La mosca cojonera

Quim Torra dio a conocer ayer la composición de su gobierno, que sin aportar grandes novedades (es fruto del pacto entre los dos grupos parlamentarios secesionistas), sí da pistas sobre las intenciones del tándem Puigdemont-Torra.

La opción principal es la "restitución" de cuatro 'consellers' que están en prisión o en el extranjero (dos y dos). Se trata de Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio), oficialmente del PDeCAT pero no alineados con la dirección del partido, y de los exiliados Lluís Puig (JxCAT) y Toni Comín (ERC). Puigdemont, con la ayuda de Comín se ha impuesto a ERC, cuya voluntad era que ninguno de los 'consellers' destituidos (con Junqueras señalando el camino) se integrara en el nuevo gobierno. La razón es que lo consideran un gesto estéril y un obstáculo para la recuperación plena de las competencias del gobierno catalán. Puigdemont ha ganado la batalla, lo que evidencia que su intención no es normalizar la política catalana sino instrumentalizar la Generalitat para mantener viva la tensión y seguir agitando (siempre que pueda) la idea de la República.

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Pero ERC se ha mantenido en su idea de buscar una cierta normalización. Aquí está el germen de futuros conflictos en el gobierno entre los legitimistas radicales (los puigdemontistas), que buscan mantener al máximo el conflicto, y los independentistas tradicionales (ERC) que, sin renunciar al objetivo final, quieren ampliar la base secesionista —reconocen que el 47% es insuficiente— con una buena gobernación de la Generalitat. Y es de notar que el 'conseller' Joaquim Forn, un veterano de la antigua CDC, también se ha negado a ser "restituido". ERC gana así complicidades en entornos más pragmáticos.

La restitución de los 'consellers' presos es solo un gesto estéril y una intencionada provocación al Estado

No obstante, la incorporación de los 'consellers' presos es más un gesto momentáneo que otra cosa ya que serán inhabilitados dentro de poco por el auto de procesamiento.Gesto para la galería, de escasa duración, pero que habría dominado hoy en la mayoría de los titulares de prensa si el Gobierno de Rajoy no hubiera contestado poco después anunciando que no publicaría en el DOGC los nombramientos. Por lo tanto el nuevo Gobierno catalán no podrá tomar posesión y de momento el 155 continua vigente.

El segundo rasgo del gobierno es que entre los 'consellers' de JxCAT, el dominio de los puigdemontistas y de sus aliados es abrumador. No hay ningún 'conseller' representativo de la dirección del PDeCAT y los que son militantes —como el nuevo 'conseller' de Interior, Miguel Buch— están enfrentados a la dirección. O disconformes. Parece pues que la opa de Puigdemont sobre el PDeCAT "progresa adecuadamente". ¿Qué consecuencias tendrá de cara a las municipales del 2019? ¿Junts per Catalunya, o Junts per la República se convertirán en un nuevo partido nacionalista radical e intentarán merendarse, o hacer desaparecer del mapa la oferta del PDeCAT, heredero de la vieja y moderada CDC?

La tercera característica del nuevo gobierno es que ERC sigue su política de renovación de cargos (sabe que los antiguos dirigentes quedarán inhabilitados) e intenta erigirse en una plataforma tan secesionista como solvente. Es lo que se desprende de la apuesta por Pere Aragonés, gran colaborador de Junqueras la pasada legislatura, como vicepresidente económico, y de la vuelta de Josep Bargalló que fue primer 'conseller' (en representación de ERC) en el primer tripartito, bajo la presidencia de Pasqual Maragall, y del acceso de Ernest Maragall, hermano del presidente e histórico dirigente del PSC catalanista, a Acción Exterior en sustitución de Raül Romeva. También con el nombramiento de las diputadas al Congreso Esther Capella (Justicia) y Teresa Jordá (Agricultura) que fueron ya anunciadas por Joan Tardà. ERC hace así una apuesta muy institucional y por personas relevantes y con experiencia. Sin rastro de "rufianismo".

