Sentencia Nóos: devolvamos al pueblo lo que es del pueblo

En el año 2009, mi compañero y amigo Daniel Forcada y este que suscribe publicamos un libro en el que, bajo el título 'El negocio del poder. Así viven los políticos con nuestro dinero' (Edit. Áltera), se hacía un repaso bastante exhaustivo de los comportamientos amorales de nuestra clase política en un estadio anterior al de los delitos de corrupción propiamente dicha, aunque también se hacía mención de los mismos. Dicho de otro modo, era una crítica dura y descarnada de la casta, mucho antes de que apareciera en escena Podemos, aunque no pudimos titular así el libro porque se nos habían adelantado otros dos periodistas italianos con una idea parecida.

En su segundo capítulo, se hacía un repaso muy detallado de todos los privilegios que implicaba ser rey de España y pertenecer a la familia real. Una relectura de aquellas páginas me hizo comprender la razón por la que alguien tan aparentemente normal como Iñaki Urdangarin se dejó llevar por la codicia desmedida: ¿a quién no le gusta vivir como un millonario? O, dicho con el eslogan de un conocido anuncio, no tenemos sueños baratos y con más razón si tu suegro no oculta tampoco su pasión por la 'dolce vita'. De ahí la importancia de la sentencia condenatoria.

Más allá de que algunos piensen que se ha quedado corta; otros, que ha sido demasiado dura; los más, que tendría que haber afectado también a su mujer, la infanta Cristina, lo cierto es que en sí misma es toda una lección de la que debe aprenderse de cara al futuro. Nada de todo esto puede volver a repetirse, y precisamente para evitar que ocurra, nos tendríamos que empeñar en la redacción de un nuevo contrato social que modifique los elementos de convivencia que a lo largo de estas décadas de democracias se han visto perjudicados por estos comportamientos.

Sin duda no es una buena imagen para un país que se considera serio y con una democracia asentada la de ver entrar en prisión al marido de una infanta, pero es evidente que en términos de ejemplaridad los ciudadanos, el pueblo, la gente, aplaude esta decisión que se ha tardado ocho meses en tomar. Y esa es la clave, con mayor razón en un país donde, como dice mi amigo Javier Ybarra, la gente “come el pan de cada día empapado en lágrimas”. Lo que hemos visto en estos años en los que los tribunales se han colapsado investigando y juzgando delitos de corrupción es que los fundamentos morales de nuestra democracia están en decadencia.

Eso ya lo decíamos Daniel y yo en el epílogo de nuestro libro, adelantándonos a lo que vendría después. Todo esto debería servir para corregir errores pero, sobre todo, para regenerar un sistema democrático muy afectado por una mala interpretación del uso del poder, más bien del abuso del poder. Da la sensación –y más que la sensación, la certeza– de que los representantes de los ciudadanos se han olvidado de cuál es la raíz de un sistema democrático, es decir, que su poder es delegado, proviene del pueblo que los elige. Pero de eso solo se acuerdan cada cuatro años, a la hora de volver a pedir el voto. Por eso en la portada de nuestro libro aparecía un nutrido grupo de políticos fácilmente reconocibles brindando a nuestra salud –la de los ciudadanos, me refiero– y dándonos las gracias por votarlos.

Lo que hemos visto en estos años es que los fundamentos morales de nuestra democracia están en decadencia

Sería necesario, por tanto, ir más allá y aprovechar las circunstancias para pactar un nuevo contrato social que devuelva al pueblo lo que es suyo. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que es necesario acometer una profunda reforma de la Justicia que devuelva la fe en la igualdad ante la ley –hoy absolutamente cuestionada–; una reforma del sistema de elección para que los representantes de los ciudadanos sean eso, y no una mera extensión del poder de turno; una mayor transparencia o, como decía Giovanni Sartori, “que la casa del poder sea una casa de cristal”; la despolitización de las instituciones; y la búsqueda de la eficiencia frente a costosas y aparatosas maquinarias de poder.

En eso debería consistir el nuevo contrato social. El problema es que no veo que exista voluntad política para llevarlo a cabo. Ni siquiera en un Podemos que ha optado por echarse al monte en lugar de apostar por la regeneración del sistema. Cabe la posibilidad de que el único que había entendido esto tome la decisión de liderar el cambio, pero no me atrevo a aventurar que ocurra. Mientras tanto, seguiremos como estamos.