El ‘caso Hidalgo’ de los notarios de Marbella amenaza las aspiraciones del ‘obispable’ Fernando Cruz Conde

El matrimonio es algo muy pegajoso. Pero la consanguinidad lo es más. O si no, que se lo pregunten a Don Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil, sacerdote, miembro de una de las seis dignidades del Cabildo de la Catedral de Córdoba y alto directivo de CajaSur. Tan alto directivo, que su nombre se barajó como presidenciable de la caja de ahorros cordobesa. Pero el estallido del misterioso Caso Hidalgo de los notarios en Marbella contribuyó a que Don Fernando no consiguiera el cargo. Hoy, la reactivación del caso no ayuda nada para que, como se rumorea, Cruz Conde sustituya, siquiera interinamente, al obispo de Córdoba saliente, Juan José Asenjo. El ilustre apellido Cruz Conde le estigmatiza. Veamos por qué.

El Caso Hidalgo es una de las tantas operaciones judiciales que investigan la corrupción y el blanqueo de capitales en el tramo de costa que va de Málaga a Gibraltar, entre las que se encuentran Ballena Blanca, Malaya y Astapa. Pero Hidalgo es especial, porque se centra en la necesaria cooperación de los notarios en toda trama de corrupción urbanística y blanqueo de capitales que se precie. Es especial, porque este caso ha apartado cautelarmente de su carrera a su primer juez instructor, Francisco de Urquía, por culpa de un extraño capítulo trufado de mafiosos. Es especial, porque la operación ya va por su quinto juez instructor. Pero sobre todo, Hidalgo es especial, porque pisa los callos de personas demasiado influyentes en este país, cuyos tentáculos trascienden nuestras fronteras. Una de esas personas es, precisamente, el hermano de Don Fernando, Don Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil, en cuyo despacho de abogados se sitúa el epicentro del caso.

La juez María Jesús del Pilar Márquez, quinta instructora de Hidalgo, ha decidido volver a imputar a cuatro notarios, Joaquín María Crespo, Mauricio Pardo, Amelia Bergillos y Manuel Tejuca, cuyos cargos fueron retirados por el efímero Manuel Martín Hernández-Carrillo. Esta decisión implica una investigación más profunda de las 800 sociedades creadas por el despacho de abogados Cruz-Conde, bufete que la policía vincula al blanqueo de capitales. Como no podía ser de otro modo, los respetables notarios se han apresurado a recurrir la imputación ante la Audiencia Provincial de Málaga. La nueva instructora también ha modificado la situación de dos familiares de los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzmán de la Calle y de tres empleados de los despachos investigados. Sus cargos, que habían sido archivados de forma definitiva, han pasado a sobreseimiento provisional.

Además, la juez ha ordenado detener al importante promotor alemán afincado en la Costa del Sol Jürgen Sauer, cofundador del Hotel Kempinski de Estepona y propietario de la inmobiliaria Sauer. Está acusado de blanqueo de capitales y quedó en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros, según fuentes judiciales. Su empresa promueve complejos en distintos puntos del país y cuenta con una larga trayectoria en Alemania, Canadá, Estados Unidos y Polonia.

Don Fernando Cruz Conde, el obispable, el directivo de CajaSur, tiene motivos para preocuparse cada vez que su hermano Rafael sale a la palestra por culpa del despacho que lleva su apellido. No en vano, fue el propio Fernando Cruz Conde, el sacerdote, el encargado de fundarlo en Marbella. Según fuentes cordobesas bien informadas, “Fernando Cruz Conde es un hombre docto, con formación de abogado y amplios conocimientos económicos. Su pasado es muy distinto de su presente. Fernando pasó de viajar a Niza en su Jaguar a entrar en la Iglesia e irse de misiones a la India. Lo que está claro es que su cuna se le nota”.