Mañana Cataluña será, por fin, un Estado independiente

Mañana es 10 de julio. Dieciocho meses antes, un 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont era elegido presidente de la Generalitat de Catalunya en una convulsa sesión de investidura que dejaba fuera del poder a Artur Mas, por exigencia de los ultranacionalistas de la CUP que exigieron su cabeza para apoyar al Junts pel Sí y que estos, pese a haber perdido un buen puñado de escaños, siguieran gobernando.

Puigdemont tuvo que prepararse la noche anterior un discurso de investidura que fue casi improvisado, tanto como su propia candidatura, y prácticamente se limitó a hacer un desglose del acuerdo que la candidatura de Junts pel Sí, que incluía a la antigua Convergència i Unió y a ERC, había alcanzado con la CUP. Un acuerdo que incluía entre sus puntos un periodo de 18 meses a contar desde ese día para culminar el proceso de desconexión de Cataluña de España o, dicho de otro modo, alcanzar la independencia.

En su discurso de investidura Puigdemont se comprometió a dar todos los pasos necesarios para cumplir ese objetivo, de hecho, se propuso avanzar en cinco puntos esenciales –recogidos también en el acuerdo–, cuyo objetivo final sería la independencia en el plazo acordado: culminar el proceso en su fase participativa, ciudadana y asociativa; diseñar definitivamente las estructuras de Estado necesarias y "ponerlas a punto"; tramitación del anteproyecto de ley del proceso constituyente; tramitar las leyes de transitoriedad jurídica y del proceso constituyente, e internacionalizar el proceso independentista.

Las estructuras de Estado no eran otras que una Agencia Catalana de Seguridad Social (que sustituiría a la Seguridad Social española), un Banco Central de Cataluña, una Hacienda Catalana, un Consejo Fiscal de Cataluña o incluso 'aduanas'. Cualquiera que relea ahora el discurso de investidura de Puigdemont se dará cuenta de que hay algo que no cuadra: en ningún momento se habla de hacer un nuevo referéndum. Ni siquiera se recoge esa posibilidad en el acuerdo con la CUP. ¿Para qué? Ya se había hecho uno, no hacía falta hacer más.

Pues bien, ese periodo de 18 meses para alcanzar la independencia se cumple mañana. Es decir, mañana lunes, 10 de julio, según la promesa que les hizo Carles Puigdemont a los catalanes en la sesión de investidura, Cataluña debería ser ya un Estado independiente. Pero no. Es más, de hecho ni siquiera se ha avanzado en ninguno de los cinco puntos en los que se comprometió a avanzar para llegar a la desconexión. No hay Seguridad Social catalana, no hay Hacienda catalana, no hay Banco Central de Cataluña, no hay un Consejo Fiscal catalán, ni hay una aduana catalana. Y del proceso de internacionalización, mejor no hablar, porque el éxito deja mucho que desear: no hay uno solo país serio, no hay una sola democracia occidental que haya respaldado ni siquiera por omisión el proceso independentista catalán.

La conclusión no puede ser más obvia: un puro engaño, una farsa, una falacia que, sin embargo, sigue teniendo comprometida con su consecución a una parte importante del pueblo catalán. Y esto es, sin duda, lo más grave. No va a haber referéndum, y Puigdemont, su Gobierno y los partidos que lo sustentan, lo saben. Y será un nuevo desengaño. Es increíble que todavía haya un catalán dispuesto a creerse las mentiras de unos políticos que le han conducido a una de las crisis sociales más importantes de toda su historia, pero eso dice mucho también del componente emocional con el que han jugado los farsantes.

Hay que compensar el daño que se ha hecho a la sociedad catalana, recomponer la enorme fractura social que se ha provocado

El problema es que nos va a tocar arreglarlo a los demás. Es evidente que a lo largo de todo este tiempo, y no hablo solo de estos últimos años, sino desde la Transición hasta aquí, hemos cometido muchos errores que han acabado alimentando al monstruo independentista. Y es el momento de corregirlos. Habrá que esperar a que el tren que conduce Puigdemont se estrelle, pero después será el momento de recurrir a eso que los tres expresidentes del Gobierno –Aznar, González y Zapatero– llamaban “hacer política”.

Muchos defendemos esa vía desde hace tiempo, con enorme incomprensión por parte de los sectores más centralistas de la política y el periodismo. Pero no hay más remedio que abrir ese diálogo y dar paso a soluciones que puedan satisfacer las demandas de ambas partes. Obviamente, los interlocutores actuales no valen; los de allí, y probablemente parte de los de aquí, pero hay que compensar el daño que se ha hecho a la sociedad catalana, recomponer la enorme fractura social que se ha provocado, precisamente porque sigue siendo, y lo seguirá siendo mañana, y pasado mañana, una parte –y muy importante– de nuestro país.