La Infanta no devolverá el dinero que ha ganado en Nóos

Cuanta más sátira pueda extraerse de un acontecimiento, mayor es el daño que produce a una sociedad. Si un tal Ignacio Miramamolín hubiera llamado a la puerta de los españoles para pedirles millones de euros a cambio de demostrarles que el golf atrae turistas, habría recibido un sonoro portazo. Si hubiera precisado su condición de esposo de una hija del Rey, el brusco adiós se habría transformado en una acogedora bienvenida. Es decir, Urdangarin pedía en nombre de Cristina en la trama investigada en un juzgado de Palma después de que se saquearan más de dos millones a los contribuyentes baleares, y tres más a los valencianos. Por tanto, la Infanta es inocente en el escándalo que erróneamente lleva el nombre de su esposo.

Por orden creciente de importancia, la inmaculada Infanta ha sido defendida por la Fiscalía, la Audiencia de Palma, la Agencia Tributaria, la abogacía del Estado, la Moncloa, la Zarzuela y Martínez Pujalte, el Sazatornil del PP. No está mal, si se piensa que Cristina de Borbón se ha embolsado personalmente cerca de un millón de euros de una trama maloliente a través de una sociedad en la que posee el cincuenta por ciento. Todas las instituciones citadas consideran que el apellido Urdangarin prevalece sobre el humilde linaje Borbón, un insulto a la Corona que no ha sido compartido por Jaume Matas. El gobernante, hoy ya promovido a delincuente por el Supremo, afirma que pagó dos millones porque no se podía negar al yerno del Rey.

El Estado no sólo ha de rebajar a la familia Borbón para proclamar la pureza de la infanta Cristina. Incurre además en un insultante machismo, la esposa consagrada a sus labores que no reparaba en el chorro de cientos de miles de euros en su cuenta corriente

El Estado no sólo ha de rebajar a la familia Borbón para proclamar la pureza de la infanta Cristina. Incurre además en un insultante machismo, la esposa consagrada a sus labores que no reparaba en el chorro de cientos de miles de euros en su cuenta corriente, por no hablar del palacete barcelonés de diez millones de euros. La hija del Rey y Ana Mato de Gürtel, mismo combate. La todavía ministra de Sanidad ha visitado Mallorca esta semana, no porque le preocupe mínimamente la salud de los mallorquines, sino para coincidir en un acto público con la Reina y bruñir así su deslucida imagen.

Si Ana Mato es más importante que el anónimo Sepúlveda, sorprende la suposición de que los infinitos regalos de la trama de Francisco Correa tenían como destinatario al menos relevante de la pareja. Y lo mismo vale para Cristina de Borbón. Por fortuna, esta discriminación por cuestión de sexo no se ha extendido a Rosalía Iglesias de Bárcenas, embargada por la petición de una fianza millonaria además de imputada junto a su esposo, por mucho que el tesorero de Rajoy insista en que su esposa se limitaba a seguir sus instrucciones. En la accidentada instrucción del caso Palau, las esposas de los dos principales imputados, Millet y Montull, han estado imputadas durante años sin que se sulfuraran las instituciones estatales.

El Estado le ha ofrecido un pacto tácito y diabólico al juez José Castro, que encima es madridista. A cambio de obviar las responsabilidades de Cristina de Borbón en una trama que la ha hecho millonaria con dinero público, se le entregaban en una bandeja las cabezas de Ignacio Urdangarin y su amigo Diego Torres, las joyas de Esade. Los informes más recientes de la Agencia Tributaria destacan que el Instituto Nóos, sinónimo de lucro, desvió las cantidades obtenidas de Balears y Valencia a sociedades que no estaban capacitadas para prestar los servicios ficticiamente contratados. Caso cerrado, pero el magistrado persiste.

En un esfuerzo de imaginación que nuestros lectores más exigentes atribuirán a una distorsión patológica de la realidad, vamos a imaginar que Cristina de  Borbón desconocía los manejos presuntamente delictivos. Supongamos que, como nos ocurre a todos a menudo, se limitara a recibir cientos de miles de euros que atribuía a la habilidad de su marido. Una vez descubierto el origen fraudulento del dinero, podría haberse ofrecido, cuando menos, a restituir su parte del botín. Sin embargo, la Zarzuela ni ha mencionado la devolución de sumas donde le alcanza la responsabilidad coronada subsidiaria.