Las ayudas directas apremian en la zona cero de la DANA

Aunque ya han pasado casi dos meses desde el fatídico 29 de octubre, todavía es pronto para cuantificar con rigor el impacto económico de la DANA que azotó sobre todo la provincia de Valencia. Conforme se vaya disponiendo de más información, será posible rebajar el elevado grado de incertidumbre que existe en las estimaciones hasta ahora realizadas, pero lo que hasta ahora sí sabemos es la importante dimensión económica y demográfica de la zona afectada.

Si nos centramos en los municipios de la llamada zona cero (los 15 más afectados), sus 265.044 habitantes suponen el 10% de la población de la provincia de Valencia. Las 15.752 empresas instaladas representan el 8,9% del total de la provincia y generan un valor añadido bruto de 5.297 millones de euros, lo que supone el 8% del PIB de la provincia. En términos de puestos de trabajo, en esa área trabajan 92.174 empleados, el 8% del territorio. Si ampliamos el foco del análisis a los 89 municipios afectados, según los decretos aprobados con objeto de solicitar ayudas (sin incluir la capital, que tuvo 8 pedanías afectadas), estamos hablando de más de un millón de habitantes (40% de la provincia), 63.182 empresas (35,6%), 20.107 millones de VAB (29,7% del PIB de la provincia) y 353.507 empleados (30,7%).

Pero una cosa es la dimensión de la zona afectada y otra los daños causados por la DANA, que son de dos tipos que conviene diferenciar: sobre el capital existente y sobre los flujos de renta y empleo. Los primeros son de una magnitud mucho mayor que los segundos en los primeros momentos, ya que la riada ha causado daños millonarios al destruir capital privado (empresas y hogares) y público (infraestructuras).

En el primer caso, utilizando las estimaciones de Cámara Valencia y de AVA-Asaja, la cifra se eleva a algo más de 13.000 millones de euros, lo que supone en torno al 17% del stock de capital privado estimado de la zona afectada.

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En el caso de los flujos, diversas instituciones han estimado el impacto en términos de PIB. Así, la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana estima que la DANA resta unos 900 millones de euros al PIB de 2024. En el caso de Caixabank y el Banco de España, la cuantía está en torno a los 800 millones de euros, ya que estiman el impacto en dos décimas menos de crecimiento del PIB de España del cuarto trimestre. Por tanto, es un impacto reducido que no llega al 0,6% del PIB anual de la Comunidad.

En el caso del empleo, los datos más recientes disponibles de trabajadores en ERTE es de 30.770 en 2.832 empresas, lo que supone el 2,6% de los afiliados de la provincia de Valencia. No obstante, en los municipios de la zona cero, el porcentaje aumenta al 7,2% y en algunas ramas llega al 34% (es el caso de la hostelería).

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Esta es una síntesis de algunos de los datos que hasta ahora se conocen del impacto económico de la DANA en Valencia y a partir de esta información se pueden realizar algunas reflexiones que detallo a continuación:

1. La zona afectada tiene una dimensión demográfica y económica considerable, en términos de población, renta y empleo, pero también de riqueza en forma de capital. Es en esta última variable donde los daños son más cuantiosos, por lo que es en el capital de las empresas, de las administraciones públicas y hogares donde hay que poner el foco de la reconstrucción. El mantenimiento del empleo y la renta depende de la rápida reconstrucción de esos capitales.
2. Es necesario disponer de un sistema de indicadores que permita una estimación lo más real posible de los daños causados, para así aprobar el importe de las ayudas que permita reconstruir los capitales perdidos. Cuando mayor sea el porcentaje de la capacidad productiva restaurada, mayor será la probabilidad de regresar al nivel de actividad previo a la catástrofe.
3. Es importante distinguir entre las ayudas a fondo perdido y las que aportan liquidez, pero que hay que devolver. Las dos son importantes y se complementan, pero deben ser las primeras las más cuantiosas y proporcionales a los daños producidos. De momento, las ayudas aprobadas en forma de subvenciones cubren un porcentaje reducido de la pérdida de riqueza. Así, de los 16.600 millones que hasta ahora ha movilizado el Estado, 5.000 son avales para pedir préstamos bancarios (que hay que devolver) y 3.500 los aporta el Consorcio de Compensación de Seguros (cuyo fondo financian los asegurados). Por tanto, el esfuerzo público en ayudas a fondo perdido se queda en 8.100 millones, es decir, menos de la mitad del total. La cifra está muy por debajo de las pérdidas estimadas, que solo en el tejido empresarial superan los 13.000 millones. El Estado debería hacer un esfuerzo superior y proporcional a las pérdidas sufridas, máximo teniendo en cuenta que el Gobierno valenciano parte de una peor situación por su alto nivel de endeudamiento que en gran parte se debe a la infrafinanciación sufrida durante demasiados años.
4. Aunque las administraciones públicas han estado a la altura de las circunstancias en la reconstrucción de infraestructuras públicas (en algunos casos en tiempo récord), hay margen de maniobra para mejorar en la velocidad a la que las ayudas en forma de subvenciones llegan a la población. La burocracia sigue siendo pesada y los protocolos de actuación mejorables. Hay que aprender de las prácticas que se han utilizado en el sector privado. La rapidez en la concesión de ayudas no es incompatible con un control ex post que audite el proceso.
5. Los catastróficos daños materiales de la DANA acrecientan la percepción de los riesgos que se asumen en zonas inundables. Si queremos minimizar el impacto que puede tener en la confianza del inversor, hay que adoptar medidas preventivas lo antes posible, algo necesario para evitar la deslocalización de la inversión.

* Joaquín Maudos es director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.