El Rey Juan Carlos marca distancias con su amigo Alberto Alcocer

El pasado 4 de enero se cumplieron 20 años desde que los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los Albertos, cometieran la que sin duda ha sido más grave equivocación de su vida: engañar a sus socios de Urbanor (el arquitecto valenciano Pedro Sentieri y la familia San Martín, dueños de la constructora del mismo nombre) con el precio de los terrenos de la Plaza de Castilla, donde hoy se levantan las torres KIO, vendidos al grupo kuwaití. Los primos volvieron de Londres, donde se firmó la operación, contando a los minoritarios que la cifra final acordada con KIO había sido de 150.000 pesetas metro cuadrado, cuando en realidad ellos habían cobrado a razón de 231.000 pesetas metro cuadrado.

El 29 de diciembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria contra los primos, ratificada por el Tribunal Supremo el 14 de marzo de 2003, que les impuso tres años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, cometidos contra los accionistas minoritarios de Urbanor. Desde entonces, y ya ha llovido, los perjudicados han cobrado el 40% de la deuda reconocida por los tribunales de justicia, porcentaje que corresponde al principal de la misma, pero ni un euro de los intereses devengados desde la fecha de la estafa, equivalentes grosso modo al 60% de la cifra total.

Más grave aún. Resulta que los primos plantearon recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando que los delitos habían prescrito, y ocurre que el Alto Tribunal a fecha de hoy no ha dicho ni mu, no se ha pronunciado, y si no lo hiciera, que todo apunta a que no lo hará, antes del próximo 14 de marzo, las penas –que no la condena- prescribirían de forma automática, con lo que los Albertos se librarían de ir a la cárcel, aunque seguirían obligados a resarcir a sus antiguos socios en la totalidad de la sanción económica que les fue impuesta. Conviene aclarar, en todo caso, que la jurisprudencia al respecto no está del todo clara, puesto que esa prescripción depende de la interpretación, laxa o estricta, que se haga del art. 133 del Código Penal.

De lo que no cabe duda es de que Alcocer y Cortina han estado jugando en los últimos tiempos la carta de dilatar al máximo el proceso, una vez quedó claro que sus esperanzas de lograr un pronunciamiento favorable –que todos los años parecía estar a un punto de caramelo justo antes de la Navidad y antes de las vacaciones de verano- del TC eran infundadas, a pesar de contar a su favor con la capacidad de gestión y de encantamiento del mismísimo Rey de España, íntimo amigo de cacerías varias de Alcocer. Para su desgracia, el caso Albertos se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en una bomba de relojería, piedra de escándalo para el Constitucional y, por extensión, para el propio Rey, dada la notoriedad de aquella relación de amistad.

De modo que en los últimos dos años, claramente a lo largo de 2007, los primos se convencieron de la necesidad de cambiar de estrategia y, en lugar de empujar de cara a un pronunciamiento favorable, han dedicado sus esfuerzos a lograr que el caso durmiera el sueño de los justos en las sentinas del TC, que ya se sabe lo fácil que resulta que un dossier que llega arriba en una montaña de papeles retorne de nuevo abajo, siempre que una mano amiga se ocupe de colocarlo otra vez el último de la fila.

Y es que para muchos no ha pasado desapercibido el cambio operado en el favor real con respecto al amigo Alcocer. Alguna gente cercana a los primos asegura que el Rey ha terminado por “esconderse” discretamente en el caso, peor aún, sugieren incluso que podría haber remado en contra, temeroso del escándalo que un pronunciamiento del TC favorable a los Albertos pudiera haber supuesto para su deteriorado prestigio en el annus horribilis por el que ha atravesado la Corona, con los radicales quemando impunemente su retrato en calles y plazas.

Lo cual explicaría que esta temporada al Monarca prácticamente no se le haya visto tirando de escopeta por la finca de Alcocer en El Avellanar (Ciudad Real), metido como está de lleno en plena, y aparentemente exitosa, campaña de recuperación de imagen, en la que participa activamente el Príncipe Felipe. A los intereses de los Albertos, con todo, les ha hecho muchísimo daño el asunto de la carta falsa con la que sus asesores, dignos de despido fulminante sin indemnización, pretendieron haber descubierto una supuesta confabulación de Sentieri y San Martín para incriminarles, en la cual vendrían a reconocer que sabían de la existencia de dos precios distintos en la venta de los terrenos de Urbanor. Ni al que asó la manteca.

La Audiencia Provincial de Madrid acabó días atrás con la farsa de la supuesta carta, de modo que Cortina y Alcocer, junto con sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, se sentarán de nuevo en el banquillo acusados de intentar colar por buena ante los tribunales una mercancía averiada. Se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal. Y cuentan que el 1 de febrero, fecha de pronunciamiento de la Audiencia, la atmósfera que reinaba entre las hijas de Alcocer y los hijos de Cortina, fruto de sus respectivos matrimonios con Esther y Alicia Koplowitz, se resumía en una palabra: desolación.