Se precisa una política de "reconciliación nacional"

El lunes Artur Mas firmó –con la teatral solemnidad a la que ya nos tiene acostumbrados– el decreto de convocatoria de unas elecciones autonómicas que quiere convertir en un plebiscito a favor de la independencia de Cataluña. Ya hemos llegado al tan temido disparate y el tan cinematográfico choque de trenes entre los Gobiernos de Cataluña y Madrid. Todavía no ha habido explosión, pero el choque se va haciendo realidad día a día y va a tener –aunque no llegue a su punto máximo– graves consecuencias.

Tanto Rajoy como Artur Mas tienen una parte de razón en sus planteamientos. Es indiscutible que un referéndum de autodeterminación de un territorio que forma parte de un Estado es algo muy anormal –excepcional, como diría Artur Mas– en cualquier democracia occidental. Sólo ha habido dos: en Canadá, porque el Gobierno de la provincia de Quebec tenía esa facultad, y otro en Escocia el pasado año. Pero en Cataluña –al contrario de lo que pasó en Gran Bretaña cuando el SNP escocés obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 2011– nunca ha ganado las elecciones –y van once desde 1980– un partido con un programa claramente independentista. En el 2012 Artur Mas no lo llevaba, iba en coalición con Duran Lleida y, además, perdió 12 diputados.

Pero es cierto también que el fallo del Tribunal Constitucional contra el Estatut, promovido principalmente por el PP tras una campaña de agitación callejera con mesas petitorias de un ilegal referéndum en toda España ha dejado una profunda herida en Cataluña, que votó la Constitución de 1978 con igual o mayor entusiasmo que el resto de España. El independentismo se ha doblado desde la sentencia del 2010 pasando del 20% a más del 40%; todas las encuestas dicen que los catalanes son partidarios del llamado derecho a decidir y más de las dos terceras partes –según todas las encuestas– creen que el grado de autogobierno es insuficiente. Además, las apelaciones como límite infranqueable a una teórica igualdad de todos los españoles –la última a cargo de la presidenta andaluza– causan irritación en muy amplios sectores catalanes porque es evidente –el nada sospechoso de separatismo Albert Rivera, líder de Ciudadanos, lo ha señalado– que Euskadi y Navarra gozan de un régimen fiscal nada común.

La convocatoria de unas elecciones autonómicas 'plebiscitarias' el 27-S ya es el choque de trenes

Lo del Estatut es historia y hubo muchos errores por todas partes. Remover el pasado no ayudará ya a resolver el problema. Lo auténticamente grave e inadmisible es que desde finales del 2010 –cuando Mas gana las elecciones catalanas sin mayoría suficiente– y finales del 2011 –cuando Rajoy gana las españolas con mayoría absoluta– no sólo no se haya intentado recomponer la situación, sino que el “desapego”, advertido por Montilla antes de la sentencia, haya empeorado sustancialmente. Ni Rajoy ni Mas han tenido suficiente voluntad de negociar y han elevado sus razones (muchas ciertas) a posiciones dogmáticas y cerradas, alejadas de la realidad y que rompen con la tradición de la transición política de búsqueda del consenso y del pacto.

El país que vio como el “falangista” Suárez y el republicano “rojo” y exilado Tarradellas sabían pactar y como Manuel Fraga, el ministro de Información de Franco, y Santiago Carrillo, el secretario general del “diabólico” partido comunista, trabajaron juntos en la elaboración de la Constitución del 78 no puede entender que en el segundo decenio del siglo XXI dos políticos como Rajoy y Mas, que nunca se han bajado del coche oficial del régimen (no es una crítica, sino una mera descripción), no sepan o no quieran llegar a acuerdos mínimos y conduzcan a una España y una Cataluña que empiezan a salir de su peor crisis económica a una peligrosa crisis política que no va a beneficiar a nadie.

El lunes Artur Mas dijo que convocaba unas elecciones autonómicas que quería que fueran un plebiscito a favor de la independencia. Sabe que eso no es así y exagera mucho –falsifica– cuando habla de la voluntad inequívoca del pueblo catalán. Pero el despropósito del Gobierno español no es inferior cuando en una legislatura no ha querido reconducir la situación y se ha limitado a apelar al necesario respeto a las leyes (una obviedad). La expresión máxima de esa incompetencia la tenemos en las palabras de García Albiol, el improvisado candidato del PP –que el partido de Rajoy tenga que improvisar un candidato en las elecciones de la autonomía española en la que tiene el problema más grave ya es una confesión de fracaso–, que ha afirmado que los independentistas tendrían un problema si ganaban las elecciones porque en ese caso Cataluña seguiría siendo España. No, en ese caso el problema lo tendremos todos. Todos los catalanes y todos los españoles, incluyendo por supuesto a García Albiol.

Lo más grave es que desde que Rajoy ganó las elecciones con mayoría absoluta en el 2011 el 'desapego' catalán se ha multiplicado

Para empezar, el incierto resultado de las elecciones catalanas y las más inciertas consecuencias de ese resultado (sea el que sea) van a contribuir a incrementar las incógnitas políticas que amenazan con lastrar la recuperación económica española. Y el clima de confrontación que se va a generar –el mismo lunes un antiguo vicepresidente del Constitucional dijo que esas elecciones eran un intento de golpe de estado- va a alimentar un clima nada propicio para la solución de los problemas.

Hemos llegado a un punto de crisis política al que nunca debíamos haber llegado. Ahora la solución ya solo pasa por las urnas, con la esperanza de que mientras tanto no se produzca ningún hecho o decisión irreparables. Y la salida menos mala es que en Cataluña el separatismo tenga un resultado claramente insuficiente que le obligue a replantearse sus posiciones. Sería muy difícil, no obstante, que pueda haber un arreglo válido excluyendo los sentimientos y reivindicaciones del 44% de catalanes que hoy se declara independentista.

Y, por otra parte, que algo similar ocurriese en España el próximo diciembre con el líder y el partido que no han sabido aprovechar la mayoría absoluta del 2012 para enterrar la crispación política de los últimos años. Tampoco creo que haya solución operativa que no cuente con el visto bueno de la gran masa de electores de clase media española que votan PP.

Ya es tarde para todo salvo para esperar el resultado de las urnas catalanas el 27-S y de las españolas el próximo diciembre

Curiosamente ahora falta –cuando hace ya cincuenta años que Santiago Carrillo la prescribiera en su entonces famoso libro clandestino Después de Franco, ¿qué?– una auténtica política de reconciliación nacional. Y den a la palabra “nacional” el significado más acorde con sus convicciones. Pero me temo que hasta primeros del 2016 vamos a vivir un clima de inestabilidad política permanente y que solo entonces –cuando los ciudadanos se hayan expresado, esperemos que con la misma sensatez que lo han hecho siempre desde el 15 de junio de 1977– podremos iniciar una segunda transición.

Rajoy se ha equivocado mucho. Y ha persistido en el error. Y ha fanfarroneado de su falta de empatía con Cataluña. Pero las mayorías absolutas y los presidentes de Gobierno pasan. Al final, optar por querer proclamar la independencia de Cataluña tras unas elecciones “plebiscitarias”, sabiendo que la mayoría de los catalanes no son independentistas –lo dicen las encuestas de la propia Generalitat–, rompiendo la legalidad española y en una Unión Europea que es una unión de Estados que se protegen mutuamente y que no quiere añadir a sus múltiples problemas el de la partición territorial, es un acto de inmadurez y de irresponsabilidad política difícilmente superable. Aunque desgraciadamente haya gente en Madrid –espero que no en la Moncloa– que quiera emularlo.