El mal ambiente se instala en la defensa de España en los arbitrajes renovables

Es la mayor batalla legal que afronta España. Son 7.500 millones en reclamaciones por los sucesivos recortes a las renovables que se juegan en Estocolmo, con la Justicia Europea como invitada de última hora a favor de España. Los fondos internacionales que reclaman su parte del pastel van armados con grandes equipos de abogados y peritos. Enfrente tienen a la Abogacía del Estado, que ha logrado sonoras victorias, pero en un equipo en el que, según cuentan a este confidente tres fuentes del sector, crece la tensión, especialmente por la mala relación entre la cabeza de la abogacía y la inspección de Hacienda, encargada de los números.

Cuando España comenzó a recibir las primeras reclamaciones internacionales, el Ministerio de Justicia externalizó el servicio y contrató al bufete Herbert Smith, que se llevó los primeros dos casos y contaba con un negocio mucho mayor. Cuando el goteo de pleitos se convirtió en alud, y con el cambio de Gobierno, el Ejecutivo decidió formar en Canadá a un equipo de la Abogacía del Estado. Nadie duda de su valía —de hecho, muchos de los fondos han contratado en España a abogados del Estado en excedencia—, pero en los últimos tiempos en la defensa de España se ha instalado la tensión.

España externalizó la defensa en un primer momento. Luego formó abogados del Estado

Cuentan que el abogado del Estado que lidera el grupo, Diego Santacruz, apenas se habla con Antolín Fernández, el inspector de Hacienda asignado al caso. A los recelos entre altos cuerpos de la Administración se suma una diferencia a la hora de entender el caso. El primero se encarga de toda la parte legal —ha obtenido un gran respaldo con una reciente sentencia europea que tumba este tipo de arbitrajes entre estados de la UE—. El segundo, de analizar los números e intentar desmontar las reclamaciones de los fondos —que tienden a engordar sus estimaciones de lucro cesante—, pero llega a intervenir en los interrogatorios de la parte contraria, su papel no se reserva a los números.

A la tensión se suma la falta de medios. Mientras los contrincantes viajan a Ginebra, París o Londres —estos no son tribunales al uso— en 'business', los abogados del Estado tienen que procurar salir de Madrid incluso con las fotocopias hechas por falta de medios en esas ciudades. Cuando alguien les pide cuentas, responden que bastante están haciendo. España ha ganado dos arbitrajes y perdido dos pero, sobre todo, ha logrado el respaldo de la Justicia europea y de la Comisión. Hay partida para rato.