Amenazas en la consejería: "Cuidado, la zorra en el gallinero mira la que te puede montar"

Ocho trabajadores de la subdirección general de Voluntariado, Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa de la Comunidad de Madrid han presentado oficialmente un escrito de queja ante el consejero del ramo, Carlos Izquierdo, relatando las amenazas de la que es su jefa, Pilar Renes Iruarrizaga, que también dirige la Oficina de Atención al Refugiado de Madrid. El sindicato CSIF ha pedido a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y al consejero Izquierdo que destituyan "inmediatamente" a Renes por el "tono ofensivo e injurioso" de sus palabras. La Consejería de Políticas Sociales y Familia ha abierto "un proceso de información reservada" (una investigación interna) para esclarecer si realmente se han producido las amenazas. "Si de la misma resulta la comisión de alguna infracción, se incoará el correspondiente expediente disciplinario y las decisiones oportunas", señalan desde la consejería.

Las presuntas amenazas se produjeron el pasado 18 de enero, después de que la consejería recibiera un anónimo a través de un correo electrónico que denunciaba la comisión de un delito de malversación de fondos públicos en la Dirección General de Servicios Sociales, que al parecer implican al director, Pablo Gómez-Tavira, y a Pilar Renes. En ese anónimo, se aludía como testigos que conocían los delitos que se denunciaban a dos jefes de área, seis técnicos y tres auxiliares. Renes decidió entonces convocar a los trabajadores de su departamento en la sede de la subdirección, en el número 4 de la calle Jardines. Renes escribió un correo a todo su personal recalcando que la cita era obligatoria y que debían cancelar cualquier reunión que tuvieran programada para poder asistir.

En esa reunión, Pilar Renes, según los trabajadores, informó de la llegada del anónimo, que se negó a leer, y aseguró que los documentos que le acompañaban habían sido extraídos de "una carpeta virtual" a la que solo tiene acceso personal de la subdirección general. "Pilar Renes nos informa que se ha pedido a las más altas instancias de la comunidad que se investigue el envío de ese anónimo, que estamos todos sometidos a una investigación, y que las operaciones llevadas a cabo desde los ordenadores de nuestros puestos de trabajo van a ser revisados por la Agencia para la Administración Digital con la finalidad de encontrar a la persona o personas que hayan podido enviar ese escrito y las pruebas", reza la carta de los trabajadores.

Comienzan entonces las amenazas, que los trabajadores citan textualmente: "En lo que me resta de vida, lo juro por la salud de mi hijo que es lo que más me importa en esta vida, voy a perseguir a esta persona, y si no puedo probar de manera fehaciente para poder llevarla al juzgado, sí que cada vez que quiera concursar la voy a machacar con este escrito diciendo 'cuidadito, que la zorra en el gallinero mira la que te puede montar', y eso lo juro por la salud de mi hijo que lo voy a hacer". CSIF denuncia que Renes da por sentado que el anónimo ha sido enviado por algún trabajador, y que lo más coherente habría sido investigar si realmente se cometieron las irregularidades relatadas en el anónimo, no perseguir a quien lo envió.

"Valoraré o no el perdonarle la vida"

A partir de ahí, siempre según la versión de los ocho trabajadores presentes, la subdirectora siguió con su retahíla de amenazas: "Soy muy buena amiga de mis amigos y, con la misma pasión, soy muy mala enemiga"; "a título personal me voy a encargar de arruinarle la vida administrativa"; "lo siento si alguien ha ayudado o copiado, porque también le toca pringar"; "se me tiene que arrastrar y pedirme perdón públicamente la persona". Para concluir, remató: "Valoraré o no el perdonarle la vida", en alusión al trabajador que según ella ha enviado el anónimo.

Los trabajadores consideran, al igual que CSIF, que los hechos relatados y el agresivo vocabulario utilizado por Renes son "amenazantes, insultantes, intimidatorios y abusivos", y han creado "un malestar general, una sensación de miedo y persecución, un ambiente de mucha tensión entre los trabajadores". El escrito de los funcionarios finaliza preguntándose si se está investigando o no el contenido de una denuncia anónima que no se hizo pública. Un portavoz de la consejería señala: "Nos vamos a reunir con los sindicatos próximamente para explicarles qué estamos haciendo desde la consejería".