Oriol Junqueras y la vicepresidenta

Las manos de Junqueras, delicadamente posadas sobre los hombros de Soraya Sáenz de Santamaría en la apertura del MWC, es la imagen sorprendente de una alta tensión política

Foto: Felipe VI, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras (d), durante la inauguración del MWC. (EFE)
Felipe VI, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras (d), durante la inauguración del MWC. (EFE)

Ensordecedor e intenso ruido, encadenamiento de noticias en lo que parece un concurso de actuaciones descabelladas, desconcierto total… Esa sería la manera impresionista de explicar la última semana del 'procés', que se inicia con la salida a la luz del encuentro 'secreto' entre Rajoy y Puigdemont a primeros del pasado febrero y que solo sirvió para constatar que el choque de trenes parece cada día más inevitable.

Y la eclosión de la reunión es ilustrativa del juego de los disparates en que se ha convertido el 'procés'. El encuentro fue insinuado por el delegado del Gobierno en Cataluña, el 'pillo' Enric Millo, que en una entrevista en TV3 (acontecimiento raro) dijo que había contactos discretos pero continuos entre ambos gobiernos “a todos los niveles”. Estaba lanzando la piel de plátano, pero sorprendentemente el pasado lunes García Albiol, el hombre fuerte del PPC en Cataluña, que será confirmado en su cargo a finales de este mes, le desmintió con contundencia. Y lo mismo hizo poco después Neus Munté, la vicepresidenta para asuntos de intendencia de Puigdemont. Pero —más extrañamente— fue pocas horas después el primer secretario del PSC, el hábil Miquel Iceta, el que la hizo más verosímil, al afirmar que “le constaba” una reunión entre los dos presidentes. Y al día siguiente, Lola García publicaba en 'La Vanguardia', con detalles, un encuentro del que al parecer este diario sabía con anterioridad. ¿Cómo podían Miquel Iceta y 'La Vanguardia' saber —al parecer por vías diferentes— de un encuentro que ignoraban tanto el presidente del PP catalán como la vicepresidenta de intendencia de Puigdemont? Curioso.

Artur Mas lucha por recuperar protagonismo, se retrata con Ibarretxe, y se prepara para el juicio contra Millet y la financiación ilegal de CDC

Pero por encima de este encuentro, furtivo e improductivo, prevalece el ruido. Por parte catalana, Artur Mas está desatado, hasta el punto de que el director de El Confidencial, Nacho Cardero, ha escrito que “solo quiere pelea”. Busca con fuerza salir de la relativa oscuridad a que la CUP le condenó hace un año: con su proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el de Francesc Homs ante el Supremo, participa en un acto con Ibarretxe, el único dignatario europeo que le recibe, en el Kursaal de San Sebastián, acude a La Sexta, al programa de Ana Pastor, para dejar claro que no renuncia a volver a ser candidato y para decir que los procesos judiciales a los que su partido está sometido —el del 3%, en el que al parecer hay un testigo protegido que le incrimina— son una guerra sucia del Estado contra el independentismo.

Pero sabe que hoy empieza —con ocho años de retraso— el juicio del Palau de la Música, en el que se va a poner de relieve el binomio entre Félix Millet, el catalanista defraudador, y la financiación de CDC. No sé si, como dice José Antonio Zarzalejos, este juicio va a liquidar el 'procés', lo seguro es que será una dura prueba para la CDC de Mas —en eso coinciden curiosamente ERC y el PSC—, y que el nuevo Partit Demócrata de Marta Pascal y los alcaldes comarcales se va a ver impelido a tomar más distancias de Mas y sus acólitos.

Pero aparte de que Mas necesite 'la pelea', el independentismo prosigue en la hoja de ruta pactada con la CUP —de la que nadie se puede salir sin ser acusado de traidor— y ahora se trata de poder aprobar la ley de desconexión —la que romperá con el orden jurídico español, convocará el referéndum y alumbrará la nueva legalidad catalana— con la máxima urgencia y en lectura única, para dejar a la oposición y al Gobierno de Madrid con la mínima capacidad de reacción.

El Parlamento catalán quiere aprobar una ley exprés de desconexión con España para que el Estado tenga muy poco tiempo para reaccionar

Parece un ejercicio condenado al fracaso, pero forma parte del ritual que acompaña a una marcha bastante caótica —aunque quiere parecer pensada y ordenada— hacia el choque de trenes con el Estado. Se trata de hacer ruido y que redoblen los tambores para que los soldados de la ANC y la afición se crean que el tren de la independencia es más joven, fuerte y vigoroso que el de un decrépito Estado que quiere evitar que los catalanes voten. Queriendo ignorar que los catalanes votan, como mínimo cada cuatro años, al Parlamento de Cataluña y al de Madrid, y que el Estatut de Cataluña (la legalidad catalana, no ya la española) dice que para cambiarlo se necesita una mayoría de 85 diputados (sobre 135), que actualmente no se tiene.

