¡Malditos bastardos!

Semana de infarto. Miedo a mansalva. Situación que muchos economistas de prestigio describen como próxima al colapso. Y sensación generalizada de que el mal ya está

Semana de infarto. Miedo a mansalva. Situación que muchos economistas de prestigio describen como próxima al colapso. Y sensación generalizada de que el mal ya está hecho y no hay freno capaz de parar la deriva de esta locomotora hacia el precipicio. Los mercados siguen empeñados en cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, hipótesis que se ha visto contrastada por el aumento de la prima de riesgo de nuestra deuda. El diferencial con el bono alemán ha llegado a rebasar los 200 puntos básicos, a pesar del plan de ajuste presupuestario presentado por el Gobierno de Rodriguez Zapatero hace justo un mes. Los especuladores, esos “malditos bastardos” que dicen en las deprimidas filas socialistas, no acaban de creer en las buenas intenciones del genio de León, de modo que la amenaza de una crisis de deuda no solo no ha desaparecido, sino que puede intensificarse en el corto plazo. 

En realidad son legión los convencidos de que España no va a poder hacer frente en los próximos 18 meses a sus compromisos, por lo que la sombra alargada de la suspensión de pagos parece ya llamando a la puerta del gran fondo de rescate que por importe de 750.000 millones creó la UE de la nada, porque polvo de momento es, para socorrer a los pigs del sur de Europa. El Financial Times Deutschland lo puso el viernes negro sobre blanco, obligando a La Moncloa a salir a desmentirlo. Puertas al campo. Las cosas son más simples, aunque para quienes tratan de enmarañar la realidad con conspiraciones astrales puedan parecer complicadas. El juego entre los Estados y los inversores se puede definir como un “equilibrio múltiple”. Aunque el endeudamiento de un país no sea demasiado alto en términos comparados, caso de España, los inversores pueden cuestionar su capacidad de pago si no se producen dos condiciones básicas, íntimamente relacionadas: la generación de ingresos para hacer frente a sus obligaciones, lo que implica que la Economía tiene que crecer a ritmo bastante, y la aplicación de un recorte sustancial y creíble del binomio gasto/déficit público. Si esas dos situaciones no se producen de forma paralela, la reducción del endeudamiento del sector público no sólo será misión imposible, sino que, por contra, el agujero seguirá aumentando.  

Más que de una paradoja se trata de una auténtica parajoda. Las razones son, también, bastante claras. Quien pertenezca a la cofradía del muy ilustre John Maynard Keynes, sostendrá contra viento y marea que el recorte del gasto del sector público reducirá inevitablemente el crecimiento de la economía y por tanto los ingresos tributarios, lo que se traducirá en un incremento del déficit y la deuda. Pero si uno se ha liberado del cliché keynesiano y cree en el impacto expansivo de una política fiscal disciplinada, y ello porque la disminución de las necesidades de financiación del Estado libera recursos para el consumo y la inversión privada y porque, además, las familias y las empresas descuentan una menor carga tributaria futura y en consecuencia gastan e invierten, entonces no temerá la llegada de ese apocalíptico binomio que forman déficit y deuda. Pero para mantener alejado ese fantasma es condición sine qua non que el sistema financiero, bancos y cajas, funcione con normalidad, y que se apliquen reformas estructurales capaces de estimular la economía. Porque, en caso contrario, el recorte del trinomio gasto/déficit/deuda se vuelve tarea abocada al fracaso.

Esta es exactamente la situación de la Economía española. Por un lado, el mercado de crédito sigue severamente dañado y sin expectativas de mejora. Es más, podría deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando algunas cajas de ahorro empiecen a enseñar la patita de los problemas de solvencia que hoy esconden. Casi tres años después de que estallara en los USA la gran crisis de las hipotecas basura, al Banco de España le ha entrado una súbita fiebre por las uniones, fusiones y SIPiones de cajas y bancos, en una alocada carrera en la que hay más improvisación que arte. El más grave problema español, o uno de los más graves, es que aquí nadie ha cumplido con sus obligaciones, caso flagrante del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por no hablar de un presidente del Gobierno a quien todo le viene excesivamente grande. Nuestros cargos públicos se han acostumbrado a vivir bien dando esquinazo a sus responsabilidades, por notorias que fueren. Gusto al oropel con desprecio al sacrificio implícito en él. Caja Madrid y Bancaja acaban de anunciar la creación de la mayor entidad de ahorro española. No es una fusión. Es una SIP, un truco que permite mantener operativos no solo los Consejos de Administración, con su océano de gabelas, respectivos, sino la creación de un tercero, el de la sociedad holding de la que colgarán ambas marcas. ¿Y no hubiera sido más sensata una fusión a palo seco, con el ahorro de costes consiguiente, a la vista del delicadísimo estado de salud de ambas instituciones? Uno de los infinitos ejemplos que hoy ilustran el desbarajuste español.