Pero lo más importante del nonato nuevo gobierno es el mensaje que desprendía. El tándem Puigdemont y Torra quiere utilizar todos los mecanismos para hacer de mosca cojonera de la democracia española. Si Rajoy hubiera aceptado los nombramientos habrían dicho que el independentismo estaba ganando la batalla y de alguna forma se habría vuelto a querer instalar la idea de dos legalidades, la del Estado, y la de la República catalana. Ahora la decisión de Rajoy de no publicar los nombramientos, que de facto prorroga el 155, será presentada como una clara prueba de que la democracia española está en regresión y que ofende y no acepta el autogobierno de Cataluña.

Pero Rajoy -de acuerdo con Pedro Sánchez y Albert Rivera- ha decidido plantar cara. La retirada del 155 solo puede ser consecuencia de una recuperación, al menos formal, de la normalidad institucional. No puede significar que, de alguna forma, se pueda creer legitimado un movimiento de insurrección rampante. La de Rajoy debe haber sido una decisión nada fácil, pero inevitable si no se aceptaba retroceder a la situación ambigua que se dio entre la aprobación de las leyes de desconexión a primeros de septiembre del 2017 y la DUI del 27-O. La decisión será aprobada -y aplaudida- por una gran mayoría de la opinión pública española y por todos los grupos catalanes -casi la mitad del parlamento- que no se opusieron al 155. Queda por ver la actitud que adoptará Podemos (cuando solucionen lo del chalé de Pablo) y el partido de Ada Colau y Xavier Domènech. No apoyarán la decisión (estuvieron ya contra el 155), pero tampoco pueden respaldar la provocación de Torra, un político del que se han distanciado con gran claridad.

Y en el campo independentista -más allá de la gran protesta contra la continuación del 155- la discusión será fuerte. ¿Ha sido conveniente la provocación? ¿No estará llevando Torra al independentismo a un nuevo desastre como el del 27-O? Es posible que Puigdemont-Torra apuesten por no ceder y mantener el 155 esperando -quizás- que eso impida que el PNV vote los presupuestos. Pero la política de desestabilizar a todo precio tiene límites muy claros en la sociedad catalana. 'Consellers' que no puedan acudir a su despacho es un contrasentido total. No obstante, el problema era solo de unos pocos días porque lo más probable es que los 'consellers' afectados queden inhabilitados dentro de poco por el Supremo en virtud del auto de procesamiento del juez Llarena. Entonces -de no mediar nuevo incidente- el 155 podría pasar a mejor vida.

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Pero el problema es el inmediato porque es en los próximos días cuando se tienen que aprobar los presupuestos. Si Torra no rectifica -y a corto es muy posible que la estrategia decidida sea no hacerlo- la estabilidad de la política española dependerá de si el PNV prioriza sus intereses y la gobernabilidad española a su rechazo político-doctrinal al 155.

Pero el nuevo reto del independentismo al Estado quizás está generando sus propias vacunas. La primera es que en las últimas semanas la aproximación Rajoy-Sánchez, de oposición frontal a un independentismo en el que se han impuestos los más radiales (ERC y el PDeCAT han perdido), ha dado pasos relevantes. Hasta el punto de que, respecto a Cataluña, la sintonía entre Rajoy y Sánchez es hoy más fuerte que entre Rajoy y Rivera. Es pronto para ahondar por este camino porque todo es muy fluido, pero el hecho de que Rajoy, con el apoyo de Sánchez y de Rivera, haya decidido parar los pies al tándem Puigdemont-Torra es el humo que puede indicar dónde está el fuego. Rajoy y Sánchez saben que el independentismo no debe desestabilizar todavía más a España.

Las moscas cojoneras son muy molestas, enervan y desesperan, pero si Torra (con Puigdemont en Berlín) han decidido optar por ese papel quizás han olvidado que las moscas tienen un ciclo vital corto. El independentismo es otra cosa.