Los tres primeros alcaldes madrileños que pisan banquillo esta legislatura: PP 2, PSOE 1

A punto de finalizar esta legislatura política, tres alcaldes madrileños han pisado o pisarán banquillo por distintos procedimientos judiciales abiertos contra ellos. Dos del PP y uno del PSOE. Uno de ellos ya ha sido incluso condenado a dos años de prisión por usurpación de cargo público. Se trata de José Ramón Regueiras, regidor popular del pequeño municipio de Hoyo de Manzanares. Los otros dos tiene un horizonte judicial lleno de nubarrones, ya que se ha decretado la apertura de juicio oral contra ellos. Se trata del alcalde de Torrejón de la Calzada, del PP, y el de Alcalá de Henares, del PSOE.

Vamos por partes. El pasado 28 de septiembre, el juzgado de lo penal número 11 de Madrid condenó al alcalde de Hoyo a dos años de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas y a una multa por otro delito de desobediencia. Como ya publicó El Confidencial, José Ramón Regueiras García se convirtió en alcalde gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica. El caso que ha llevado a su condena es insólito. Todo ocurrió durante la legislatura 2007-2011, cuando el ahora alcalde ya condenado del PP era concejal del Partido Independiente Popular de Hoyo.

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El regidor era entonces el popular Antonio Antolínez Sousa, que gobernaba en minoría. El 18 de enero de 2008, Regueiras consiguió el apoyo de los ediles del PSOE y de IU para presentar una moción de censura, expulsar a Antolínez y hacerse él con la alcaldía. La moción se voto el día 28 de enero, pero una de las concejalas independientes del partido de Regueiras se equivocó y votó en contra de la moción. El secretario municipal proclamó que la moción no había obtenido la mayoría absoluta y que por tanto no había prosperado. Pero Regueiras movió ficha inmediatamente. Presentó un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno que había tumbado su moción. El recurso se votó el 10 de marzo de 2008 y, esta vez sí, se votó a favor de corregir "el vicio contenido de la voluntad real" de la concejala que se había equivocado.

Hubo un nuevo recuento de votos y en el mismo pleno se acordó proclamar alcalde a Regueiras, una decisión que fue avalada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 14, que entendió que cuando la edil se equivocó al votar se había conculcado su derecho fundamental. El 22 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia del juzgado 14 y alegó todo lo contrario: no se había infringido ningún derecho y los votos del primer pleno, aquel en que la edil independiente se equivocó, tenían "plena validez y eficacia". La sentencia fue notificada al ayuntamiento el 5 de noviembre de 2009. Según la Fiscalía, era una sentencia "firme y ejecutiva" que obligaba a Regueiras a devolver la alcaldía a Antolínez. Nunca lo hizo.

Desguaces La Torre

El segundo caso implica al alcalde popular de Torrejón de la Calzada, Eusebio García. El pasado 1 de octubre, el juzgado número 1 de Valdemoro solicitó la apertura de juicio oral en la causa que sigue contra él por las obras de ampliación de Desguaces La Torre. "Desde el 13 de junio de 2011 hasta el mes de febrero de 2017, pese a tener conocimiento de sus deberes y de las prescripciones legales, dilató conscientemente la incoación y tramitación de expedientes administrativos con el fin de beneficiar el proyecto desarrollado ilegalmente por la empresa Desguaces La Torre en Torrejón de la Calzada consistente en la realización de grandes movimientos de tierras y edificaciones sin contar con licencia para ello, en suelo protegido y con naturaleza ilegalizable según la normativa urbanística vigente en el municipio", señala el auto.

García está acusado de prevaricación por permitir las obras ilegales del mayor empresario del municipio. "Pese a los requerimientos realizados de forma reiterada por los vecinos afectados, por el grupo municipal GLITC y por la Comunidad de Madrid para que diera cumplimiento a las previsiones legales mediante la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad con la medida cautelar de suspensión de las obras, precintando las mismas, retirada de material y, en su caso, demolición de las obras a costa del responsable, Eusebio García no ejecutó tales pretensiones, permitiendo de este modo que avanzaran y se consolidaran las actuaciones, pese a tener conocimiento de su ilegalidad".

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El último en sumarse a esta lista ha sido el alcalde socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. Como adelantó el diario 'ABC', el juzgado de instrucción número 6 de esta localidad madrileña ha acordado procesar al regidor por convocar un pleno por la vía de urgencia sin justificar, sabiendo que no podían asistir dos ediles del PP, señalando que existen "indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal" por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución. Rodríguez fue denunciado por programar ese pleno (donde se iban a aprobar los Presupuestos de 2016) por la vía de urgencia, de un día para otro y a sabiendas de que dos concejales de la oposición no podían acudir por encontrarse fuera de España.

En el auto, fechado el pasado 8 de octubre, el juzgado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento y supone el paso previo a la apertura del juicio oral.