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Zaplana y la resaca de Erial: ¿Y ahora qué hacemos con las ITV valencianas?
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Víctor Romero

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Zaplana y la resaca de Erial: ¿Y ahora qué hacemos con las ITV valencianas?

Los pragmáticos ya se lo susurran al oído al ‘president’ Mazón: devolver las estaciones a manos privadas no sería el fin del mundo. Pero la sentencia de Erial pesa como una losa

Foto: Eduardo Zaplana. (Rober Solsona/Europa Press)
Eduardo Zaplana. (Rober Solsona/Europa Press)
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Nos prometieron un futuro brillante, con la precisión de un reloj suizo. Pero la realidad, como tantas veces ocurre, ha sido más parecida a un reloj de arena… al que se le ha roto el vidrio. Cuando el Botànic decidió, en 2023, poner fin a las concesiones privadas de las ITV en la Comunidad Valenciana, parecía que nos habían entregado el Santo Grial de la transparencia y la justicia social. Las estaciones de inspección, hasta entonces en manos privadas, pasarían a la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL), que no iba a dejar ni una sola tuerca fuera de sitio. La promesa era clara: eficiencias teutónicas, tarifas moderadas, cero corrupciones y beneficio neto para la Administración. Sin embargo, al igual que tantas epopeyas prometidas, la realidad ha resultado tener un aire bastante menos heroico

En vez de esa maquinaria bien ajustada que nos habían vendido, lo que tenemos es un aparato que, en su mejor momento, apenas se las apaña para no romperse. Las listas de espera se mantienen en los 20 días de media, mientras los problemas técnicos y la falta de recursos se multiplican.

Este embrollo tiene raíces profundas. Para entender la situación actual, hay que remontarse a los dorados años noventa, cuando Eduardo Zaplana, en su papel de presidente de la Generalitat y liberal para el cambio con cargo al presupuesto de todos, decidió privatizar las estaciones de ITV. La promesa de modernización y eficiencia resultó ser una fachada que encubría una trama de sobornos y amaños. Ese episodio dejó una cicatriz en la política valenciana que persiste y persistirá como consecuencia de la condena al exministro de Trabajo con José María Aznar, que acaba de fallarse.

Nos preguntamos ahora, con un toque de resignación cómica: ¿Y ahora qué hacemos con las ITV valencianas?

Los 31 millones de euros que Applus pagó a la familia Cotino por el 'pase' de la concesión, amañada y luego vendida, son el reflejo de esa época en la que el territorio valenciano se convirtió en un laboratorio de experimentos privatizadores.

Foto: El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana. (EFE/Ana Escobar)

Applus, como muchas otras concesionarias despojadas de su negocio, ha vuelto a llamar a la puerta del Consell. Carlos Mazón, que estaba allí en aquellos años como joven director general, aunque nunca resultó implicado en el caso, ha sido contundente en público. “No está en mis planes privatizar”, aseguró en su conferencia en Foment del Treball en Barcelona cuando fue interpelado a cara descubierta por una directiva de la concesionaria catalana. Pero por lo que ha deslizado en círculos más discretos, en su fuero interno, Mazón cree que la privatización es la opción más práctica, y quizá más eficiente. El problema es que el nombre de Zaplana, su antecesor, sigue resonando y el terreno es pantanoso. Volver a privatizar es como caminar sobre vidrios rotos. La sentencia de Erial pesa como una losa sobre la espalda.

La consellera de Industria, Nuria Montes, ha estado haciendo malabares. No ha sido pasiva en su gestión. Ha tratado de reducir los tiempos de espera y optimizar la operativa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los problemas estructurales persisten. Intentar enderezar este barco no es como ajustar tornillos; lleva tiempo, esfuerzo y, sobre todo, más recursos de los que ahora mismo tiene el Consell.

Frente a las dificultades que afronta SITVAL, surge una pregunta que pocos quieren formular en voz alta: ¿es viable mantener este modelo público tal como está? El servicio necesita mejoras urgentes.

Las ITV no son un servicio esencial como la sanidad o la educación. Es un servicio técnico y regulatorio que, bien gestionado, podría funcionar también en manos privadas, siempre que exista un control riguroso y el business, los beneficios económicos de su actividad, no termine engrosando solamente la cuenta de resultados de los concesionarios, como ocurría con el modelo Zaplana cuando las inversiones estaba ya bien amortizadas.

Foto: Eduardo Zaplana, junto a la Ciudad de la Justicia de Valencia. (EFE/Manuel Bruque)

Los pragmáticos ya se lo susurran al oído al ‘president’: devolver las ITV a manos privadas no sería el fin del mundo, siempre y cuando se haga bajo unas condiciones claras y con un control adecuado.

Sin embargo, ahí está la historia, el gran problema de fondo. Porque si el modelo público sigue mostrando su peor cara, surgirá la sospecha de siempre: ¿no se estará dejando que SITVAL se degrade deliberadamente para justificar una privatización futura? Ya sabemos cómo funciona el relato; dejar que algo se pudra lo suficiente para vender la solución como un mal necesario.

No se trata de ideología, sino de sentido común. Con SITVAL gestionando un total de 47 estaciones y realizando más de 1,8 millones de inspecciones al año, la pregunta es clara: ¿Puede mejorar su operativa y ofrecer el servicio que los valencianos necesitan? Si la respuesta es afirmativa, entonces el Consell debe comprometerse a introducir los cambios necesarios. Si no mejora, será inevitable considerar otras opciones, incluyendo la privatización, pero solo si se hace bajo condiciones claras, con transparencia y control.

La opción del nuevo concurso exigirá un enfoque híbrido, uno en el que el control público pueda coexistir con la (presunta) eficiencia privada. Un modelo donde lo mejor del sector privado se combine con una supervisión rigurosa del sector público, donde las reglas del juego sean claras y se impida el abuso. Porque, al final, lo que la ciudadanía necesita es un servicio de calidad que funcione, sin promesas grandilocuentes ni retrocesos disfrazados de avance.

Los valencianos no necesitan promesas rotas ni debates interminables. Lo que necesitan es que alguien arregle de una vez este desaguisado. Y para eso, hay que ser pragmático. Mantener el actual modelo público sin mejoras importantes no parece viable, pero tampoco lo es regresar a la privatización sin haber aprendido de los errores del pasado. El reloj corre, y las ITV valencianas no pueden esperar mucho más. Mazón y Montes tendrán que moverse rápido, pero también con cautela. Porque, al final, de tanto titubear, podrían acabar con una ITV que no funciona y una privatización que nadie se atreve a defender abiertamente.

Nos prometieron un futuro brillante, con la precisión de un reloj suizo. Pero la realidad, como tantas veces ocurre, ha sido más parecida a un reloj de arena… al que se le ha roto el vidrio. Cuando el Botànic decidió, en 2023, poner fin a las concesiones privadas de las ITV en la Comunidad Valenciana, parecía que nos habían entregado el Santo Grial de la transparencia y la justicia social. Las estaciones de inspección, hasta entonces en manos privadas, pasarían a la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL), que no iba a dejar ni una sola tuerca fuera de sitio. La promesa era clara: eficiencias teutónicas, tarifas moderadas, cero corrupciones y beneficio neto para la Administración. Sin embargo, al igual que tantas epopeyas prometidas, la realidad ha resultado tener un aire bastante menos heroico

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