El otro azud de Valencia del que nadie habla es el inmobiliario

Se llama Beniviu y es el penúltimo intento de Metrovacesa de ganar apoyos entre los vecinos para tratar de sacar adelante el desarrollo urbanístico del llamado PAI de Benimaclet, uno de los pocos sectores de la ciudad de Valencia pendientes de culminar desde el aprobación del PGOU de 1988. Contempla 1.300 viviendas, oficinas, espacios dotacionales y zonas ajardinadas sobre una superficie de 270.000 metros cuadrados en la frontera norte del municipio.

Quizás como paradoja máxima, Beniviu se ha lanzado en cooperación con la Estrategia Urbana València 2030, una iniciativa dependiente de la alcaldía de Joan Ribó, cuya coalición Compromís ha sido especialmente beligerante contra Metrovacesa. La promotora, dueña del 40% del suelo, ya no sabe qué inventar para convencer a las autoridades de la bondad de sus planes. Lo tiene difícil: los valencianistas han decidido tomar partido por los colectivos de izquierda alternativa, y eso es lo mismo que apostar por el inmovilismo. Desde las azoteas de los edificios circundantes pueden verse los descampados de los solares con sus construcciones de palets y tablones de madera, las parcelas marcadas con somieres y rejas de derribo. Chaletismo 'okupa' consolidado sobre suelo urbanizable, que no es lo mismo que urbanizado. Solo falta girarles el IBI.

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Benimaclet es la mejor expresión de una forma de entender el urbanismo, interesante en cuanto a exigencia de criterios de sostenibilidad, espacios de participación o diseño de hábitats urbanos, pero que en el caso del Ayuntamiento de Valencia ha terminado por adolecer, flagrante en el caso de Compromís, de una muy escasa predisposición a buscar espacios de consenso y soluciones para dar salida a los desarrollos. El prejuicio contra la figura de inversor-promotor y el miedo a la reacción de las propias bases terminan por imponerse. Si a esto se le añade la demora crónica municipal en la tramitación de licencias administrativas, el resultado es un quebradero de cabeza para el sector inmobiliario local y foráneo y alquileres más caros para el ciudadano, preso de la escasa generación de oferta y el aumento de la demanda de uno de los destinos preferidos de los Erasmus europeos.

La situación es ciertamente de estudio. Por su tamaño, dimensión, clima, oportunidades de formación, infraestructuras o acervo cultural, una de la mejores ciudades para vivir del mundo, según diversos estudios, ha sido también esta legislatura una de las más complejas para sacar adelante proyectos de inversión en el inmobiliario, ya sea para vivienda nueva (cuya bolsa está cerca de agotarse) como para oficinas urbanas o espacios terciarios. Y no es por falta de demanda. Quienes están en el meollo, las consultoras que ejercen de puente entre el dinero y la realidad administrativa, aseguran que hay cola invertir en Valencia pero que ese azud, por usar el término hídrico con el que la UCO ha bautizado el conocido caso judicial y sin ánimo de hacer comparaciones, está provocando la fuga de compañías interesadas en buscar ubicaciones alternativas a la saturada Madrid o Barcelona a localizaciones más receptivas, como puede ser Málaga.

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La pelota está sobre el tejado del área de Urbanismo, cuya responsable es la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez. La joven dirigente del PSPV-PSOE se escuda en su posición de minoría en el gobierno municipal, el inmovilismo de Ribó y en la lentitud de la burocracia funcionarial para justificar los atascos.

Ha habido intervenciones urbanísticas más o menos exitosas, como la peatonalización, todavía inacabada del Plaza del Ayuntamientro o las transformaciones de Brujas y la Plaza de la Reina. Gómez ha llegado casi sobre la bocina a la aprobación del plan especial del Cabanyal-Canyamelar (su barrio) que tenía que sustituir al proyecto fallido de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá. Ocho años han pasado desde la anulación. Se ha esforzado en hacer entender que el urbanismo paga el urbanismo y que sin viviendas (que son las que soportan las cargas urbanísticas) no hay jardines, suelo dotacional urbanizado ni campo de fútbol nuevo en Benimaclet. Ha conseguido un acuerdo con los dueños del suelo del PAI del Grao y la Generalitat para encajar el canon envenenado que dejó Francisco Camps con el malogrado circuito de Fórmula 1 y podría presentar esta misma semana o la que viene el nuevo diseño del sector, con el necesario paquete de suelo terciario de oficinas.

Si logra firmar con el Valencia CF de Peter Lim el convenio para el plan de nuevo y viejo Mestalla, Gómez podrá presentarse al 28M presumiendo de haber sacado algunos panes del horno. Pero todos serán en forma de PowerPoint y renders. Máquinas trabajando, ni una. Se echa en falta un balance más caudaloso del equipo del Govern del Rialto.

En definitiva, la percepción en el sector es de frustración, con la sospecha de que no cabe esperar mucho más de la alternativa que representa la popular María José Catalá si, como ha ocurrido en el barrio de la Saïdia-Sant Antoni con la residencia de Merkel Real Estate, la tendencia es jalear a la oposición vecinal para rascar votos incluso aunque cuente con todos los parabienes urbanísticos, como es el caso, sin propiciar acuerdos o alternativas. Demasiado ruido para soluciones tan pobres. De la seguridad jurídica hablaremos la semana que viene.