¿Es más grave el divorcio interno?

La ola de nacionalismo populista, que aumentará este domingo su presencia en el Parlamento europeo, inquieta a las democracias más consolidadas. En Francia, la disputa entre Marine Le Pen (que ya ganó las europeas hace cinco años) y el partido de Macron. En Italia, el primer partido parece que será la Liga de Mateo Salvini, que es el hombre fuerte en el gobierno de Roma. En Alemania, la AfD ya es la primera fuerza de oposición a la gran coalición y habrá que vigilar la tendencia. En Gran Bretaña, la lista de Neil Farage, el amigo de Trump y el que más campaña hizo por el Brexit, será la primera, muy por delante de laboristas y conservadores.

Este mismo viernes Theresa May ha tenido que anunciar su dimisión porque no ha podido encontrar una solución razonable (un Brexit suave) que fuera apoyada por el ala más nacionalista de su partido. Y, para sustituirla, el nombre que suena con más fuerza es el de Boris Johnson, un radical antieuropeo que dimitió de ministro de Exteriores acusando a May de querer ir a un Brexit solo nominal pero que no recuperaría la plena soberanía de Gran Bretaña frente a Bruselas.

Ante este panorama se puede llegar a la conclusión de que en España estamos mejor que en las grandes democracias europeas, por no hablar de la deriva de países como Hungría y Polonia. Y en parte es así. Tras la sorpresa de las elecciones andaluzas, en las legislativas Vox logró entrar en el Congreso, la primera vez que la extrema derecha tendrá voz parlamentaria, pero sus resultados (11% de los votos y 24 diputados) fueron bastante inferiores a los temidos. Y parece que en las elecciones de hoy no solo no va a ir a más, sino que incluso va a retroceder. ¿Ha sido Vox solo una explosión pasajera? Nadie lo sabe, pero podría ser.

El populismo nace, en parte, de la reacción de sectores que ven una humillación a su existencia e identidad en realidades superiores o diferentes

En todo caso, España parece resistir mejor que otros países europeos el nacionalismo populista y contrario a la inmigración, que se reclama de Donald Trump y de Steve Bannon y que ha crecido tanto como consecuencia de la crisis como de la protesta de sectores sociales que se sienten agredidos por la relevancia de instituciones internacionales o supranacionales (entre ellas la UE), que pueden parecer poco democráticas y que son percibidas como poderes que humillan los sentimientos nacionales. Según Fukuyama, los populismos crecen alimentados por el sentimiento de pérdida de identidad y de seguridad ante la globalización. Si a esto unimos la revolución tecnológica, ambas tendencias rompen los marcos tradicionales y la respuesta de parte de la sociedad es la protesta populista.

En España el nacionalismo populista no es antieuropeo, en parte porque Europa fue una esperanza de libertad y democracia que nos permitía confiar en el futuro después de la dictadura de Franco, en especial desde el plan de estabilización de 1959 y la apertura económica. La economía española necesitaba integrarse en la UE (entonces el Mercado Común) y ello forzaría el cambio político. Es lo que acabó pasando con las elecciones de 1977.

En España, al contrario que otros países, no hay nacionalismo antieuropeo —una ventaja—, pero el nacionalismo se ha encarnado en un sentimiento de agravio entre identidades interiores. La relación entre Cataluña y el resto de España nunca ha estado exenta de tensiones, pero a partir de la discusión del Estatut del 2006 el sentimiento de desafección, denunciado por el presidente Montilla antes de la sentencia del Constitucional del 2010, respecto a la identidad española, empezó a crecer. La actitud ante el Estatut de sectores españoles generó desconfianza y acabó siendo percibida como una humillación a los sentimientos catalanes.

Y, paralelamente, el nacionalismo catalán y su posterior conversión al independentismo provocó incomprensión, inquietud y sentimiento de agravio en importantes sectores del resto de España.

