Educación para el ‘Progrefascismo’

De la sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de los padres a la objeción de conciencia ante la asignatura del Catecismo Socialista o Educación para el Progrefascismo, sabemos cuatro cosas: la primera, que en los supuestos analizados por el TS, es decir, los recursos presentados por algunos padres después de que los tribunales ordinarios les negaran ese derecho, no cabe la objeción de conciencia porque, según el Tribunal, no es un derecho fundamental recogido en la Constitución y le da la razón al Gobierno; la segunda, que aunque el TS niega la objeción de conciencia sin embargo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos no estudien determinados conceptos morales que son contrarios a su manera de pensar, por lo que reclama al Ejecutivo que elimine del currículum de la materia todo aquello fruto de la controversia moral que había llevado a los padres a objetar, por lo que da la razón a estos últimos; tercera, que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, sabía cuál iba a ser la sentencia el mismo día en el que el Supremo comenzó sus deliberaciones, y esto es un asunto muy grave porque es constitutivo de un delito de prevaricación; y cuarta, que lejos de haberse aclarado el asunto, el Supremo lo ha liado aún más, a falta de conocer la sentencia completa y los votos particulares.

 

Si, como he dicho muchas veces en relación a otros asuntos pero que también es aplicable a este, tuviéramos un Gobierno serio y responsable preocupado de verdad por el bienestar de los ciudadanos -y la educación es parte primordial de ese bienestar-, la ministra habría acogido la sentencia con la actitud de gravedad que la misma sugiere, puesto que si bien da un respiro al Gobierno en el tema de la objeción, al mismo tiempo le conmina a cambiar su planteamiento, y acto seguido se habría reunido con la oposición y con los sectores educativos, incluidas las asociaciones de padres que rechazan el contenido moral de esta asignatura, para plantear un nuevo currículum de la misma centrado únicamente en el estudio de los valores constitucionales, que parece que es lo más sensato. En lugar de eso, los socialistas han tirado las campanas al vuelo y se han hartado de felicitarse por una sentencia que en modo alguno les es favorable, y de hecho en algunas declaraciones -como las de Squeeze, que debe ser que todavía no sabe ni leer ni, mucho menos, interpretar lo que lee- hasta se han atrevido a asegurar que la educación para la ciudadanía es enseñar a los chavales como se coloca un preservativo.

Miren, y para que no haya malentendidos y los fascistas de siempre me reprochen afirmaciones que yo no he hecho: soy absolutamente partidario de una educación sexual consecuente y preventiva, y del uso del preservativo como método necesario para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Pero me niego rotundamente a que sea el Estado el que les explique a mis hijos que tipo de familia es la correcta, o cuando una madre o un padre es más guay que otro en función de si se les deja o no llegar a casa por la noche a la hora que les de la gana. Me niego rotundamente a que el Estado les imponga a mis hijos un modelo de sociedad que no comparto, aunque respeto todas las formas de convivencia. Me repugna el adoctrinamiento, me repugnaba cuando lo ejercía un Estado autoritario como era el franquista, y me repugna cuando lo ejerce un Estado supuestamente democrático en el que se pretende convencer a los niños de que ser progresista es lo mejor, y ser conservador es una reminiscencia del pasado. La vicepresidenta del Gobierno ya nos ofreció una vez un ejemplo muy clarificador de lo que el PSOE entiende por educación para la ciudadanía dando un mitin en un colegio a unos chavales de primaria a los que explicaba lo bueno que es el Gobierno y lo malo que es el PP, y eso solo tiene un nombre: fascismo. Cuando desde el poder se pretende manipular las conciencias en su estado más primario e indefenso, se está ejerciendo el peor de los totalitarismos.

Vamos a esperar a conocer el resto de la sentencia, que además peca de una absoluta falta de sentido de la globalización, puesto que el derecho a la objeción de conciencia si bien no está recogido como fundamental en la Constitución, sí que lo está en otras cartas de derechos a las que se ha acogido España. Vamos a esperar, además, a que se pronuncie el Constitucional tras los recursos que se van a presentar después de esta sentencia francamente desconcertante. Pero lo cierto es que los padres que creemos en la libertad de elección a la hora de decidir la educación que queremos para nuestros hijos no vamos a dejar de luchar por esa libertad, que es esencial y primaria en el desarrollo del ser humano. Lo que nos ofrece el Gobierno es imposición de una nueva doctrina que en el modo de impartirse recuerda mucho a aquella asignatura de los principios de Movimiento. Adoctrinar niños es una aberración y es evidente que este Gobierno quiere ciudadanos uniformados en lo que a la capacidad de pensar se refiere y eso trae a la memoria los peores temores de lo que hubiera supuesto el triunfo del nazismo en Europa. Estas son las cosas por las que merece la pena luchar, porque es en donde ciertamente la libertad se encuentra amenazada y en peligro. Se trata de nuestros hijos, y no caben tibiezas ni medias tintas.