De Boluda al IVI: todo empieza, pero no acaba, en Luxemburgo

Se publicó el pasado 9 de febrero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y pasó algo desapercibido. Boluda Towage, la filial del Grupo Boluda dedicada a la que ha sido la principal actividad de la familia naviera desde que el patriarca original Vicente Boluda Marí fletó los primeros remolcadores en el Puerto de Valencia, ya no domicilia el grueso de su base accionarial en España. Boluda World Tug's, la que era su sociedad accionista, ha pasado a tener como socio único una mercantil con base en Luxemburgo denominada Boluda Towage Holding.

No es que el empresario Vicente Boluda haya dejado de ser el dueño, es que Mediterranean Shipping Company (MSC) exigió crear esa estructura luxemburguesa para entrar en el capital de la compañía española de remolcadores. Así fue como Boluda Corporación Marítima, con el fin de desactivar la intrusión de MSC en el sector del remolque de buques en los puertos, traspasó el 100% de las acciones desde la sede social de Madrid al pequeño país centroeuropeo para cederle un porcentaje minoritario al gigante con domicilio fiscal suizo y alma italiana que todavía timonea el octogenario Gianluigi Aponte.

Sin ser el ejemplo típico, el caso de Boluda-MSC es uno más de los movimientos corporativos y de inversión en España protagonizados por empresas o fondos de capital multinacionales que han tenido Luxemburgo como pista de aterrizaje y despegue. Razones puede haber varias, pero a nadie escapa que la de la fiscalidad es suficientemente poderosa como para crear una escala intermedia en la estructura societaria que acompaña muchas de las operaciones internacionales en los últimos lustros, aunque sea dentro de la propia Unión Europea.

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El esquema ha sido muy similar para el despliegue de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto vía PowerCo o en el multimillonario traspaso al fondo americano KKR del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), como ya detalló este periódico.

Todavia están por completarse algunos pasos en la absorción del IVI, pero pueden apostar a que el sistema no será muy distinto al habitual: se crea una sociedad limitada en España con capital mínimo para hacer los papeles de la compraventa, pero se canaliza todo el movimiento financiero a través de un grupo de sociedades luxemburguesas. Las mercantiles matrices del Gran Ducado realizan operaciones de préstamo a su filial española para realizar los pagos a cambio de un tipo de interés, normalmente generoso. De esta forma, los posibles dividendos que arroje la empresa participada acaban muchas veces centrifugándose en forma de gastos financieros. La Agencia Tributaria solo interviene para poner orden en el impuesto de sociedades cuando detecta que los préstamos se hacen con tipos muy por encima del mercado.

Así es, por poner otro ejemplo, como el neoyorquino Blackstone tiene diseñado su entramado de inversiones en el ladrilllo en España. Su maraña de socimis y sociedades inmobiliarias (Testa, Fidere, Euripo, Albirana, Anticipa…) empieza, aunque no termina, en el Gran Ducado luxemburgués, con sociedades de cartera como Tethys Investment, Columbus Investment o Tropic Holdco. Y si se sigue tirando del hilo no es difícil encontrar conexiones con islas con nombre de Caimán o Vírgenes. Todo es ponerse y dedicar tiempo y recursos.

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Nada que sea ilegal, claro; absténganse los dircoms con exceso de celo protector. Pero sí revelador del problema que la Unión Europea tiene en materia de armonización fiscal. Mientras en España debatimos sobre si el impuesto de sucesiones y el de patrimonio deben equipararse a nivel autonómico o si lo que hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid es 'dumping' fiscal, en el corazón de Europa alguien con los conocimientos o los contactos adecuados puede crear una Soparfi (sociedad de participaciones financieras) en Luxemburgo y ahorrarse una buena cantidad en impuestos a la hora de repatriar fuera del paraguas europeo los dividendos obtenidos de sus inversiones.

A raíz de escándalos como el Luxleaks, que reveló acuerdos secretos en materia fiscal de las autoridades luxemburguesas con más de trescientas compañías transacionales, las autoridades comunitarias se comprometieron a taponar lo que a todas luces se había convertido en un agujero tributario para la UE. Por supuesto que el Ecofin nunca pondría a uno de sus miembros en la lista de paraísos fiscales. Luxemburgo no lo es formalmente, aunque organizaciones independientes como Tax Justice Network cifran en más de 30.000 millones de dólares el perjuicio para otros países que provoca el modelo fiscal del Gran Ducado.

Quizás sea todo una exageración, y al final de lo que estamos hablando es de evitar dobles imposiciones y de eso que en la bufetes legales de nombres compuestos llaman, sencillamente, "optimización fiscal". Pero a este columnista no dejará de llamarle la atención cada vez que un fondo internacional prefiera asentarse en Luxemburgo para invertir en España, Francia o Alemania, antes que hacerlo en el país de destino. Llámenlo suspicacia fiscal.