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Antonio Fernández. Barcelona

El independentismo catalán no es hoy contrario a la inmigración ni antieuropeo, pero sí —no en su totalidad, pero en buena parte— contrario a España. El nacionalismo español no es antieuropeo ni contrario —salvo en casos especiales— a la inmigración, pero tiende a la agresividad contra el independentismo e incluso a la aversión contra el catalanismo. Así, a veces se presenta a Miquel Iceta —ahora también a Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso— como cómplices del independentismo cuando son destacados dirigentes de un partido, el PSC, que está asociado con el PSOE desde las primeras elecciones democráticas.

Que el nacionalismo no sea antieuropeo tiene ventajas, pero que tienda al antiespañolismo, o al anticatalanismo, es una grave amenaza porque la fractura se produce no hacia el exterior, sino en el interior de nuestras fronteras y causa un doloroso y desintegrador divorcio interno.

Al revés de lo que pasa en muchos países, tanto en España como en Cataluña, el populismo nacionalista tiende a dominar en partidos centrales del sistema

Y el otro gran inconveniente es que el populismo nacionalista se da, no ya en partidos extremistas, sino en otros que son —y muchas veces siguen siendo— centrales a la democracia española. La CiU de Pujol, Roca Junyent y Durán Lleida no solo apoyó la Constitución, sino que contribuyó decisivamente a su elaboración. Y Pujol fue galardonado con el título de Español del Año por el 'ABC', que entonces dirigía nada menos que Luis María Anson. Ahora el heredero que se ha hecho con el botín —conserva muchos votantes de CDC— lanza ataques continuos desde Waterloo y predica que España es una democracia como la turca.

Y ERC es un partido que históricamente apoyó a la II República —Companys fue ministro de Marina con Alcalá Zamora— y Josep Tarradellas, el presidente en el exilio, pactó ser nombrado presidente de la Diputación de Barcelona y presidente de la Generalitat provisional por Adolfo Suárez. Incluso hace pocos años Carod-Rovira sostenía el gobierno de Zapatero cuando José Bono era ministro de Defensa.

Y en los partidos españoles pasa otro tanto. Aznar pudo ser investido en 1996 gracias a los votos de Pujol y el expresidente, muy callado desde el fracaso de su protegido Casado el 28-A; ofreció carteras ministeriales a CDC y aseguró que hablaba catalán en la intimidad. Ahora Casado amenaza con las penas del infierno a Meritxell Batet por pedir un dictamen de los letrados de las Cortes y retrasar 48 horas la inhabilitación de los presos que acaban de ser elegidos diputados, que tampoco es una cosa que pase cada día y que se pueda despachar de un plumazo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí partiendo de una transición que fue modélica y en la que el primer partido nacionalista catalán y todos los partidos españoles pactaron una Constitución que reconoce explícitamente la existencia de nacionalidades?

¿Por qué partidos centrales —de Cataluña y de España— caen en el populismo nacionalista? Es una pregunta que debería inquietar a Puigdemont y a Pablo Casado, pero no solo no les preocupa, sino que parecen encantados deslizándose por la pendiente.

Otra cosa es la calificación penal que puedan tener las conductas de octubre del 2017, que deberán ser sancionadas por el Supremo y ante las que cabrá recurso ante la justicia europea. Pero calificar de golpistas, como Tejero, Milans del Bosch o Armada a los políticos que están en este momento siendo juzgados y que merecen la presunción de inocencia no ayuda a bajar la crispación nacionalista. Un poco más de respeto por la actuación —no demasiado inteligente, pero sí al menos cautelosa— de Rajoy no les vendría nada mal ni a Casado ni a Rivera.

Sea como sea, lo que sucede en España puede ser incluso más grave que lo que pasa en otras democracias europeas. Marine Le Pen centra sus ataques en Bruselas, no en París, mientras que aquí se dirigen contra Madrid o contra Cataluña. Aquí, un sector del independentismo cree que España es el enemigo y una parte de la derecha española —no solo Vox— proclama que se debe tratar a políticos electos catalanes como a los militares golpistas del 81 que nadie había elegido para nada.