El gran fracaso del Botànic II es el monumental atasco en renovables

Primer eje: Transición ecológica y lucha contra el cambio climático. Está negro sobre blanco en el documento (pinche para verlo) que alumbró el segundo Consell del Botànic. Aquel papel se firmó a las 18.40 de un miércoles 19 de junio en el Castillo de Santa Bárbara en Alicante. De la foto de tres, ya solo queda el 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Mónica Oltra (Compromís) se vio forzada a dimitir tras su imputación en el caso de la gestión del expediente de la menor abusada por su exmarido, mientras que Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo, abandonó el puesto consumido por las miserias internas de los morados.

Ese primer eje, al que tanto bombo argumental se le dio (y se le sigue dando) cuando se comunicó la buena nueva del acuerdo político, permanece grabado en el frontispicio de una coalición que presume de haber consolidado un Ejecutivo autonómico de izquierdas siete años después de llegar al poder. Sin embargo, en materia de implantación de nuevas fuentes de energía renovables, la clave de bóveda de cualquier proceso de transición ecológica, el balance no puede ser más negativo, tirando por tierra el discurso bienintencionado de los gobernantes valencianos. A menos de un año de terminar la legislatura, puede decirse que, por las expectativas generadas y la posición en el orden de prioridades, la lucha contra el cambio climático ha sido el gran fracaso de gestión del segundo Botànic.

El balance no puede ser más negativo y tira por tierra el discurso bienintencionado del Consell

Pese a su peso en PIB y su favorable red de mallado, la Comunidad Valenciana no solamente no se ha puesto en el grupo de cabeza de territorios impulsores de un nuevo modelo de generación más limpio y sustitutivo de los combustibles fósiles, sino que se ha quedado en el pelotón de los rezagados. Las plantas renovables generaron el año pasado 64.200 megavatios de energía verde en España de los que solo 1.605 MW se produjeron en la Comunidad Valenciana, muy lejos de Castilla y León (19,8 %), Galicia (14,8 %), Andalucía (13,4 %), Aragón (12,3 %), Castilla-La Mancha (11 %), Extremadura (7,7 %), Cataluña (5,6 %) y Navarra (3,5%), según los datos que maneja Avaesen, la asociación de pequeños y medianos productores valencianos de renovables. Un dato comparativo: Castilla-La Mancha ha tramitado 2.000 megavatios en los últimos cinco años frente a los decepcionantes 60 megavatios puestos en funcionamiento en tierras valencianas.

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Por sus características de propiedad del suelo no urbanizable, con mucho minifundisimo, la autonomía está perdiendo una gran oportunidad de implantar un modelo alternativo al del oligopolio de las grandes energéticas. Al margen de los proyectos de más de 50MW, que se tramitan por la vía ministerial, sobre los despachos de las tres consejerías implicadas en la tramitación (Economía, Medio Ambiente y Política Territorial) se acumulan más de 400 expedientes de instalaciones fotovoltaicas de tamaño pequeño y medio que, todas juntas, son comparables en potencia a siete centrales de Cofrentes.

La nuclear de Iberdrola, que produce hasta el 40% de la electricidad doméstica, tiene que echar el cierre en 2030, sin que se haya resuelto la fuente sustitutiva. No es que las casas se vayan a quedar sin luz, porque España cuenta con un mallado interconectado suficiente para garantizar el suministro. Pero el mercado ha respondido a la llamada y la que está fallando es la propia Administración, que se ha demostrado incapaz de gestionar la demanda de autorizaciones.

Los focos están en la DG de Paisaje, pero hay que mirar también a la Subdirección de Energía

Los promotores están desconcertados porque todos los mensajes que reciben de los representantes públicos, desde los socialistas de Ximo Puig hasta los altos cargos de Compromís, son de concienciación del problema y de compromiso con el sector de las renovables. No es solo una razón climática. La industria de la fotovoltaica es también empleo rural e ingresos fiscales para los ayuntamientos. Pero a la hora de la verdad el engranaje administrativo no funciona.

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A la hora de buscar responsables, los focos se han puesto en el excesivo celo de la Dirección General de Paisaje que maneja Rosa Pardo (Compromís), pero sería injusto no señalar otro cuello de botella, el de la Subdirección General de Energía y Minas, en manos de un alto funcionario José Miguel Cortés que ha trabajado tanto con socialistas como con los populares. ¿Tiene sentido exigir garantías financieras adicionales a proyectos que vienen con el aval correspondiente por el punto de conexión? ¿Qué banco va a inyectar dinero en caja de un promotor que todavía no tiene luz verde administrativa para su parque solar? Es un pez que se muerde la cola y requiere una solución política.

El tiempo corre. El 25 de enero es la fecha marcada el calendario porque muchos de los proyectos que no cuenten con el certificado administrativo correspondiente pueden perder el punto de conexión, según marca el decreto 23/2020 que aprobó el Gobierno para acelerar la implantación de renovables, junto a otras medidas de reactivación económica en plena pandemia. Tres meses después, en abril, toca presentar la autorización administrativa de construcción.

El compromiso del Botànic II era, textualmente, poner en marcha "medidas de soporte a las instalaciones de energías renovables, el autoconsumo ciudadano, comercial e industrial, la simplificación y unificación de trámites administrativos, la bonificación o subvenciones de equipos o acciones de eficiencia energética". Como propósito político quedó muy bien. Pero para hacer un balance positivo casi cuatro años después hace falta mucho más que destacar los buenos propósitos.

Microchips con déficit de cariño

Muy desapercibida pasó el pasado jueves la visita a Valencia de Jaime Martorell, el comisionado del Gobierno para el Perte de los semiconductores, invitado por el grupo de empresas, universidades y centros de investigación que está tratando de articular una propuesta con la que pujar por los más de 11.000 millones de euros que el Gobierno dice que va a poner sobre la mesa de la industria de los chips. Martorell, que hasta hace pocos meses estaba vivienda en Reno (Estados Unidos), ha asumido el reto, casi en clave romántica, de desplegar miles de millones para consolidar en España una industria propia que permita frenar la dependencia de los fabricantes asiáticos.

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El ecosistema valenciano, bautizado como Valencia Silicon Cluster, todavía modesto, quiere aprovechar la enorme bolsa de fondos destinados a la industria del chip poniendo sobre el tapete las que considera que son sus fortalezas: el nivel formación que ofrecen sus universidades técnicas y la experiencia en diseño de producto que tiene las multinacionales ya implantadas como MaxLinear, ams Osram, Bosch, VLC Photonics, Ipronics o Analog Devices. Que luego aparezca alguna iniciativa para colocar una fábrica al estilo de la que el Gobierno ha intentado atraer para Cataluña con Intel (ahora más lejos por la preferencia italiana) ya es otro cantar.

A Martorell lo trataron a cuerpo de rey. Le enseñaron la capacidad potencial como nodo de formación de la Universidad Politécnica, el Instituto de Ciencia Molecular, visitó una por una las empresas instaladas en el área metropolitana valenciana y hasta lo agasajaron con una buena cocina mediterránea. Aunque tuvo a su lado en todo momento a la secretaría autonómica de Industria, Empar Martínez, y se reunió con el director general de Coordinación, Juan Ángel Poyatos, un hombre clave del área de Presidencia de la Generalitat, se echó en falta algo más de cariño de la Administración que preside Ximo Puig. Por no haber, no hubo ni nota de prensa institucional de la visita. Tuvo que ser la Universidad Politécnica de Valencia la que lanzase un resumen de la nutrida jornada.