El independentismo está atrapado en su marcha irrenunciable hacia el choque con el Estado. Y el Estado también está obligado a impedir que se relegue el orden jurídico. Y habiendo desatendido la negociación política desde hace años —el PP, desde el desgraciado recurso contra el Estatut de 2006—, y habiendo decidido en 2014 oponerse al independentismo a través de la vía judicial, el Estado tampoco tiene otra opción que insistir en esa vía. Aunque la judicialización de la política lleve al absurdo jurídico, como se ha visto esta semana.

La judicialización de la política está llevando al Estado al absurdo jurídico. Quizá Rajoy exigió al fiscal la querella contras Mas por miedo a Aznar

Se trata de la querella de la Fiscalía contra la presidenta y la Mesa del Parlament por haber permitido una votación que había sido prohibida expresamente por el Constitucional. Y la querella se ha presentado contra Carme Forcadell y los miembros independentistas de la Mesa, que dieron vía libre a la votación, pero no contra Josep Joan Nuet (de EUA, la IU catalana, integrada en el grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot), que hizo lo mismo porque es favorable al referéndum.

Se entiende —y es inteligente— que el Gobierno del PP no quiere meter en el mismo saco al independentismo y a la difusa coalición de Ada Colau. Pero un conocimiento jurídico elemental dice que la Fiscalía solo se puede querellar por un hecho —permitir una votación prohibida— y no por la supuesta intencionalidad. En todo caso, sería el juez el que podría discriminar. Pero el Ejecutivo dispara desde la Fiscalía: querella contra la presidenta del Parlament y contra la Mesa que permitió la votación, pero no contra Nuet porque no conviene sumar los partidarios del referéndum a los independentistas. Conclusión: la judicialización de la política obliga a politizar la Fiscalía. La judicialización puede llegar a ser obligada, pero haberla iniciado en 2014 —cuando todavía era posible evitar el choque de trenes— fue un error. Error del que quizás es culpable el miedo del Rajoy de entonces a la derecha española y a Aznar. Es revelador que en la entrevista del lunes a 'Expansión', Aznar diga: “Reclamo la articulación de una política absolutamente nacional, defensora de la pluralidad catalana y de todos aquellos que defienden la continuidad histórica de Cataluña en España. Eso ya se hizo en el País Vasco y debe hacerse también en Cataluña. Cuanto más tarde en hacerse, más complicado será... El problema es que muchas personas en España tuvieron la sensación de que hubo un cierto consentimiento con la consulta del 9-N. Y eso produce un daño muy grande a la credibilidad del Estado". ¿Es por esto por lo que tras el 9-N de 2014 el Gobierno Rajoy exigió al fiscal general la querella contra Artur Mas?

Sea como sea, ahora ya parece claro que la judicialización no evitará el choque de trenes. Quizá —como ya decía la pasada semana— la operación diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría no busca tanto evitar el choque de trenes —que se ve inevitable— sino reducir su intensidad, intentar hacer ver a la sociedad catalana —tarde— que el discurso independentista es sectario, y conseguir que quede abierta la posibilidad de diálogo después de un choque amortiguado.

¿Es una idea voluntarista, fruto de una obsesión por el diálogo y la solución negociada? Quizá sí, pero les recomiendo que miren dos veces la portada de 'El Mundo' de ayer, o la de 'El Periódico' o 'La Vanguardia', en la que en la inauguración del congreso mundial del móvil en Barcelona se ve a Soraya Sáenz de Santamaría junto al Rey y en que la vicepresidenta, pequeña pero matona, se encuentra moralmente apoyada por las manos del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el líder de ERC, que se posan delicadamente sobre sus hombros.

Una frase antigua, tópica y nada original, dice que “una imagen vale más que mil palabras”. No se trata de sacar ninguna conclusión precipitada, pero habiendo leído hace poco el interesante libro de Stanley Payne —exagerado— sobre los meses finales de la II República, en los que la ausencia de negociación entre los interlocutores políticos era la regla fundamental, cualquier imagen que indique que el diálogo entre dos personas clave del nacionalismo español y el catalán es todavía posible me parece esperanzadora.

Ayer, Lluís Bassets escribía en la edición catalana de 'El País' que lo fundamental es negociar que el casi inevitable choque de trenes sea lo menos cruento posible. Es lo mismo que un destacado político catalán —irritado ante el actual bloqueo, pero lúcido— me decía el pasado viernes en riguroso 'off the record': “Ahora todo lo que se puede intentar es que el choque de trenes sea de baja intensidad, que luego haya elecciones y que entonces la situación se normalice en función de unos resultados que hoy nadie conoce y que solo se pueden suponer”.

Pues ahí estamos. Lo que pasa es que el tiempo hasta el otoño de 2017 o el invierno de 2018 se nos va a hacer muy largo. Y el ruido puede ser ensordecedor y hacer perder el juicio.

Confidencias Catalanas
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