El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo

La historia es conocida, aunque merece ser recordada, siquiera a grandes rasgos, para que tanta ignominia no caiga en el olvido. Tuvo su origen en la invasión de Kuwait por Sadam Husein, lo que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los invasores y volver a instalar a la familia Al Sabah al frente del emirato. Solo al final de la guerra se supo que, además de los pozos de petróleo, habían ardido algo así como 55.000 millones de pesetas de la época que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en las cuentas de su filial española, el Grupo Torras. Resulta que una buena parte de aquella cantidad se utilizó para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, en concreto para permitir que los aviones de la USAF pudieran utilizar las bases españolas para repostar en sus periplos al Medio Oriente. Al menos esa es la excusa que los sinvergüenzas de turno pusieron para sacarle los dineros a KIO.

La nueva rama de los Al Sabah que tras la retirada iraquí se instaló en el emirato pronto se dio cuenta del timo y procedió a querellarse en Londres y Madrid contra el presidente de KIO, Fahad Mohamed Al Sabah, miembro de la familia reinante, que ovejas negras hay en todas partes, contra su primer ejecutivo, Fouad Khaled Jaffar, y contra el presidente de Torras en España, Javier de la Rosa, quien, en declaración jurada ante la Corte de Londres reconoció en su día haber entregado a Manuel Prado y Colón de Carvajal hasta 160 millones de dólares, de los que el propio manco ha reconocido en sede judicial haber recibido 100 millones –en dos entregas de 80 y 20- de nada, algo así como 15.000 millones de pesetas de la época, recepción que justificó como “el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para De la Rosa”.

Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa del Rey, a quien un día el Monarca pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del Paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:

-Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número del Paseo de la Castellana y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias.

-Pero bueno –quiso saber Sabino, despistado- ¿no hay que decir de qué se trata?

-No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

Y dicho y hecho. Fernández Campo cumplió su misión, certificando que el dinero había llegado a su destino. La gente más enterada de entre el madrileñeo nuestro de cada día se las prometía felices maquinando cómo se las iban a ingeniar los Tribunales para hacer como que juzgaban sin que saliera a relucir la figura que bajo ningún concepto tenía que salir por ser tema tabú. ¡Ingenuos!

Tras años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Gómez Bermúdez, condenó el 23 de junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida Manuel Prado y Colón de Carvajal, nacido en Quito y con residencia en Suiza, ex diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar los dineros privados del Rey, en este caso Juan Carlos I.

Los juicios celebrados a cuenta de las distintas piezas que componían el caso KIO se han convertido en una gran farsa, representación de esa escopeta nacional que ha supuesto la obligación legal de condenar al dante y la necesidad real de dejar que el tomante se vaya de rositas. En otras palabras: cinco años y dos meses a De la Rosa por regalar 80 millones de dólares de dinero ajeno, y solo un año para Manolo Prado por embolsarse sin la menor explicación ese mismo dinero ajeno. Justicia a la española.

Todos los condenados plantearon recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal (ponente Luis-Román Puerta) dio a conocer su fallo el pasado viernes, 21 de septiembre, fallo que, como todas las cosas trascendentes que ocurren en la España anestesiada, ha pasado de puntillas ante la opinión pública. Básicamente el tribunal ha ampliado la sentencia para Javier de la Rosa a siete años de prisión, leña al mono que es de goma, que ya se sabe que el único corrupto que ha existido en la Historia de España se llama Javier y se apellida De la Rosa, elevando igualmente la condena de Jorge Núñez a cinco años de cárcel, mientras que confirma las de Folchi, y el añito al diplomático Prado y Colón de Carvajal.

Entre los cinco magistrados de la Sala figura el ínclito Enrique Bacigalupo, juez de procedencia argentina que ha dado a la Justicia española tardes de gloria tan sonadas como la condena de Javier Gómez de Liaño, caso Sogecable (es decir, Jesús Polanco), por una supuesta prevaricación que, en ausencia de pruebas, él, experto psicólogo como tantos argentinos, fue capaz de detectar infiltrándose hábilmente en el cerebro del denunciado. Siempre arrimado al árbol del PSOE y con concomitancias más que evidentes con el grupo de prensa que acabó con la carrera de Liaño, su presencia en el tribunal resultó decisiva para que tan injusta condena se hiciera carne. Y ahí sigue, firme en el Supremo, siempre dispuesto para los trabajos especiales, sin que el CGPJ haya tenido a bien considerar su escasa adecuación para pertenecer a tan alto Tribunal.

Pues bien, ocurre que el gran Bacigalupo se ha aparecido de nuevo en carne mortal para rescatar del oprobio a Manolo Prado con esta sentencia (200 folios). Porque resulta que el tribunal, que ha desechado la práctica totalidad de los motivos de casación alegados por el resto de condenados, ha tenido a bien estimar dos de los tres presentados por Prado (vulneración del principio de presunción de inocencia, y del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías...!), rechazando el tercero que reclamaba la prescripción. Y ahí ha surgido el audaz Bacigalupo, formulando un voto particular según el cual “el Magistrado que suscribe discrepa del fallo de la sentencia de la mayoría, por entender que debió ser estimado el motivo tercero del recurso de Don Manuel Prado y Colón de Carvajal y, consecuentemente, declarar la prescripción de la acción penal de acuerdo con los arts...”

Don Enrique, en suma, quería y quiere a don Manuel en la calle, limpio de polvo y paja, que aquí no ha pasado nada. En la calle y a disfrutar de los 100 millones birlados al moro Muza, o de las migajas que hayan ido a parar a su orilla. Prado, por cierto, era la persona a la que el ex presidente Felipe González se refería cuando, frente a Sabino Fernández Campo, advertía: “¡Y dile a Manolo que se conforme con el 2%, porque cobrar el 20% es una barbaridad...! Aludía Felipe a las supuestas comisiones del petróleo importado por España de algún país árabe. Estas son las cosas que deberían preocupar seriamente a la institución monárquica y a sus defensores, algunos tan novedosos como escandalosamente interesados, más que la quema callejera de cuatro retratos por parte de cuatro patanes maleducados.