El pecado original de la segunda ola

"Con los datos que tenemos hoy, es evidente que llegamos tarde", dijo Pedro Sánchez en La Sexta, en su primera entrevista tres meses después de iniciar el estado de alarma. Fue a principios de julio, cuando aseguró que la pandemia estaba "controlada" y animó a los españoles a “salir y perder el miedo” al virus. Con los datos que tenemos ahora, es evidente que se precipitó.

Es verdad que España pasó demasiado rápido del confinamiento más duro de Europa a una de las reaperturas más rápidas. La prioridad en julio era salvar la temporada turística. Eran días de optimismo. Y de campaña electoral. Fue de hecho en un mitin en A Coruña, antes de las elecciones gallegas y vascas, cuando Sánchez proclamó que la pandemia estaba “vencida” y animó a salir a la calle para reactivar la economía.

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Más que con los tiempos, sin embargo, el pecado original del Gobierno en la gestión de la pandemia está en los criterios. En la falta de ellos, más bien. El Gobierno no quiso marcar en julio un mismo baremo, transparente y público, con el que controlar cómo iban los rebrotes de covid-19 en cada región. De haberlo tenido, con prisas o sin ellas, las regiones podrían haber detectado mejor si su tasa de contagios se descontrolaba.

En vez de eso, a mediados de julio, Sanidad se limitó a publicar 13 criterios con los que las comunidades deberían evaluar la evolución semanal de la pandemia de covid-19. En ellos, no fijaba umbrales concretos ni se vinculaba ninguna medida a tomar si se traspasaba una incidencia determinada. Lo fundamental habría sido tener entonces, como tenían nuestros países vecinos, un umbral común que fijara el límite a partir del cual se encienden las alarmas y es necesario actuar, así como una hoja de ruta con los siguientes pasos a seguir.

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En Francia, las restricciones regionales se toman, entre otros criterios, a partir de 250 casos por 100.000 habitantes; en Reino Unido, con 225 positivos. Y en Alemania, a partir de 50. Son criterios que allí llevan meses vigentes. La Universidad de Harvard recomienda confinar en los domicilios a partir de los 350 positivos de coronavirus por 100.000 habitantes. El umbral es discutible, pero más importante que cuál es la cifra en sí, es al menos tener una.

En España, ha habido que esperar hasta octubre, cuando hace semanas que en Madrid el virus está descontrolado y en toda España mueren casi medio millar de personas a la semana por covid-19, para que desde el Ministerio de Sanidad se reconozca en alto cuál es ese baremo por el que se deberían regir las comunidades para controlar la incidencia del virus. Y, para colmo, no es el único fijado por el Consejo Interterritorial (500 por cada 100.000) que ha derivado en el confinamiento de la capital, entre otros municipios. El propio Ministerio de Sanidad ha tardado apenas una semana en reconocer que ese tope, derivado del choque frontal entre Gobierno y la Comunidad de Madrid, es demasiado laxo. Es solo un último resorte con el que intervenir en una situación epidemiológica tan descontrolada como la madrileña. Sin embargo, el propio ministro Illa ha reconocido que no quiere que este sea el espejo en el que se miren los demás gobiernos autonómicos.

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El nuevo objetivo es rebajar la incidencia acumulada a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Lo ha reconocido esta semana Fernando Simón, pero ya podía haberlo dicho en alto cuando el Gobierno aseguraba en julio que las comunidades autónomas tenían suficientes instrumentos para detectar, aislar y controlar los rebrotes que pudieran darse. El Gobierno se calló entonces ese umbral, pero ya manejaba uno similar. Cuando España se empezaba a reabrir al turismo internacional, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, habló con su homólogo alemán precisamente de instaurar ese umbral. Fue en una comparecencia conjunta, el 23 de junio, en la que el alemán explicó que pensaban restringir el turismo si se detectaban en una semana 50 contagios por 100.000 habitantes. Nunca más se supo nada de ese umbral hasta ahora que lo ha vuelto a mencionar Simón.

Sin embargo, según ha revelado 'El País', Sanidad manejaba en julio informes internos en los que utilizaba una referencia similar, de 60 casos por 100.000 habitantes, para señalar cuándo un territorio en España debía entrar en alerta roja. Nunca lo hizo público. Y las únicas restricciones que se acordaron a mediados de agosto para todo el país, cuando prácticamente en todo el territorio se superaba ese baremo interno que Sanidad considera “alarmante”, fue la limitación del ocio nocturno y la prohibición de fumar a menos de dos metros.

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Nunca se fijó cuántos rastreadores debería tener cada comunidad (ahora, en Andalucía hay uno por cada 1.000 y en Madrid, uno por cada 6.000) ni si debían o no hacerse PCR a los contagios de riesgo. Castilla y León ha proporcionado ya más de 15.000 códigos de rastreo para la 'app' Radar Covid. En otras, como Cataluña y Madrid, la aplicación sigue sin estar activa.

Hay regiones como Galicia, la única en color naranja en el mapa de la Comisión Europea, que tiñe de rojo el resto de España, que reaccionaron rápido ante los primeros rebrotes del verano y han contenido mejor la segunda ola. El Gobierno central, sin embargo, no preparó un mecanismo para los que no lo hicieran tan bien. Se reservó un ambiguo papel de árbitro sin reglamento. Si lo hizo para dar una lección a aquellas autonomías que le urgían a devolverles sus competencias en Sanidad durante el mando único, olvidó que el último responsable seguía siendo el Gobierno central y los perjudicados, los ciudadanos. A falta de criterios claros y objetivos con los que reorganizar las competencias, la gestión de la pandemia ha quedado a merced de las incompetencias.