¿Ofensiva catalana para hacerse con el Colegio de Abogados de Madrid?

El próximo día 18 los abogados de Madrid están llamados a las urnas para elegir a su nuevo decano. Hace cinco años, en una reñida votación

El próximo día 18 los abogados de Madrid están llamados a las urnas para elegir a su nuevo decano. Hace cinco años, en una reñida votación entre Antonio Hernández Gil y Javier Cremades, ganó el primero. Ambos vuelven a intentarlo, pero lo que en un principio parecía una reedición de la 'batalla' de hace cinco años se ha visto alterado por la irrupción de una tercera en discordia, la abogada Sonia Gumpert, socia en Madrid del despacho catalán Monereo, Mayer y Marinel.lo. Hasta aquí nada debería sorprender, ni siquiera el hecho de la procedencia, ya que, aunque el despacho tenga su sede en Barcelona, ella ejerce en Madrid. Luego lo que voy a relatar a continuación nada tiene que ver con el hecho de la 'catalanidad', y lo digo porque habrá quienes echen mano de esa excusa victimista para reprochar el contenido de este post. La propia Gumpert ha querido convertir su 'caso' en un ataque por ser catalana, pero nada más lejos de la realidad. Ni siquiera lo que voy a contar es ilegítimo, pero es bueno que se conozca porque, cuando uno acude a unas elecciones, haría bien en desvelar siempre todas sus cartas y presumir de transparencia.

Y es que lo que conscientemente ha ocultado la candidatura de Sonia Gumpert desde el principio es que tras su apuesta, apoyándola en todos los sentidos, incluido el económico, se encuentra el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, una lawyer school nacida en Barcelona y propiedad de la familia Pintó, que ha montado desde hace dos años una operación logística y mediática en toda regla para tomar el control del Colegio de Madrid, que cuenta con más de 65.000 miembros. Un asunto que preocupa, y con razón, a buena parte de la abogacía madrileña por dos motivos que fuentes del Colegio de Abogados consideran de especial gravedad: el primero, que se trata de una candidatura férreamente organizada y controlada por una organización mercantil que vive exclusivamente de la abogacía y que aspira a controlar el organismo que la regula; y, el segundo, la cercanía y connivencia de la familia propietaria del ISDE con el nacionalismo catalán.

Porque, eso sí, una cosa es Cataluña y otra cosa es CiU, y más en las actuales circunstancias. Es de sobra conocida la conexión de Pintó Ruiz, presidente de honor del ISDE, con CiU. Pintó fue, después de su paso por el decanato de Barcelona, presidente de la Caixa de Barcelona y hombre clave en la sociedad civil próxima a la familia Pujol. Incluso hoy es conocida la cercanía de él y sus hijos a hombres como Xavier Trias, alcalde de Barcelona, u Oriol Pujol, el heredero del nuevo nacionalismo convergente. Es frecuente ver en actos del Instituto a otros personajes como Eugeni Gay, antiguo presidente del Consejo General de la Abogacía y magistrado del Constitucional que votó a favor de que Bildu pudiera concurrir a las elecciones vascas. De talante moderado, su cercanía al nacionalismo catalán no había tenido consecuencias en Madrid, donde habían conseguido un cierto prestigio, pero lo acontecido en las semanas previas a las elecciones catalanas, en las que el Colegio de Abogados que ellos controlan desde hace años realizó una apuesta sin fisuras por la deriva nacionalista de Artur Mas, ha hecho saltar todas las alarmas entre los entre los notables de la abogacía madrileña.

¿Qué es el ISDE? Para que ustedes se hagan una idea, se trata de un centro de formación jurídica fundado en 1992 por Alejandro Pintó Sala, en el que trabajan en puestos de dirección buena parte de su familia. La dirección general está en manos del considerado estratega de su expansión, Juan José Sánchez Puig. El Instituto se ha convertido en un conglomerado de empresas vinculadas con el derecho, que además de impartir más de 24 masters incluyen una editorial, el despacho de abogados, que funciona en el mismo edificio de la sede social de Madrid, y la comercialización de una potente, y posiblemente única, base de datos de abogados. Nacido en Barcelona, el ISDE rápidamente vio su espacio en Madrid.

¿Es ilegal esta operación? Sin duda, no, pero la ocultación por parte de Gumpert al resto de los colegiados de que su candidatura está financiada y organizada por una institución catalana que pretende llegar al colegio para hacer negocios es cuanto menos inmoral.

