Cifuentes y la imposible regeneración del PP

Son muchas las derivadas del caso del máster de Cristina Cifuentes. La más inmediata, que quizá se resuelva en los próximos días, es cómo afecta al futuro político de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero una vez que se disipe este humo, en la dirección que sea, quizás habría que preguntarse por lo verdaderamente importante: por el papel de una universidad pública en todo este embrollo. Por qué el rector organiza una rueda de prensa a las pocas horas de que salte el escándalo, para hacer una cerrada defensa de la honorabilidad de Cifuentes, cuando es evidente que ya entonces debía tener más dudas que respuestas (como la apertura de una investigación reservada por la propia universidad pocas horas después demuestra). Por qué un grupo de catedráticos y profesores universitarios presuntamente (a la vista de la información publicada por este medio) han arriesgado su reputación y carrera profesional (y posiblemente hasta su situación penal) para ofrecer una coartada que salvase la cara política de Cristina Cifuentes​.

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No, el caso Cifuentes no salpica a toda la universidad española. Afortunadamente, hay muchos honrados profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer a los estudiantes una educación de altura. Pero dicho esto, no podemos ignorar la otra cara de la moneda: que son solo una excepción las universidades públicas españolas que funcionan muy bien. Que la mayoría, en cambio, ofrece un servicio que no justifica los recursos que a través de nuestros impuestos dedicamos a mantenerlas, como atestiguan los diferentes 'rankings' internacionales que se publican. Y, finalmente, que hay algo común a todas ellas, y es que el diseño institucional favorece un peligroso contubernio entre la clase política autonómica y el 'establishment' universitario. Las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años. Expiden títulos con la misma alegría que las cajas financiaban todo tipo de dislates. Para convertir a las universidades en algo más que un dispensario de certificaciones (algo que ahora sabemos ni siquiera se hace con el más mínimo rigor), es imprescindible abordar una verdadera reforma universitaria, una de las grandes transformaciones todavía pendientes en nuestro país.

Hay una tercera derivada del caso Cifuentes, y es su arrastre sobre la delicada situación del Partido Popular. Que la presidenta madrileña, que durante algún tiempo fue la esperanza blanca de la regeneración del PP, se haya visto envuelta en tan embarazoso episodio, obliga a preguntarnos por la premisa mayor: ¿se puede regenerar el PP o es un partido gangrenado?

Como las profecías que se autocumplen, una sociedad que tiene la peor opinión de sus instituciones puede convertirlas en eso

Es cierto que en todos los partidos ha habido casos de corrupción. En ninguno, sin embargo, los ha habido de manera tan reiterada, sistemática y nuclear como en el PP. En ninguno tampoco el proceso de limpieza y desinfección ha sido más superficial y tardío.

No soy partidario de convertir en regla los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos. Casos de abuso de poder, nepotismo y malversación los ha habido siempre, en cierto modo va en la naturaleza humana y en el diseño abierto de las democracias. Los estudios internacionales indican que el nivel de corrupción en nuestro país (medido por el número de delitos o el de funcionarios involucrados) es, a grandes rasgos, el que nos corresponde por nuestro nivel de desarrollo económico y social. Donde estamos muy por debajo, sin embargo, es en el nivel 'percibido' de corrupción (como atestigua, por ejemplo, el índice de Transparencia Internacional): lo que los ciudadanos, empresas y agentes económicos piensan del funcionamiento de nuestras instituciones. Que sea un problema de percepción no significa que sea un problema menor: al contrario, como las profecías que se autocumplen, una sociedad que tiene la peor opinión de sus instituciones puede convertirlas exactamente en eso.

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Y es aquí donde, en mi opinión, los partidos tradicionales, especialmente el PP, tienen la mayor cuota de responsabilidad. Los casos de corrupción en el PP empiezan a reproducirse a partir de la segunda legislatura de Aznar. Empiezan, como suele ocurrir con las mayorías absolutas (algo parecido le ocurrió en su día a Felipe González), por el ámbito local, una tierra fértil para componendas, especialmente en un contexto de fuerte crecimiento económico como el que entonces tenía lugar. Las corruptelas locales fueron creciendo hasta prácticamente apoderarse, como si fuese una manifestación de crimen organizado, de algunas de las federaciones más importantes, como la valenciana o la madrileña. Cuando Rajoy toma los mandos del PP, no limpia la casa: seguramente en 2004 no tenía el poder interno para hacerlo. El Partido Popular, además, vivía bajo el estado de 'shock' de una derrota inesperada. Y en épocas de tribulaciones no son aconsejables las mudanzas, debió pensar Rajoy. Cuando Rajoy finalmente se hace con el control del partido en 2008, tras el congreso de Valencia, tampoco saca la manguera: en esta ocasión, la razón fue un puro cálculo político. El apoyo de Camps había sido fundamental para lograr la victoria interna, mientras a Esperanza Aguirre (su rival no declarada en aquel congreso interno) prefiere mantenerla a raya en Madrid antes que convertirla en un verso suelto.

Los cambios en el PP de Mariano Rajoy siempre han llegado tarde y en dosis mínimas

Tras las elecciones de 2011, ya con mayoría absoluta, tampoco es el momento de la catarsis interna. La crisis económica monopoliza la actuación política del Gobierno y desaconseja cualquier otra iniciativa de calado. Cuando, a fuerza de dar patadas hacia adelante, estalla el caso Bárcenas, este es demasiado gordo para adoptar medidas: apunta tan directamente al propio presidente del Gobierno que cualquier medida higiénica pasa por su propia asunción de responsabilidades. Pasado el vendaval de Bárcenas, llega el huracán de Podemos: entonces la excusa para justificar la inactividad interna es la amenaza populista de Pablo Iglesias: reconocer la necesidad de hacer cambios estructurales en el funcionamiento interno del partido sería tanto como alimentar la fiera populista. Así que Rajoy opta por una especie de cambio tranquilo: pone al mando del partido en Madrid a alguien que en realidad llevaba ya 30 años ocupando puestos de responsabilidad. Alguien cuya mayor virtud había sido pasar por todos los escándalos sin que la rozasen, mirando para otro lado. No debe extrañar ni que los ciudadanos no se hayan creído el cuento de la regeneración interna del PP (a la vista está su desplome en las encuestas) ni que, finalmente, la controversia haya alcanzado a la propia Cifuentes.

Los cambios en el PP de Rajoy siempre han llegado tarde y en dosis mínimas. Que esto no tiene visos de cambiar lo demuestra el tipo de perfiles que se manejan para sustituir al presidente si las perspectivas de una debacle electoral lo hacen inevitable: Ana Pastor o Núñez Feijóo representan exactamente el mismo perfil que tenía Cifuentes: siempre han estado allí, y su gran virtud consistió en que nunca parecieron enterarse de lo que estaba pasando. La resistencia al cambio del PP, salvo inopinada rebelión de sus mandos intermedios, solo parece tener un final: su desaparición como alternativa política de gobierno. Cuatro décadas después, el PP va camino de cerrar el círculo para volver a convertirse en lo que en su día fue la AP de Fraga durante la Transición: un partido minoritario, guardián de las esencias más derechistas. Exactamente lo que ya es en Cataluña.