¿Por qué debe preocuparnos la deuda autonómica valenciana?

La Generalitat Valenciana tiene una deuda próxima a los 60.000 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Para valorar cuánto significa este endeudamiento basta con poner un ejemplo: equivale al total de ingresos que el sector público valenciano es capaz de obtener durante tres años consecutivos. ¿Somos realmente conscientes de las implicaciones financieras de esta situación?

La teoría económica justifica el endeudamiento público siempre que sea para financiar inversiones en activos productivos (infraestructuras, capital humano o investigación) que tengan rendimientos económicos a medio y largo plazo y beneficien tanto a la población actual como a futuras generaciones, repartiendo así en el tiempo el coste de la inversión inicial. Pero ¿ha sido esta la causa del endeudamiento valenciano? Durante los últimos 15 años el incremento de la deuda pública valenciana ha sido de casi 3.000 millones de euros al año, la mitad de los cuáles han tenido como destino la financiación de gastos corrientes que nada tienen que ver con inversiones productivas para la economía. Y todo ello con un gasto público por habitante que se sitúa en torno al gasto medio del conjunto de comunidades autónomas. Por tanto, si no se ha gastado en exceso, la acumulación de deuda es consecuencia de un Sistema de Financiación Autonómica (SFA) fallido que ha dotado a la Comunitat de unos ingresos por habitante un 10% inferiores a la media de las comunidades de régimen común y que no cubrían sus necesidades de gasto, generando así un déficit que se repite año tras año.

Como le sucede a cualquier particular con sus préstamos, la Comunitat Valenciana tiene que devolver tanto el principal como los costes financieros asociados a esta deuda. En el primer caso, los vencimientos de deuda con entidades financieras han sido atendidos mediante la firma de nuevos préstamos con el Estado (lo que se conoce como FLA). Es decir, la Comunitat ha pagado la deuda bancaria recurriendo a un tercero, en este caso con el único que nos sigue prestando dinero: el Estado. Por este motivo, en 2025 más del 90% de la deuda valenciana es con el Gobierno Central. Sin embargo, y pese a las buenas condiciones financieras del FLA, la subida de los tipos de interés ya afecta considerablemente a las cuentas públicas valencianas. Si en 2016 se pagaron 350 millones en concepto de intereses por la deuda (0,9% de interés medio), en 2025 se han presupuestado más de 1.000 millones de euros (el coste medio ya supera el 1,5%). Esto significa que el pago de los intereses que genera la deuda valenciana cada año es equiparable al coste de las universidades públicas valencianas o al doble de lo que la Generalitat ejecuta en políticas económicas vinculadas con la innovación, industria, comercio y turismo.

La Generalitat Valenciana está a expensas de la política financiera definida por el Gobierno Central, ya que su nivel de endeudamiento y sus bajos ingresos le impiden acudir a los mercados internacionales. En la actualidad la Generalitat solo obtiene financiación para atender a los vencimientos de su deuda (lo que se conoce como refinanciación), para financiar el exceso de gasto autorizado por el Gobierno (a través del FLA ordinario) y, por el momento, también el exceso de déficit que incurre año tras año y que supera a los objetivos fiscales fijados (FLA extraordinario). Todo esto, con los tiempos y formas que marque la Administración Central.

Las repercusiones de esta falta de autonomía financiera son importantes y tienen su reflejo en que muchas veces no se tiene la liquidez necesaria para atender correctamente a sus obligaciones de pago, afectando así a la economía valenciana. Veamos dos ejemplos muy claros. Por un lado, en 2024 la Generalitat tardó en pagar a sus proveedores 44 días tras la recepción de la factura (frente a los 17 días de Galicia y los 22 de Cantabria y País Vasco) trasladando así esa falta de liquidez directamente al sector privado. Y por otro, la Generalitat no ha tenido capacidad financiera necesaria para actuar de forma inmediata ante una situación extraordinaria como la DANA, siendo totalmente dependiente de la financiación que recibió por parte del Estado mes y medio después de producirse los daños (700 millones en diciembre) y cuatro meses más tarde (2.364 en marzo). En definitiva, en términos financieros estamos atados de pies y manos.

Recientemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, reconociendo así el sobreendeudamiento que registraron las comunidades en la crisis financiera de 2009. Según la propuesta del Ministerio de Hacienda, a la Comunitat Valenciana le corresponden 11.210 millones de euros de condonación, lo que significa el 19% de su actual deuda. Sin embargo, es importante advertir que la deuda valenciana vinculada al mal funcionamiento del SFA asciende a 46.099 millones de euros: 21.944 millones como consecuencia de la crisis financiera (infrafinanciación colectiva) y 24.155 millones por una financiación per cápita inferior a la media regional (infrafinanciación relativa).

Que el Ministerio de Hacienda plantee la condonación de la deuda asociada al SFA es un avance, pero de nada sirve si los criterios para llevarla a cabo no tienen en cuenta tanto la infrafinanciación colectiva como la relativa. El volumen de condonación propuesto para la Comunitat apenas cubre el 24% de la deuda valenciana causada por la infrafinanciación que sufre del SFA, mientras que a otras comunidades se les perdona más del 50% de este endeudamiento. Si el objetivo de la condonación era normalizar la situación financiera de las comunidades autónomas y facilitar su acceso a los mercados financieros, no nos engañemos, esto no se va a cumplir para la Comunitat Valenciana.

Además, cualquier condonación de deuda no tiene sentido si no va acompañada de una reforma del SFA que elimine las diferencias de financiación per cápita existentes entre comunidades. Sin un cambio global del SFA (o al menos de forma temporal mediante una transferencia adicional para las regiones infrafinanciadas), la Comunitat Valenciana seguirá teniendo un déficit de financiación de más de 1.300 millones de euros anuales, a lo que hay que añadir la obligación de hacer frente a los crecientes costes financieros de una parte de su deuda que debería estar en poder de la Administración Central. Por tanto hay argumentos sólidos que justifican que la deuda autonómica debe preocuparnos y mucho para mejorar el bienestar presente y futuro de los valencianos.

* Juan Pérez Ballester es economista del Ivie