¿Se pudo evitar el atentado?

Desde hace tiempo, sabemos que España es un objetivo del terrorismo islamista, entre otras razones, algunas más recientes que sirven como excusa a los terroristas, como nuestra participación en la coalición internacional contra el Estado Islámico, y otra más antigua que tiene que ver con la reconquista de Al Ándalus. De hecho, España ha sido el país en el que se ha cometido el atentado más sangriento y, también, el más complejo.

A partir de aquella fecha fatídica que siempre estará en nuestra memoria, las prioridades de muestras fuerzas de seguridad cambiaron. ETA acentuaba su declive como organización terrorista, pero la experiencia de tantos años en la lucha contra el terrorismo no podía sino ayudar a que nuestras fuerzas de seguridad, sin dejar de mirar hacia el problema interno, comenzaran a aplicar lo aprendido en la lucha contra una nueva forma de terrorismo. Obviamente, se trataba de formas distintas de practicar el terror, pero con elementos comunes. Y, sobre todo, nuestra Policía y nuestra Guardia Civil habían desarrollado un sexto sentido que les permitía estar en alerta constante. Algo que no poseen otras policías de nuestro entorno, aunque empiezan también a desarrollarlo.

Esa fue la razón que condujo a la policía belga, después de haber metido la pata varias veces y haber sufrido en sus carnes el zarpazo terrorista, a ponerse en contacto en marzo de 2016 con los Mossos para solicitar información del imán, que ya se encontraba en Ripoll después de haber pasado por Francia y Bélgica, donde se había radicalizado. Sospecharon de él, y por eso solicitaron información. ¿Qué hicieron los Mossos? Nada. Como tampoco hicieron nada dos días antes del atentado cuando se produjo la explosión de la casa de Alcanar en la que los terroristas habían acumulado más de 120 bombonas de butano. Sabemos que la Guardia Civil se quiso personar en el lugar, pero recibió la negativa de los Mossos por respuesta.

Era muy difícil que España se librara durante mucho más tiempo de un atentado terrorista, y así me lo reconocía —ya lo conté la semana del atentado— el propio ministro del Interior hace unos meses. Pero también era muy difícil que a nuestras fuerzas de seguridad se les escapara la formación de una célula terrorista de las características de la que atentó en Barcelona. Un atentado que podía haber sido una verdadera masacre si no les hubiera estallado la casa de Alcanar. Salvo que esa célula consiguiera escapar del control de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que fue exactamente lo que pasó.

Y no tenía que haber pasado. Nadie en el Gobierno quiere reconocerlo abiertamente, porque desde el presidente hasta el último mono en el Ejecutivo y en el Partido Popular, y lo mismo cabría decir del resto de partidos, todos se han sumado a un honroso ejercicio de responsabilidad política que pasa por no abrir una brecha en la lucha contra el terrorismo, aunque me consta que ganas de dar un puñetazo en la mesa no han faltado. Pero hay que reconocer que Mariano Rajoy ha sido todo lo exquisito que se le puede pedir que sea, a diferencia del primer responsable del Estado español en Cataluña, es decir, el señor Puigdemont, que en cuanto ha podido ha utilizado el atentado en beneficio propio y de su 'procés'.

Y esta ha sido la raíz del problema: Cataluña lleva tiempo queriendo actuar como estado propio, y eso implicaba una ‘desconexión’ informativa entre los Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado. De no haberse producido esa ‘desconexión’, según reconocen fuentes muy solventes de la lucha contra el terrorismo, el tufo que desprendía toda la preparación del atentado desde hace un año ya hubiera alertado a los servicios de información, que enseguida hubieran investigado, al igual que han hecho en otras ocasiones en las que se han desarticulado células mucho menos avanzadas en su composición y preparación que esta.

Estas mismas fuentes me dicen que si la Guardia Civil hubiese podido entrar en la casa de Alcanar, lo más probable es que se hubiese elevado al máximo el nivel interno de alerta antiterrorista, porque había indicios más que suficientes de que aquello no era un simple accidente. ¿Se pudo haber evitado? Es imposible decirlo con un cien por cien de seguridad, pero probablemente sí. Por eso la actuación de las autoridades catalanas es de una inmoralidad absoluta, repartiendo medallas inmerecidas y buscando el reconocimiento internacional a una labor que solo puede calificarse de penosa. Que el Gobierno, llevado por un honroso ejercicio de responsabilidad, calle, no significa que los demás tengamos que hacerlo.