La intención de ocupar y controlar la Junta de Gobierno de un colegio de abogados no es nueva, hasta lo intentaron en Barcelona. La pregunta es, ¿por qué necesita el ISDE controlar el Colegio de Madrid? La respuesta es sencilla: todos los productos y servicios que su conglomerado empresarial produce son susceptibles de ser vendidos al Colegio y su base de datos, sumamente interesante para vender cualquier producto a los letrados, sirve también para competir con ventaja en cualquier elección a decano.

La idea de hacerlo a través de la candidatura de Sonia Gumpert nació hace un año, en diciembre de 2011, cuando Juan José Sánchez Puig organizó en la sede del ISDE en Madrid, en la céntrica calle Recoletos, un departamento de la candidatura de Sonia Gumpert, dirigido por Alejandro Pintó Jr. y formado por ocho personas. Desde allí, planificaron y lanzaron la Plataforma para la Defensa de la Abogacía, con el objetivo de dar presencia a una desconocida candidata y empezar a generar una cierta base electoral. Una de las primeras batallas fue oponerse a la reforma del servicio médico que el decano Antonio Hernández Gil estaba implementando. A esta reivindicación, iniciada por un grupo de exdiputados de la Junta de Gobierno, se sumaron muchos abogados bienintencionados que desconocían la operación y que fueron contactados mediante la base de datos del servicio médico, base de datos que luego utilizarían para la campaña electoral.

ALA, Asociación Libre de Abogados, que también presenta candidatura a estas elecciones, denunció el uso ilegal de los listados del servicio médico por parte de Sonia Gumpert para la contienda por la dirección de la institución. Esta asociación independiente de abogados, la más antigua de las que opera, y considerada por muchos el referente moral del Colegio, lleva años ejerciendo de oposición a las diferentes Juntas de Gobierno que se han sucedido. También formuló un recurso ante la comisión electoral por lo que consideraron un fraude de la candidatura de Gumpert: el uso masivo de datos de colegiados y el comienzo de la campaña antes de las fechas designadas para ello. Los Pintó estaban desesperados por ganar y necesitaban hacerlo, no solo por la enorme inversión realizada para crear y lanzar profesionalmente una candidatura, sino porque el control del Colegio de Madrid es vital para la supervivencia futura de su propia empresa.

La plataforma para la defensa de la abogacía fue el primer paso de la estrategia de ocupación y control de la Junta de Gobierno iniciada y liderada por la profesora de los cursos del ISDE y miembro de su consejo académico, Sonia Gumpert. El 5 de julio de 2012 se produce una de las primeras reuniones de la candidatura propiamente dicha en la calle Recoletos 6 bajo el 'liderazgo' de Juan José Sánchez Puig y Alejandro Pintó Jr., con las presencias obvias de la candidata Gumper y un conjunto de abogados. Las reuniones prosiguen en septiembre, el 12, y el 20 se vuelven a citar y, aunque los personajes principales no varían, siempre hay caras nuevas, según los testigos. Los convocan las ocho funcionarias del departamento de candidaturas creado en diciembre del año anterior.

El dinero se comienza a ver. Importantes colaboradores profesionales, carteles, folletos, cenas con abogados y un vídeo enviado antes de tiempo al censo de abogados que le supuso a Sonia Gumpert un toque de atención por parte de la Junta Electoral. Las llamadas a los teléfonos de la base de datos de los abogados se hacían desde un call center de Madrid que posteriormente fue cerrado para reaparecer en Asturias. En un despliegue que iba a por todas, tampoco faltó la creación de una candidatura satélite liderada por un desconocido, Emilio Ramírez.

¿Es ilegal esta operación? Sin duda, no, pero la ocultación por parte de Sonia Gumpert al resto de los colegiados de que su candidatura está financiada y organizada por una institución catalana que pretende llegar al Colegio para hacer negocios es, cuando menos, inmoral. Los abogados deben saber a quién votan. El disgusto con el masivo spam hecho a todos los abogados de Madrid, y con el ejército de voluntarios dedicados a, cuando menos, deslegitimar al resto de candidatos en las redes sociales, ha crecido. Muchos se han sentido manipulados y engañados, como cuando fueron invitados, de forma masiva y anónima, a cenar en casa de la candidata. El ágape no era en su domicilio, sin embargo, sino en su despacho, Mariscal, Monero y Mayer, un grupo de abogados serios que ahora discuten entre ellos si todo esto merece la pena y se preguntan en qué lío se han metido.

Dos Palabras
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