El Confidencial no acostumbra a publicar editoriales.

Nuestra misión no es adoctrinar a los lectores, sino ofrecerles información veraz y abrir nuestras páginas de opinión a todos los puntos de vista. Esa diversidad es un reflejo de nosotros mismos: un periódico plural hacia fuera porque también lo es por dentro.

Publicamos hoy este editorial con carácter excepcional porque excepcional es la situación que atraviesa España. No estamos colectivamente comprometidos con ninguna posición ideológica o partidaria, pero sí lo estamos con la democracia como sistema de gobierno, con la Constitución como marco jurídico legítimo y con la ley como único instrumento que garantiza a la vez la libertad y la convivencia. Cuando esos valores se ponen en peligro, nuestro deber cívico es salir en su defensa.

Los propósitos de la Constitución de 1978 se exponen en su preámbulo. El texto constitucional se constituye en garantía “de la convivencia democrática” conforme a un “orden económico y social justo”, consolida un “Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, protege a “todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, sus tradiciones, lenguas e instituciones”, promueve “el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” y establece “una sociedad democrática avanzada”.

Nunca antes en la historia de nuestro constitucionalismo, los españoles hemos dispuesto de un texto legal del máximo rango con tan ambiciosos objetivos, muchos de los cuales se han ido haciendo realidad durante estos casi cuarenta años de su vigencia. No puede extrañar, por lo tanto, que los ciudadanos de Cataluña acudiesen masivamente —más que en ningún otro territorio— a votar afirmativamente la Constitución después de que el Gobierno de Adolfo Suárez propiciara el regreso a España del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas.

Cumplir o incumplir la Ley no es una opción válida. En una democracia, la Ley primero se cumple y después, si no gusta, se intenta cambiar

El desafío de la Constitución no consistía solo en instaurar un régimen de libertades sino también, y muy prioritariamente, en reconocer la diversidad territorial de España, amparando para ello el derecho a la autonomía de sus “nacionalidades y regiones”. Nuestro país es hoy un Estado descentralizado con niveles de transferencia de poder a las comunidades autónomas por encima de los estándares de los federales; y las disfunciones que se han producido, especialmente en el orden financiero y competencial, responden a la enorme complejidad que comporta el desarrollo de lo que denominamos 'bloque de constitucionalidad', en el que se inscriben los Estatutos de Autonomía.

Sean cuales fueren los agravios que algunas fuerzas políticas puedan esgrimir respecto del tratamiento que el Estado haya dispensado a Cataluña, lo cierto es que jamás en su historia la nacionalidad catalana dispuso de un mayor nivel de autogobierno y de un más completo reconocimiento político, social y legal a los principales factores de su identidad: su lengua, su cultura y sus instituciones.

La aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley del referéndum —prevista para el próximo 1 de octubre— y de la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República constituye, en el primer caso, una infracción constitucional flagrante, y, en el segundo, un intento derogatorio de la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, que habría entrado así en un limbo jurídico-político delimitado por unas normas de carácter autocrático y fuera de los márgenes de aceptación de cualquier democracia liberal. Se trata, en consecuencia, de unos hechos gravísimos que merecen la respuesta legal del Estado, articulada de tal manera que, siendo proporcional, serena e inteligente, no renuncie a la eficacia, es decir, a reponer la legalidad infringida y restablecer la plena vigencia de la Constitución y del Estatuto en Cataluña.

Solo cabe alinearse con la Constitución, secundar al Gobierno, reclamar unidad de acción a los partidos políticos y restablecer en Cataluña los principios de libertad, justicia y seguridad

Todos los regímenes autoritarios y dictatoriales han basado sus discursos falsamente democráticos en la bifurcación entre legalidad y legitimidad. No la hay: en la democracia, lo legal es lo legítimo y solo son legítimas las decisiones que la ley ampara. La legitimidad de las instituciones catalanas procede de la Constitución y del Estatuto, por lo que esta pretensión destituyente resulta inaceptable para el conjunto de España y, en particular, para la fracturada sociedad catalana, que jamás ha mandatado a sus autoridades para perpetrar el desafuero que se cometió en el Parlamento catalán los pasados días 6 y 7 de septiembre.

En la democracia española puede defenderse libremente cualquier idea sobre la organización territorial del país, el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña o la reforma del marco legal existente. De hecho, este diario ha acogido todo el abanico de las opiniones de nuestros articulistas y lectores, sin otra restricción que el respeto a las personas. Pero cumplir o incumplir la ley no es una opción válida. En una democracia, la ley primero se cumple y después, si no gusta, se intenta cambiar. Cuando se pretende invertir el orden y poner los hechos consumados por delante del derecho, ya no estamos en democracia. Y si esa obligación de cumplir la ley se nos aplica a todos los ciudadanos, con más razón debe exigirse a las instituciones y a sus responsables.

Como ha dicho el presidente del Gobierno, el Estado no ha de renunciar a ningún medio en defensa de su integridad en la seguridad de que lo ha de utilizar como respuesta siempre coherente a la gravedad de los acontecimientos. Se trata la actual de una crisis de Estado y en estas circunstancias solo cabe un comportamiento ciudadano individual y colectivo: alinearse con la Constitución, secundar al Gobierno, reclamar unidad de acción a los partidos políticos y restablecer en Cataluña los principios que nuestra Constitución allí vulnerada proclama: libertad, justicia y seguridad. Y todo esto debe hacerse sin dilaciones.