No pregunten en Alicante por la gigafactoría de Volkswagen

Buen incendio el que se ha montado en el ecosistema político-mediático de Alicante a propósito de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Ya no es solo que la quinta provincia de España por población se haya quedado a la cola de nuevo en inversión pública por habitante, según los cálculos del ’think tank’ de los empresarios locales, Ineca. Apenas recibirán empujón económico el año que viene algunos de los proyectos más demandados, como la conexión ferroviaria con el aeropuerto de L’Altet (a la tercera pista con más tráfico del país no llega ni un cercanías) o el trazado de tren, reivindicado históricamente, por una de las costas con más movilidad del Mediterráneo,

La cicatería presupuestaria ha tenido respuesta casi inmediata de los estamentos locales en una provincia con unas peculiaridades propias dentro de la heterogénea e híbrida Comunidad Valenciana. Empresarios y fuerzas políticas de toda índole se han lanzado a reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez la escasa sensibilidad hacia la provincia. Y los de Ximo Puig, que ha tenido que exteriorizar también en público su malestar (¿y van?), trabajan ahora por la vía parlamentaria del Congreso para intentar colar alguna enmienda que amortigüe el entuerto.

Dicen los empresarios que el déficit inversor viene de lejos y está contribuyendo a “enterrar el futuro” de Alicante. La formulación, bastante hiperbólica, no es sino el reflejo de una sociedad que trata de buscar culpables y explicaciones a la pérdida progresiva de competitividad de su territorio, cuya industria tradicional manufacturera sufrió un importante golpe a finales del siglo pasado como consecuencia de la irrupción de los productos asiáticos en el mercado global.

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V. Romero

Alicante mueve dinero. Mucho dinero. Hay empresarios, sobre todo del sector turístico, que ganan fortunas cada año. Pero el cuarto motor provincial económico de España en términos de PIB tiene un problema importante de productividad. Su renta per cápita (20.116 euros en 2019, según el INE) ocupa el puesto 43 de 50 en la clasificación entre provincias. La presión demográfica y la dependencia del sector servicios especialmente turísticos, que generan menor valor añadido, explican muchos de los déficits en el tejido productivo pese al tradicional espíritu emprendedor alicantino y algunos reductos industriales e innovadores importantes.

La percepción de agravio ha crecido en algunos ámbitos de la sociedad alicantina

En las dos últimas décadas, Alicante ha perdido convergencia con las provincias más ricas del país, Madrid, Guipúzcoa o Barcelona. No tanto con Valencia, pues la diferencia en la última década sigue siendo de unos 4.000 euros per cápita. Que no es poca cosa. Pero una tasa de paro dos puntos más alta, la concentración administrativa en la capital de la autonomía y el abono de un discurso victimista y protocantonalista propiciado por la diferencia en la hegemonía política (PP dominante en Alicante frente a la mayoría de izquierdas en Valencia) han alimentado la percepción de agravio en algunos ámbitos de la sociedad alicantina. El ‘Valencia nos roba’ como mantra, o el enemigo exterior que siempre funciona para calmar conciencias… aunque los PGE dependan de la Moncloa.

El 'Valencia nos roba' queda bien para tranquilizar conciencias, pero no explica los problemas

En ese caldo de cultivo trata de ganar peso el jefe de la oposición en la autonomía y presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, afianzando la provincia como feudo y avanzadilla conservadora alrededor de su partido, tras unos años de dispersión del electorado tradicional del PP hacia Ciudadanos y Vox. A la vez, Alicante es la obsesión política del ‘president’ Ximo Puig, que no logra repuntar en las encuestas en esta provincia pese a dedicar a ella gran parte de su agenda, promover proyectos económicos como la recuperación de la Ciudad de la Luz para distrito digital o 'hub' audiovisual o ensayar una tímida desconcentración de instituciones, como la Conselleria de Innovación, sorteando la posición refractaria a la movilidad del personal funcionario.

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Ana Jover. Alicante

En un territorio tan extenso geográficamente como la Comunidad Valenciana, proyectos considerados estratégicos como la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunto se perciben como lejanos, ajenos a la realidad local. Hay más del doble de distancia entre Alicante y Sagunto (203 kilómetros) que entre Alicante y Murcia (81,5 km). Alicante (con el eje metropolitano Alicante ciudad-Elche) puja ahora por dos de las agencias estatales que el Gobierno ha sacado a subasta territorial para aparentar que ha entendido lo de que hace falta desconcentrar instituciones para equilibrar España: la de Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial Española. A igualdad de calidad de proyectos entre ciudades aspirantes, se equivocará el Gobierno si descarta las opciones alicantinas por considerar que ya tiene bastante la Comunidad Valenciana con el premio gordo de la planta de baterías.

Tras Madrid, Barcelona y Valencia, Alicante es la provincia que más escaños aporta al Congreso de los Diputados, doce, los mismos que Sevilla. En las últimas generales de noviembre del 2019, 4 actas fueron a parar al PSOE, 3 al PP, 3 a Vox, una a Unidas Podemos y otra a Ciudadanos. La mayoría, por tanto, recayó en el bloque de derechas en un momento de fuerte movilización del votante progresista hacia la figura, entonces emergente, de Pedro Sánchez, que ganó las elecciones en el conjunto de España y sumó más escaños con los morados que los tres partidos de la oposición.

Nada tendría que ser igual en las próximas generales. Y, aunque el PSOE ha demostrado tener una cierta resistencia en su suelo de votantes en Alicante, la ausencia de sensibilidad a la hora de programar inversiones consideradas estratégicas en esta provincia no va a ayudarle en nada a cambiar la tendencia de desgaste. La primera estación para testar el ánimo de los votantes serán las autonómicas de mayo. Pero aquí no se examina Sánchez, sino Ximo Puig, que ya no sabe qué hacer en las últimas semanas para quitarse de encima los marrones que le llegan desde Moncloa.