Del caos de la regularización de inmigrantes y de por qué Zapatero debería enviar a Caldera a su casa

Que la inmigración es un problema político –además de económico y social- de la mayor importancia en cualquiera de los países de la Unión Europea lo demuestra el hecho de que se haya convertido en el principal topic de discusión entre laboristas y conservadores de cara a las próximas elecciones generales británicas, en las que Tony Blair aspira a lograr su tercera reelección consecutiva.

El asunto es particularmente importante, y preocupante, en un país como el nuestro, que de ser un espacio sin extranjeros está pasando en unos pocos años a recibir una riada de inmigrantes imprescindibles para la continuidad de nuestro desarrollo económico, cierto, pero también fuente de problemas sin cuento en todos los órdenes, social, educativo, sanitario, etc.

Por eso no deja de ser llamativo el relativo apagón que el asunto merece desde hace semanas en los medios de comunicación, seguramente debido al impacto de problemas de aparente mayor enjundia, con el que plantean los nacionalismos catalán y vasco. Y, sin embargo, entre los mensajes triunfalistas del ministro Caldera en torno al proceso de regularización en marcha, y las proclamas catastrofistas de la oposición, los ciudadanos no sabemos realmente qué está pasando de verdad al respecto.

El Gobierno, tan sobrado de gesto como siempre, aseguró que terminaría con la inmigración ilegal regularizando hasta 800.000 nuevos inmigrantes, comprometiéndose, además, a lograr un Pacto de Estado con fuerzas políticas y agentes sociales, destinado a pactar los aspectos fundamentales del problema y su tratamiento. Olvidémonos de la también prometida creación de una Agencia Española de Migraciones, amén de unas Oficinas de Contratación en los países de origen, por no citar la mejora del control de fronteras.

Todas y cada una de esas promesas parece habérselas llevado el viento, que en Tarifa sopla particularmente fuerte. Las 800.000 regularizaciones prometidas por la vice Fernández de la Vega quedaron reducidas la semana pasada a 700.000, aunque el viernes pasado el ínclito Caldera, antaño tan justamente escandalizado con los incumplimientos del Gobierno Aznar, lo dejó reducido a medio millón “largo”. Van pasando los días y parece evidente que muchos empleadores e inmigrantes prefieren seguir sumergidos.

En el ínterin, estamos asistiendo a procesos tan abracadabrantes como el famoso empadronamiento “por omisión”, algo que debería obligar al presidente Zapatero a enviar al ministro Caldera a su casa. La pelota se pasó a los Ayuntamientos, que debían decidir por su cuenta qué documento era o no válido para el proceso. ¿La consecuencia? Caos, imprevisión y desconcierto. Las bromas han llegado hasta la barra del bar. Vale una entrada de cine, el ticket del autobús, y hasta la fecha de caducidad de un yogur, en el bien entendido de que quien se lo zampó fue el inmigrante portador de la tapa. Se aceptan papeles a unos que se rechazan a otros. Todo impropio de un país serio, donde rige el principio de la seguridad jurídica.

Resulta penoso observar la deriva a la que el inveterado sectarismo del Gobierno ha conducido un problema en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Porque la mayoría de los españoles, de derechas y de izquierdas (salvo los progres irredentos partidarios del “puertas abiertas”), están de acuerdo en que España, incluso desde el punto de vista cultural, necesita de la inmigración. Lo único que pide, que ha pedido la derecha, es que se regule el proceso, que sea el Gobierno quien marque su ritmo, en lugar de resultar arrollado por el mismo.

Algunos denuncian un aumento significativo del número de inmigrantes ilegales, consecuencia del “efecto llamada”, y llegan a afirmar que hoy hay en España más inmigrantes clandestinos que los que había antes del comienzo del proceso de regularización. De modo que tal vez sea ya demasiado tarde para arreglar los desperfectos, pero habría que pedirle al Gobierno ZP un particular derroche de sentido común en este asunto. Por favor, no jueguen con las cosas de comer. Este no es un tema de derechas ni de izquierdas. Es un problema de todos.