”; “el Gobierno saca las ayudas a las renovables de la factura”; “el Gobierno reduce un 13% el recibo de la luz de los ciudadanos”. ¿Quién da más?

Lo que obvia Transición Ecológica es que nadie da duros a pesetas y que los comercializadores de carburantes y gas natural también terminarán repercutiendo ese nuevo coste a los ciudadanos, igual que si se tratara de un impuesto encubierto al diésel. Se abaratan unas energías, pero se encarecen otras. Como diría Carlos Rodríguez Braun, al final será usted, señora, quien termine pagando el Fondo de Sostenibilidad.

Hace 25 años fue un Gobierno socialista quien dijo que había que gasificar el país y así se hizo. Ahora es otro Gobierno socialista quien dice que hay que electrificarlo. Todo cambia para que todo siga igual. Cambiamos una oligarquía empresarial y nos vamos de cabeza a otra.

Viene en las próximas semanas una batalla de altos vuelos en el Congreso de los Diputados. No se trata de Plus Ultra, aunque podría serlo, pues es harina del mismo costal, sino de un quilombo relacionado directamente con esa nueva oligarquía empresarial que está conformando el Gobierno con la excusa de la excepcionalidad de la pandemia, el reparto de fondos públicos y los mantras del capitalismo verde, la digitalización y la descarbonización del planeta.

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