Todos pendientes de la Reforma Laboral     

De modo que no hay crédito y tampoco hay reformas. A día de hoy el Gobierno no ha introducido reforma estructural alguna capaz de impulsar la recuperación y generar empleo. Todas las esperanzas parecen puestas en la Reforma Laboral. Las sensaciones no son buenas. Cuando el jueves pasado se anunció que las partes en conflicto se iban a reunir a las 7,30 de la tarde para seguir negociando, una sensación de incredulidad y hastío se extendió por la piel de toro. Oiga, ¿y no sería mejor que empezaran a negociar a las 8 de la mañana? Aquello sonaba a reunión de amigos dispuestos a tomarse una copa de despedida. El caso es que, a menos que el Ejecutivo apruebe por Decreto una reforma laboral en serio, capaz de convencer a los mercados de que el Gobierno está dispuesto a meter el bisturí de las reformas estructurales en profundidad, la situación de España se hará insostenible. Ahora ya no sirve cualquier reformita que hubiera sido suficiente hace un par de meses. Ahora ya es demasiado tarde para los juegos florales.

Hemos sabido, aunque nada se ha publicado, que Zapatero y Cándido Méndez, el conocido como “cuarto vicepresidente” del Gobierno durante los últimos años, se reunieron en secreto antes de ese encuentro nocturno del jueves para fijar las “líneas rojas” que la oferta del Gobierno a los agentes sociales no debería rebasar nunca para poder ser asumida por UGT. “Zapatero le compró la mercancía a Méndez”, aseguran las fuentes. Delicada posición, entre la espada y la pared, la de un sindicato que no puede hacerle ahora una huelga general a un Gobierno con el que, al margen de los viejos lazos familiares perennemente renovados, lleva encamado desde el 2004. El problema de UGT es frenar a una CCOO no solo libre de tales ataduras, sino liderada por un comunista cuyo poder en el sindicato está más que en cuestión. Y el del Gobierno es convencer a una CEOE que sabe que por una vez tiene la sartén por el mango. Con Zapatero sometido a estrecho escrutinio de los mercados, es hora de que la patronal se plante y exija una reforma que aborde el coste del despido, desde luego, pero también la judicialización de los mismos y, naturalmente, la negociación colectiva. Con cerca de cinco millones de desempleados, ha llegado el momento de dar a los parados la oportunidad de trabajar con independencia de cuáles sean los días de indemnización en caso de despido futuro. ¿Por qué no dejar elegir a quienes ya no tienen nada que perder? 

¿Qué parirá la burra? Todos pendientes del miércoles 16. De momento, sin crédito para familias y empresas y sin reformas de calado, es decir, sin posibilidad de crecimiento económico a corto plazo, auténtica madre del cordero del drama español, el plan de ajuste presentado el 12 de mayo tiene efectos depresivos adicionales sobre la actividad, por lo que ni de lejos logrará el objetivo de reconducir las finanzas públicas a un escenario de sostenibilidad. Con una economía en recesión o estancada y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima del  PIB, la deuda pública mantendrá imperturbable su carrera alcista. Una situación de sobra conocida por los “malditos bastardos”, antes muy honorables inversores, cuyas decisiones al respecto se traducirán en problemas crecientes para que el Reino de España pueda cubrir sus emisiones de bonos.

La mayor salida de capitales desde la muerte de Franco

La alarma se apoderó de muchos despachos esta semana. “La financiación tanto para empresas y bancos como para sector público se ha secado. El mercado de Repos de deuda lleva dos días colapsado”, se oyó decir a la altura del miércoles. “El BCE tendrá que hacer algo mañana”. Lo hizo. El jueves 10, Jean-Claude Trichet anunció que la entidad que preside dará a los bancos toda la liquidez que necesiten en las operaciones de refinanciación con tres meses de vencimiento. Barra libre. En realidad, el BCE es ahora mismo el único comprador significativo de deuda pública española, pudiendo hacerlo directamente y en firme en el mercado secundario, algo que no deja de ser una monetización de deuda, lo que a medio/largo plazo generará una depreciación intensa del euro y una “burbuja” de deuda condenada a estallar en el momento procesal oportuno. La decisión del BCE ha supuesto un balón de oxígeno para un enfermo que se encontraba al borde de la asfixia. En modo alguno es una solución estable a los problemas españoles, pero nos permite ganar tiempo. El enfermo, que parecía condenado antes del verano, podrá respirar unos meses más. Pero el escenario de crisis fiscal provocado por la depreciación de la deuda pública denominada en euros terminará por llegar. Cuestión de tiempo.

Alguien ha comparado la política del BCE con la actitud de un arenque dispuesto a tragarse una ballena. Mientras tanto, la creciente preocupación ciudadana en torno a la posibilidad de que España termine enfrentada a un problema de solvencia en un plazo de tiempo muy breve, antes o inmediatamente después del verano, se está traduciendo en lo que alguien con fundamento ha definido esta semana como “la mayor salida de capitales ocurrida desde la muerte de Franco”. Huyen por la desconfianza en un Gobierno que hace mucho tiempo perdió la batalla de la credibilidad para lidiar con una crisis tan brutal como la presente, y por la amenaza de subidas de impuestos para las rentas altas anunciada por Zapatero, medida que muchos de los barones socialistas ya han puesto en vigor en sus Autonomías. A la impericia técnica se une el dislate de la revancha ideológica. Justo lo contrario de lo que acaba de hacer, por ejemplo, el nuevo Gobierno húngaro. En España, por el contrario, no solo ha desaparecido el ahorro extranjero que financió nuestra brillante burbuja, descanse en paz, sino que nuestros Montillas, Griñanes y demás familia, al grito de ¡que paguen los ricos!, han decidido poner en fuga nuestro propio ahorro. La estulticia en España no conoce límites.

Con Lupa
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