Algo más que un civet: así se cocina una amnistía

Veinticuatro horas antes de que tuviera lugar la macromanifestación convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema "La amnistía, no en mi nombre", que congregó en Barcelona a cientos de miles de constitucionalistas (50.000 según la Guardia Urbana), el empresario Luis Conde celebraba su tradicional civet de la Fonteta, en el Ampurdán, con cerca de 400 invitados entre clase política, empresarios y burguesía catalana, o lo que queda de ella.

Digo "lo que queda de ella" porque, de los 48 escaños que Cataluña repartió en las generales, 33 fueron para la izquierda y otros siete para eso que llaman Junts. Es decir, o la burguesía se ha dejado coleta al estilo Pablo Iglesias o se sitúa ya en la marginalidad, una especie de museo antropológico diseñado al gusto de los nostálgicos.

Apenas se habló de referéndum. La mayoría de los asistentes entendía que era la liebre que habían soltado para despistar

El menú del almuerzo lo encabezaba una frase, "Encuentro para el diálogo", que reflejaba de forma fidedigna la atmósfera que se respiraba en La Fonteta. La sensación entre constitucionalistas e independentistas era que todo estaba más que pactado, que habría amnistía e investidura de Sánchez en aras de la "convivencia". Todo ello, salvo que a Puigdemont le "vuelva a dar otra pájara", como apuntaban en el PNV, representado en esta ocasión por Andoni Ortuzar, lo que tampoco sería descabellado.

Igual que es de sobra conocido que el expresident se siente solo y está con ganas de solventar sus cuitas judiciales y volver a su tierra, todo el mundo sabe de su imprevisibilidad y de la dificultad para aguantar la presión de los suyos, los Feliú, Ponsatí, Graupera et alii, ante cualquier pacto con el Estado.

Un apunte: apenas se habló de referéndum. La mayoría de los asistentes entendía que era la liebre que habían soltado para despistar.

Nos ahorramos los nombres de representantes del mundo de la empresa y la sociedad civil, la mayoría partidarios del borrón y cuenta nueva

En el civet estuvieron Jordi Turull, Albert Batet y Jaume Giró en representación de Junts, que no de Puigdemont, a pesar del vicio de confundir a los unos con el otro. Por el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, quien abandera la negociación con los independentistas, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Junto a ellos, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, otro de los que llevan la voz cantante en el acercamiento a los neoconvergentes.

Por parte del PP, Alberto Núñez Feijóo declinó la invitación, pero sí estuvo su antecesor, Pablo Casado, al cual se le vio en buen estado de forma tras el shock de su salida de Génova. También acudieron, entre otros, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la eurodiputada Dolors Montserrat. Llamó la atención la presencia de Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, de Vox.

Nos ahorramos los nombres de los representantes del mundo de la empresa y la sociedad civil, pero sí apuntar que fueron numerosos y, la mayoría, partidarios del borrón y cuenta nueva. Muchos de ellos, unos 50, participaron la víspera en una cena organizada por Emilio Cuatrecasas, el mismo abogado que intervino ante Puigdemont en 2017 para salvar el quilombo de la declaración de independencia y que, al igual que Urkullu, acabó como huevo pasado por agua.

Se pusieron sobre la mesa los condimentos para escribir el relato y dar por bueno, e incluso por legal, algo que no lo es: la ley de amnistía

En la casa de Luis Conde se cocinó algo más que un civet. Se pusieron sobre la mesa los condimentos necesarios para escribir el relato y crear un marco argumental para dar por bueno, e incluso por legal, algo que no lo es: la ley de amnistía.

Como señala el catedrático de Derecho Constitucional Pedro Cruz Villalón, estas Cortes no están legitimadas para aprobar ninguna amnistía, básicamente porque "a nadie se le oculta que una decisión de este calibre, de haber estado sobre la mesa, hubiera ocupado un lugar de excepción en la pasada campaña electoral". Durante el 23-J, no solamente nadie lo mentó, sino que, en sus declaraciones más recientes, los que ahora se muestran a favor entonces se posicionaron en contra.

Que el texto de la ley será constitucional ya no lo duda ni santa Rita. Lo intuye Junqueras, tal y como se puede colegir de su entrevista en La Vanguardia.

—Ya sabe usted que ahora hay una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. No sé si eso le supone algún pensamiento —le preguntaron.

—Algún pensamiento parecido al que debe tener usted cuando me hace la pregunta y probablemente deben tener los lectores —respondió el de ERC.

Cándido Conde-Pumpido maneja el tribunal como si fuera un general: él ordena y todos los demás, sus soldados, obedecen

Lo mismo vino a confirmar Sánchez durante la cumbre de la UE en Granada, anticipando el fallo afirmativo del Tribunal Constitucional antes incluso de haberse aprobado la ley:

—Cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda, serán públicos y transparentes y, por tanto, validados por el poder legislativo e, incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también —afirmó categórico el presidente del Gobierno en funciones.

Las declaraciones obedecen no tanto a la calidad del texto que se está pergeñando en estos momentos como al famoso 7-4 por el que se rige el Tribunal Constitucional tras el golpe de mano del Ejecutivo. El rodillo. Siete vocales progresistas frente a cuatro conservadores y un presidente, Cándido Conde-Pumpido, que maneja el tribunal como si fuera un general: él ordena y todos los demás, sus soldados, obedecen. Representa un liderazgo intenso. Tiene potestas y también auctoritas. El hombre perfecto para la nueva égida de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Lo verán nuestros ojos.