La 'fontanería' de Moncloa niega hasta lo evidente

No hay nada más desesperante en esta profesión nuestra que tener la certeza de que algo está pasando y chocar con el muro de la desinformación. En este país nuestro, la desinformación es algo bastante habitual y un obstáculo permanente para nuestro trabajo como periodistas. Lo peor es que quienes practican la desinformación son aquellos que deberían hacer justo lo contrario. Hace tiempo que los periodistas sabemos que a vueltas con el problema de Cataluña se están produciendo contactos permanentes entre miembros del Gobierno de España y de la Generalitat, y que esos contactos se producen desde el más alto nivel –—presidentes— vía telefónica y, probablemente, con algún encuentro personal, hasta secretarios de Estado y directores generales. Pasando por el cauce de diálogo abierto entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que es donde residen todas las esperanzas de encontrar una solución al conflicto soberanista.

Es así y, además, tiene que ser así. Lo contrario sería una irresponsabilidad. La obligación de todas las partes —pero, especialmente, la del Gobierno de España— es intentar buscar una solución que de una vez por todas resuelva esta situación. Lo que no es explicable es el empeño de algunos por negar lo evidente, por desmentir lo que sabemos que está ocurriendo, porque, entre otras cosas, nos lo han reconocido algunos de sus protagonistas. Es comprensible, también, que esos contactos sean discretos —que no secretos— y que tampoco nadie quiera darles una especial publicidad, pero si bien puede resultar más explicable que la Generalitat —atada de pies y manos por su compromiso con la CUP y las organizaciones independentistas— no quiera reconocer esos contactos, no tiene tanto sentido que la fontanería de Moncloa se obceque en negarlos cuando lo cierto es que todo, o casi todo, el mundo alaba el hecho de que por fin se haga algo que no se quiso hacer la pasada legislatura: hablar.

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Y eso no significa necesariamente ceder. Nadie va a negociar un referéndum de independencia desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Se trata de buscar alternativas porque, entre otras cosas, y a pesar de la 'boutades' de Gabriel Rufián, lo cierto es que en la propia Generalitat saben que esa consulta no se va a celebrar, y saben también que, a diferencia de lo que pasó la vez anterior, el Gobierno tiene previstos todos los mecanismos para evitar que vuelvan a ponerse urnas y papeletas en los colegios. Entre otras cosas porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere hacer el inmenso ridículo que ya hizo cuando afirmó, primero, que no iba a haber referéndum —la misma tarde anterior en Sevilla, solo una horas antes de que los colegios públicos catalanes abrieran sus puertas para que la gente votara— y, segundo, que “solo han votado dos millones y medio de catalanes”, como dijo unos días después. Aquello le costó al PP una sangría de votos, tanto en el ámbito autonómico, como en el nacional, lo cual reconocen en el propio partido.

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En Cataluña se están moviendo las piezas de un tablero de juego muy complicado, y lo curioso es que los actores de ese tablero no son todos los que en apariencia deberían ser. Los contactos, las conversaciones más discretas porque son las que se refieren al conflicto soberanista, se están produciendo a tres bandas entre el presidente y la vicepresidenta por un lado, Puigdemont pero, sobre todo, Oriol Junqueras por otro y un tercer actor que está jugando un papel muy importante: Miquel Iceta, el líder del PSC. Lo que salga de todo eso está por ver, pero sin duda esta vez el presidente Rajoy ha entendido que urge resolver el problema catalán porque en estos momentos es el asunto más grave al que se enfrenta España.