Ribera Salud también se presenta a las elecciones

Tres importantes hospitales comarcales (Denia, Elche-Crevillente y Manises) decidirán la próxima legislatura su modelo de gestión en función de quien gane las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. No es un tema menor. Más de medio millón de personas atienden estos tres centros sanitarios y sus consultorios de primaria, los dos primeros gestionados por la concesionaria Ribera Salud y el tercero, por Sanitas.

Los contratos tienen su origen en el modelo de externalización de la gestión asistencial que el Partido Popular desplegó en la autonomía tras veinte años en el poder, hasta que el cambio político de 2015 llegó acompañado de un giro en la visión del sistema sanitario. El Consell del Botànic de PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos apostó desde el principio por revertir los departamentos de salud a la gestión pública directa. Ante los elevados costes indemnizatorios que podía suponer anticipar la finalización de los contratos, se optó por dejar caer las hojas del calendario para esperar a su caducidad y no conceder prórrogas ni renovaciones.

Alzira fue la primera en caer en 2018. El año pasado le tocó el turno a Torrevieja. Denia y Manises finalizan la concesión en 2024, mientras que Elche-Crevillente espera turno en 2025. El color de la Conselleria de Sanidad tras los comicios en cinco meses decidirá su futuro.

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El alma mater de Ribera Salud, hoy controlada por la francesa Vivalto Santé, Alberto de Rosa, su creador y quien ha estado siempre detrás de las grandes decisiones de la compañía, incluso cuando desde la Generalitat se pidió su cabeza a los americanos de Centene, ha seguido trabajando las relaciones políticas a ambos lados de la orilla. Pero no oculta sus simpatía por el Partido Popular. Su padre fue no de los fundadores de Alianza Popular en la Comunidad Valenciana y su hermano, Fernando, es senador por la formación conservadora. Ahora tiene los huevos puestos en una posible victoria de popular Carlos Mazón, quien ya ha anunciado que encargará una auditoría para estudiar el retorno de la gestión privada a los hospitales valencianos si gana las elecciones y gobierna la Generalitat.

De Rosa ha jugado todas las cartas a su alcance en su pulso con el Consell del Botànic. Además de lanzar una guerra judicial contra la finalización de contratos que por ahora se decanta del lado de la Generalitat, ha gastado importantes sumas en tratar de crear climas de opinión favorables a sus intereses. Recurrió a Albert Rivera para hacer lobby con Ximo Puig cuando el exjefe de Ciudadanos fue fichado por el despacho Martínez-Echevarría, hasta que le enseñaron la puerta por “bajo rendimiento”. Y hasta tiró de la presión de la Embajada de Estados Unidos cuando tenía a Centene en el accionariado para intenta prorrogar los contratos sin éxito.

Ha habido algunos movimientos poco limpios, como la contratación de la joven víctima de abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra en el Hospital de Torrevieja a sabiendas de que las propias normas de finalización del contrato y traspaso de la gestión impedían consolidar a personal temporal. Si Ribera Salud hubiera tenido de verdad vocación de ofrecer un empleo estable a la joven, la hubiera contratado en Denia o en Elche. La sensación es que es buscado, cuando no provocado, el titular de que había sido despedida. A la espera de lo que decidan los tribunales, y pese a los informes fiscales, la propia Oltra no ha dudado en ubicar a De Rosa en una presunta operación de lawfare para liquidar su carrera política. Lo hizo cuando enseño en las Cortes la fotografía de Francisco Camps y De Rosa junto con Cristina Seguí, acusación popular en la causa contra ella, en la estación de AVE de Atocha-Almudena Grandes en Madrid.

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Por su parte, en el equipo de los socialistas de Ximo Puig ha habido dudas en ocasiones sobre la conveniencia o no de liquidar el modelo. No es que la sanidad valenciana tenga urticaria a los conciertos. Los ha utilizado y los sigue utilizando, para resonancias o hasta para tratamientos contra el cáncer a través del Instituto Valenciano de Oncología. Pero la más que segura probabilidad de que la coalición con Compromís o Unidas Podemos sea necesaria si Puig quiere revalidar como presidente deja pocas alternativas a todo lo que no sea desprivatizar la gestión en áreas de salud.

El cambio en el equipo gestor de Alzira, el hospital que en 1997 sirvió de tubo de ensayo al modelo impulsado originalmente por Eduardo Zaplana, ha resultado menos traumático de lo vaticinado por la concesionaria. El grueso de la plantilla ha mejorado condiciones laborales al convertirse en personal a extinguir de la Conselleria de Sanidad, es decir, no estatutario pero con plaza indefinida. Las listas de espera siguen por encima de la etapa de gestión privada, después de que el operador hiciese un importante esfuerzo por acortar sus plazos en el tramo final del contrato para tratar de dejar en evidencia a la Conselleria de Sanidad, pero el área de salud no ha experimentado el alud de quejas y malestar ciudadano que algunos auguraban.

Al contrario, en el caso de Denia han existido reclamaciones sobre carencias asistenciales desde hace años, hasta el punto de que alcaldes de la zona han denunciado reiteradamente cambios en la formulas de gestión. El centro sanitario estuvo controlado por la aseguradora DKV hasta que Ribera Salud se hizo con la mayoría del capital en 2021.

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Las cosas han sido distintas en Torrevieja. Por su ubicación, al sur de la Comunidad Valenciana, la ciudad alicantina es una de las consideradas de difícil cobertura a la hora de estimular la presencia de facultativos. Ribera Salud sorteaba el escaso atractivo de la plaza con la mayor flexibilidad que le daba su política de recursos humanos, mucho menos encorsetada que la del sector público. A base de premios e incentivos lograba elevar la movilidad de profesionales. Con el cambio de gestor y la toma de control por la Conselleria, las quejas por la calidad del servicio han sido mucho más numerosas y visibles, especialmente en el área de urgencias.

Esta conflictividad y los informes de auditoría, como el elaborado por la Sindicatura de Cuentas, que sostiene que la gestión indirecta ofrece más eficiencia económica y de control de los recursos, son los principales argumentos de los defensores del modelo. La mayor estabilidad laboral, una mejor coordinación asistencial por su integración en el sistema público de salud y el control sobre los llamados beneficios ocultos, los que las concesionarias obtienen a través de subcontratar a sus filiales algunos servicios para mejorar los márgenes máximos fijados en la concesión, son las bazas de quienes abogan por el retorno a la gestión directa.

El 28 de mayo se verá qué opción resulta vencedora la próxima legislatura, si la de finiquitar definitivamente el experimento que arrancó en 1997 o la de dejar atrás los ocho años de reversionismo botánico.