El PP sobre el Príncipe: “Ha llegado su hora, no la de ser Rey, sino la de salvar la Corona”

El accidente sufrido la semana pasada por el Rey Juan Carlos mientras participaba en una cacería privada en Botsuana ha levantado una fuerte polémica en la sociedad española. Algunos políticos que hasta ahora guardaban un escrupuloso silencio han dejado caer, con más o menos contundencia, críticas a la actitud del Monarca, llegándose a cuestionar en algunos casos su propia continuidad e, incluso, la continuidad del modelo de Monarquía Parlamentaria.

La cuestión preocupa, y mucho, en el Gobierno de la Nación, presidido por Mariano Rajoy, que bajo ninguna circunstancia quiere que este asunto contribuya a desgastar más la imagen de España y sirva como excusa para reabrir el debate Monarquía sí, Monarquía no, primero porque el Gobierno cree que, a pesar de las circunstancias y salvo una posición determinada en sectores sociales muy concretos, la inmensa mayoría de la sociedad no está por la labor de modificar el modelo de Estado que los españoles votaron con la Constitución de 1978. Sin embargo, el Gobierno sí que es consciente del enorme desgaste que en los últimos meses está sufriendo la institución monárquica, especialmente debido a la crisis que en el seno de la Familia Real ha supuesto el llamado ‘caso Urdangarín’, y es consciente también de que en adelante el comportamiento del Rey y de los demás miembros de la Casa Real va a ser observado con lupa por parte de los ciudadanos.

De ahí que en el Gobierno, con una absoluta discreción que pretende alejar ese debate de la luz pública, se estén planteando algunas soluciones que vendrían a servir de contrapeso a la actual pérdida de credibilidad de la Monarquía y evitar el debate sobre su continuidad. De hecho, fuentes del Ejecutivo señalan que, para que esas propuestas tengan verdadero efecto, deberían ser lideradas por el propio Príncipe Felipe -“ha llegado su hora, no su hora de ser Rey, sino su hora de salvar la Institución”, dicen estas fuentes-, que debería ser quien propusiera estos cambios tanto al PP como al PSOE, para buscar el máximo consenso posible dado que los mismos supondrían una reforma de la Constitución que requiere, si no la unanimidad, sí al menos la concurrencia de una mayoría muy cualificada de la sociedad española.

¿Cuál sería esa aparente solución? De lo que se trata, según estas fuentes, es de hacer frente a las principales críticas que dirigen los ciudadanos a la Corona: su falta de transparencia, su inmunidad y su falta de control. “Durante todos estos años se ha protegido en exceso a la Corona, incluso lo hace la propia Constitución en su artículo 56.3”, en el que se dice que el Rey es inviolable y no está sujeto a ninguna responsabilidad. Eso debería cambiarse, y parece haber consenso en las dos principales fuerzas políticas en que eso sea así. La propuesta que, insisten estas fuentes, debería liderar el Príncipe Felipe, es la aprobación por parte de las Cortes de un Estatuto de la Casa Real que estableciera algunos límites que ahora mismo no existen, básicamente en tres frentes:

El primero, dotando de absoluta transparencia a las cuentas de la Familia Real, de tal modo que las asignaciones presupuestarias aparezcan completamente pormenorizadas en los Presupuestos Generales del Estado, y puedan ser además objeto de auditoría contable por parte del Tribunal de Cuentas. Además, en sede parlamentaria, el Jefe de la Casa Real debería dar cuenta detallada del grado de cumplimiento de estas partidas.

El segundo, estableciendo por ley la prohibición de que los miembro de la Familia Real puedan dedicarse a negocios privados en nombre de la misma, de tal modo que su manutención provenga directamente de la asignación real y de sus trabajos directamente retribuidos por las empresas que los contraten, y siempre bajo una estricta supervisión por la correspondiente comisión parlamentaria.

Y el tercero, exigiendo al Monarca su comparecencia anual ante la comisión correspondiente del Congreso y el Senado para dar cuenta de sus actividades como Jefe del Estado. El Estatuto establecería, además, los límites a la agenda privada del rey, e incluiría criterios muy concretos en lo que a los regalos se refiere.

Obviamente, para llevar adelante esta iniciativa sería necesaria una reforma de la Constitución, que además serviría también para modificar el artículo 57.1 en el que se establece la primacía del varón sobre la mujer en el orden sucesorio, de ahí que bajo ninguna circunstancia el Gobierno se plantee que una iniciativa de este tipo vaya a llevarse a cabo en la primera parte de esta legislatura, ya que al contrario de lo que ocurrió con la reforma del pasado mes de agosto referida al límite del déficit, en este caso sería necesaria la sanción vía referéndum y la convocatoria de elecciones. De lo que está convencido el Gobierno es de que “algo de todo esto tendrá que hacerse en el futuro, porque si no el cuestionamiento de la Monarquía podría llevarnos a un debate mucho más peligroso y mucho menos seguro para nuestro país, a la vista de las experiencias pasadas”. La figura del Príncipe podría, de esta manera, salir muy fortalecida de esta crisis y ganarse de nuevo el favor de la sociedad española para mantener vivo el espíritu constitucional.