Cataluña: ¿un Estado fallido?

Llevamos demasiado tiempo aceptando en Cataluña situaciones que son cualquier cosa menos normales. Las calles de Barcelona cada vez se parecen más a las de un Estado fallido

Foto: Protestas independentistas en Barcelona. (Reuters)
Protestas independentistas en Barcelona. (Reuters)
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En el otoño de 2017, el Gobierno de la Generalitat no quería colaborar en el cumplimiento de las resoluciones judiciales (así lo ha declarado probado el Tribunal Supremo). La pregunta ahora no es si quiere, sino si puede hacerlo. Entonces estábamos ante un Gobierno rebelde. Ahora, en cambio, las imágenes que llegan de las calles de Barcelona cada vez se parecen más a las de un Estado fallido.

Llevamos demasiado tiempo aceptando en Cataluña situaciones que son cualquier cosa menos normales. Un presidente autonómico que se pone al frente de una marcha que corta irregularmente una autopista; una portavoz del mismo Gobierno que muestra su “empatía” con los manifestantes que han intentado bloquear la infraestructura más importante de Cataluña (el aeropuerto de El Prat), enfrentándose a la policía autonómica cuando esta intentaba precisamente evitarlo.

Unos manifestantes que, en el tercer día de protesta, se dirigen a la Consejería de Interior, a cuyo titular han convertido en su particular bestia negra, sin que el presidente salga en su defensa, y no se atreva más que a balbucear una descafeinada condena de la violencia, como este jueves contaba Rafael Méndez.

Algunas informaciones periodísticas apuntaban que el jefe de los Mossos se habría negado a dimitir pese a las exigencias de Torra, que buscaba entregar un sacrificio a los sectores más radicales. Torra sigue haciendo malabarismos en el difícil papel dual de bandolero y guardia civil, de jefe sioux y vaquero. Lo más destacado ahora es que Torra parece haber perdido el control de los dos bandos: ni controla las protestas callejeras ni es capaz de dirigir de forma eficaz (o ineficaz, nadie sabe a estas alturas cuál es su verdadero objetivo) las fuerzas encargadas de preservar el orden en Cataluña.

Una mitad del Gobierno catalán está en la calle protestando, la otra mitad intentando reprimir la violencia. El desgobierno en el seno del Ejecutivo catalán es absoluto. No se trata de una coincidencia puntual, sino que responde a contradicciones internas muy profundas: el Gobierno carece de mayoría parlamentaria, sosteniéndose sobre el grupo radical de la CUP para aprobar sus iniciativas (durante gran parte del último año, ni siquiera disfrutaba de esta precaria mayoría, debido a la negativa de cinco diputados independentistas por ceder su escaño en el Parlamento catalán). Los últimos presupuestos aprobados fueron los de 2017. La parálisis de iniciativas legislativas o políticas es prácticamente absoluta.

Hemiciclo del Parlament durante la intervención de Torra. (EFE)
Hemiciclo del Parlament durante la intervención de Torra. (EFE)

Dentro del propio Ejecutivo catalán, son demasiadas las facciones existentes para que este organismo (de naturaleza colegiada) pueda funcionar con normalidad: a la división entre ERC y PDCAT, que tradicionalmente habían representado las dos almas del nacionalismo catalán, hay que añadir la implosión de los segundos en una constelación de bandos: Carles Puigdemont, desde su refugio belga, apuesta por las posiciones más maximalistas de desafío al Estado; Artur Mas acaricia, de forma cada vez menos disimulada, la ambición de recoger los cascotes rotos del nacionalismo convergente.

Y Torra, cada vez más aislado, como contaba este jueves Marcos Lamelas en este medio, se resiste a convocar unas elecciones que podrían conducir a un sorpaso tantas veces previsto que no cabe sino anunciarlo esta vez con las debidas precauciones: el que situaría a ERC liderando el bloque soberanista.

Cataluña: ¿un Estado fallido?

Es sencillamente imposible que un Gobierno sometido a estas tensiones internas pueda al mismo responder de manera eficaz a una situación de emergencia externa, como la que está teniendo lugar tras la radicalización de las protestas. La situación de los mandos intermedios debe ser esquizofrénica, recibiendo instrucciones no solo divergentes sino sencillamente contradictorias, mientras al mismo tiempo los propios funcionarios deben salvaguardar su situación personal, ante la perspectiva de que una escalada del enfrentamiento desemboque en una causa por desobediencia como en 2017, con las consecuencias que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho evidentes.

En 2017, la rebeldía de la Generalitat nos situaba directamente en el ámbito del artículo 155 de la Constitución: “Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, dice este artículo. Ahora, en cambio, la situación es otra.

Lo preocupante no es tanto la desobediencia de la Generalitat (aunque se debe vigilar al milímetro que efectivamente no se produzca, porque algunos responsables políticos se están acercando peligrosamente a la línea que la delimita). De lo que se trata es de garantizar el funcionamiento normal de las instituciones.

Porque si la Generalitat no es capaz de garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos más básicos, de preservar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, si el Consejo de Gobierno está partido por la mitad y es incapaz de tomar decisiones, el Estado en Cataluña ha dejado de funcionar. Que es precisamente el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Nacional: “Una situación en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno” (art. 23 de la Ley de Seguridad Nacional).

Si ante un Gobierno rebelde, en 2017, se activó el artículo 155 de la Constitución (seguramente tarde y de forma parcial), ante un Estado fallido, ahora, no deberíamos cometer el mismo error.

La cercanía de las elecciones hace que cualquier movimiento de los principales partidos se mire con suspicacia. El presidente del Gobierno en funciones debería dejarse de rondas de consultas tan baldías como muy publicitadas, que tan a menudo utiliza para proyectar su propia autoridad. Si lo que quiere es asegurarse el apoyo de otros partidos, debería utilizar más la discreción y menos la apertura de los telediarios. Y los partidos de la oposición deberían evitar exigir condiciones políticas para apoyar al Gobierno en esta coyuntura, por mucho que los acuerdos de los socialistas con las fuerzas independentistas requieran de una convincente explicación política, que hasta ahora no hemos escuchado.

Sánchez y Casado analizan la violencia en Cataluña en una reunión en Moncloa. (EFE)
Sánchez y Casado analizan la violencia en Cataluña en una reunión en Moncloa. (EFE)

Sin caer en el dramatismo histórico, no convendría olvidar la semana trágica de Barcelona en 1909, que provocó la fulminante caída del Gobierno de Maura. O los continuos desórdenes en Cataluña durante la década siguiente, que contribuyeron a la crisis y el descrédito del régimen de la Restauración. Es necesario restablecer la cadena normal de funcionamiento del Estado en Cataluña.

Y hacerlo de forma rápida, efectiva y sin cálculos partidistas. La Ley de Seguridad Nacional ofrece el marco adecuado. Cuanto antes se active, mejor. Antes de que sea, otra vez, demasiado tarde.

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